Martes 12 de junio de 2007
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Paraná
Intiman al municipio para que pague casi 3 millones por el SEO
Según el detalle que aparece en la nota presentada al presidente municipal el 5 de junio, la deuda se compone así: capital (962.793,20) más intereses, el número asciende a 2.601.502,75 pesos.
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E

l 5 de junio pasado ingresó a Mesa de Entrada de la Municipalidad de Paraná una nota dirigida al intendente Julio Solanas mediante la cual el representante legal de la empresa Dakota SA, responsable de la implementación del Servicio de Estacionamiento Medido (SEO) en la ciudad, informa el detalle del monto que la firma reclama en concepto de un juicio iniciado contra la Comuna y que tuvo fallo favorable para los privados en uno de los cuatro conceptos planteados. Así, la cifra total exigida que aparece en la nota es de 2.977.565,01 pesos y otorga un plazo de 10 días para que el Municipio concrete el pago por “la vía conciliatoria”, consigna el escrito. De lo contrario, se advierte que si se inicia la ejecución judicial de la sentencia el monto variará en alrededor de un 15 %. El escrito dirigido a Solanas ingresó a la Comuna un día después que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolviera aprobar la planilla de liquidación por un total de 2.527.161,53 pesos y regula los honorarios de los abogados actuantes. La cédula con esta información ingresó a la Comuna el 6 de junio y esa es la información que había llegado a la manos del fiscal de Estado municipal, Martín Uranga, quien informó que se está analizando el tema. De todas formas, el funcionario reconoció que la exigencia del pago por parte de la empresa es una obligación que el Municipio deberá hacer frente, aunque recordó que todavía queda una posibilidad en pie: que la Corte Suprema de Justicia de la Nación atienda un recurso de queja presentado por la Comuna a principios de este año, tras el rechazo en diciembre de 2006 del STJ a un recurso extraordinario interpuesto por la Comuna ante la sentencia emitida a favor de Dakota en marzo del año pasado. Si bien el recurso de queja no tiene carácter suspensivo de la ejecución de la sentencia, abre algunas alternativas, explicó Uranga. Pero la Corte todavía no se ha expedido, mientras tanto corren los tiempos. REPASO La historia del SEO en la ciudad arranca en abril de 1998, cuando la empresa Dakota firma el contrato con la Municipalidad de Paraná con el fin de implementar un sistema tendiente a ordenar el tránsito. Pero el proyecto terminó mal. El sistema cosechaba una andanada de reclamos de parte de los automovilistas y la empresa trajo más de un dolor de cabeza, pues recurrió a la justicia con una serie de demandas contra la Comuna y terminó yéndose, antes de tiempo, en junio de 2002. Por entonces, informaba Uranga en marzo de este año que “se rescinde unilateralmente el contrato por parte de la empresa y se inicia simultáneamente un juicio”. La demanda contenía cuatro conceptos que, de acuerdo a Dakota, habían afectado la ecuación económica de su actividad. De esos cuatros aspectos, prosperó sólo uno y fue el que puso en tela de juicio la “idoneidad del personal municipal” que trabajaba en la implementación del SEO. Por esa cuestión, se le atribuyó “responsabilidad exclusiva” a la Comuna y prosperó el planteo judicial a favor de los privados. Así, el STJ emitió sentencia firme obligando a la Comuna a pagar la cifra de 962.793,20 pesos, que con costas y intereses desde 1999 se la cifra se triplicaría. Según se informó en esa oportunidad, las quejas de la empresa habían empezaron en la vía administrativa en 1999, es decir un año después de que comenzara la relación contractual. Ya agotada esa vía, se inició la etapa judicial. A fines de 2003, ya había culminado la instancia de los alegatos, de acuerdo a la cronología detallada por funcionarios del actual gobierno. Luego, el caso entró en una meseta, debido al extravío de carpetas con documentación probatoria, hasta marzo de 2006, cuando el STJ se expidió. Seguidamente, la Fiscalía de Estado presentó un recurso extraordinario ante el STJ, que fue denegado en diciembre pasado, y el 2 de febrero último elevó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso de que esta última medida avance y se revoque la sentencia, Uranga dijo que se exigirá una “garantía de caución” para poder recuperar los fondos abonados. (Fuente: El Diario)
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