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ubo encuentros con organizaciones no gubernamentales, seminarios internacionales vinculados al tema, profesionales trabajando en la redacción de un texto en el marco del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas (Decreto Nº 1925). El presidente de la Comisión de Legislación General, Mariano López, explicó que las demoras obedecieron a “la campaña que se cruzó en el medio”. El legislador justicialista anticipó, de todos modos, que se prepara un dictamen para pronto tratamiento. Finalmente, la Oficina Anticorrupción presentó el borrador a la Fiscalía de Estado y al gobernador Jorge Busti. Y la Cámara alta le dio ingreso el 8 de noviembre de 2006 aunque hasta el momento no ha pasado nada en el debate de los legisladores. Sí puso manos a la obra un grupo de asesores que “haría algunos cambios al proyecto del Ejecutivo, pero cuestiones menores que no cambian el espíritu de la norma”, según lo expresó el senador Mariano López, presidente de la Comisión de Legislación General, a la que fue girada la iniciativa, según informó Página Política. López reconoció que no ha suscitado demasiado interés ni polémica el texto del proyecto entre sus pares. Agregó que “la campaña se cruzó en el medio” con las elecciones del 18 de marzo y aseguró que la fiscal de Estado, Claudia Mizawak consultó más de una vez acerca de los avances en el tratamiento. “Casi nada se va a cambiar. Pero justamente la semana pasada estuvieron trabajando muchísimo los asesores de la cámara y tenían previsto promover algunos mínimos retoques”, abundó López que no dio detalles de los cambios a propiciar. El legislador justicialista de Colón, de todos modos, explicó que “no para esta sesión, pero tal vez para la próxima (en algo más de 15 días) ya esté elaborado y firmado el dictamen de comisión para ser tratado en el recinto”, pronosticó. Declaraciones juradas El capítulo III del proyecto es uno de los centrales de la iniciativa. Es que actualiza el Régimen de Declaraciones Juradas de Bienes para los funcionarios de los tres poderes, estableciendo claramente la publicidad de las mismas, contra el sistema vigente. Hoy por hoy, y según lo prescribe una ley vetusta de 1957, los funcionarios presentan una declaración jurada de bienes, documento que se guarda, en sobre lacrado, sobre que sólo será abierto si una orden judicial así lo dispone. El proyecto en comisión estipula que el registro de los bienes debe presentarse dentro de los 45 días hábiles a partir de la asunción en el cargo. Deberá actualizarse anualmente y en el plazo de 45 días posteriores al cese en la función. Respecto de la publicidad de la declaración jurada se establece que se publicará “anualmente en el Boletín Oficial y en la página web del Estado provincial, la nómina de declaraciones juradas presentadas y el listado de incumplidores”, información que será actualizada paulatinamente. Los documentos podrán ser consultados por cualquier ciudadano, a través de una nota formal que de cuenta del destino de la información requerida. (Fuente: Cronista Digital)