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uando la asamblea reformadora consagre hoy, con el juramento de práctica, la nueva Constitución de Corrientes, se desatará la controversia por un artículo que, según el gobierno correntino, afectará la propiedad privada por cuanto restringirá a ciudadanos extranjeros la adquisición de inmuebles en territorio provincial. Convencionales de distintos partidos y del oficialismo aprobaron la propuesta con 21 votos contra 15, en medio de una fractura de la alianza gobernante Frente de Todos y con el respaldo pleno del kirchnerista Frente Social para la Victoria, que durante la campaña electoral había alzado las banderas de la distribución equitativa de las tierras productivas, encabezada por su primer candidato, el sacerdote José Luis Niella. El del presbítero fue uno de los votos a favor que obtuvo la controvertida reforma, junto con los otros ocho miembros del Frente Social, el comunismo, el PJ y hasta de la propia presidenta de la convención, la liberal oficialista Josefina Meabe de Mathó. "Estamos en un momento de carencia de recursos esenciales, como el agua, y es necesario tomar medidas precautorias para que las riquezas de nuestra provincia no caigan en las manos equivocadas", sostuvo Meabe, aliada del oficialismo, pero que esta vez votó un proyecto opositor. El gobernador Arturo Colombi, que además es convencional, faltó a esa sesión y no opinó respecto de los polémicos cambios, pero sus asesores jurídicos Armando Aquino Britos y Mario Midón advirtieron que son inconstitucionales, pues vulneran principios como la propiedad privada y el libre albedrío de los ciudadanos. Los artículos votados, que entrarán en vigencia una vez jurada la nueva Carta Magna, señalan: "Los ríos, sus cauces y riberas internas, el aire, las ruinas arqueológicas y paleontológicas de interés científico que existen en el territorio, los recursos minerales [así como] los hidrocarburos, la biodiversidad ambiental, el Acuífero Guaraní en la extensión comprendida dentro del territorio de la provincia de Corrientes y las tierras fiscales ubicadas en la reserva del Iberá son de dominio público del Estado provincial". El fragmento más polémico aparece en el siguiente apartado, el artículo 13 del despacho aprobado, que señala: "Los extranjeros sin residencia permanente, las sociedades conformadas por ciudadanos o capitales foráneos y las sociedades sin autorización para funcionar en el país, no pueden adquirir inmuebles en las zonas determinadas en el párrafo precedente (zonas de seguridad o estratégicas), con excepción de los extranjeros que acrediten residencia legal conforme a la ley". Aquino Britos advirtió que esta redacción permite que "cualquier ciudadano extranjero que intente invertir en compra de tierras en la provincia pueda acudir a la Justicia con un recurso de inconstitucionalidad". (Fuente: La Nación)