E

l día después de que la Legislatura hubiera declarado la necesidad de reformar la Constitución se producía la primera autopostulación: el vocal del STJ, doctor Emilio Castrillón, buscó la forma de que todo el mundo se enterara de que pretendía ser convencional. El debate se disparó en sentidos diversos, lo que se entenderá si se añade que los medios de comunicación no dejaban de titular con pormenores de la irrupción del doctor Castrillón como conductor de un programa radiofónico, parcial, claramente afecto a uno de los sectores contendientes, desde donde se hizo la cobertura del escrutinio provisorio, el domingo 18 de marzo. El telón de fondo, la discusión central, escamoteada por momentos, es si un vocal del Superior Tribunal de Justicia puede ser convencional, no sólo legalmente, si es correcto en definitivas o procedente, si pueden darse por suspendidas sus funciones judiciales para participar temporalmente de la tarea proselitista y luego de la de introducir reformas al texto constitucional, para regresar a la función tribunalicia apenas culminare la labor legislativa, como si nada. Es ciertamente controversial el asunto. Se acepta que la Constitución refiere a incompatibilidades generales y, en otro tramo, más específico, el convencional redacta el párrafo de otro modo, al consignar expresamente los cargos que inhabilitarían a los ciudadanos para ser convencionales: gobernador y vice, intendentes, ministros y jefe de Policía. Entonces, atento a esta última escritura, los jueces estarían habilitados sencillamente porque no les es taxativamente prohibido. El caso es que el régimen electoral vigente se sustenta en los partidos, inexorablemente, es decir, nadie puede ser candidato por fuera de un partido legalmente reconocido. O, al revés, para ser candidato se debe ser afiliado a un partido o al menos, si hubiera una alianza, participar activamente en un partido, desde la conformación de listas, la disputa de internas si fuere necesario y demás. Y esa actividad sí que está explícitamente vedada para los magistrados. El límite encuentra fundamento en el sentido común: hipotéticamente, un juez o vocal del STJ se deberá subir a una tribuna, compartir el escenario con autoridades del Ejecutivo y representantes del Legislativo por un partido o frente, ser parte de una competencia franca, acaso circunstancialmente virulenta, con exponentes de otras fuerzas, contradecirlos, producirles reproches u observaciones, y luego, con todas aquellas fotos públicas en el archivo, acaso sea en vano que pretenda regresar a desarrollar una función que el imaginario social ubica por fuera de las contingencias comiteriles, independientemente de lo que efectivamente acontezca en la realidad. Aseguran que el asunto fue planteado y discutido en reuniones donde estuvo presente el doctor Busti, que en esas charlas se expusieron las “dos bibliotecas” y que el Gobernador, por fuera de toda polémica y consideración pretendidamente académica, se pronunció incólume contra la posibilidad de que un vocal del STJ integre la lista del oficialismo. “El que quiera ser convencional que renuncie”, se le escuchó decir, expeditivo. En aquel momento, todas las miradas confluyeron sobre Castrillón y, por qué no consignarlo, no fueron pocos los que evaluaron que sería un escándalo político que el magistrado decida alejarse del cargo, después de todos los costos que el oficialismo debió pagar antes y después de la nominación. Pero parece que era otro el que se probaba el traje, en silencio. En efecto, el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Miguel Augusto Carlín “si hipotéticamente me llegaran a honrar con tal cargo, debería indefectiblemente pedir la jubilación en el Superior Tribunal de Justicia, porque si bien no es incompatible, éticamente debería estar fuera del Poder Judicial para poder ser convencional constituyente”. Hasta ahora, sólo en charlas privadas el doctor Carlín había comentado que su máxima aspiración era ser constituyente. En concreto, Carlín reconoció en declaraciones periodísticas que “ser convencional pasa por la mente de todo ciudadano entrerriano”, que es una manera educada de confirmar el interés en ser parte de la Asamblea. En rigor, desde hace un tiempo el magistrado está en condiciones de jubilarse y, acaso, esta sea la ocasión propicia para dar por finalizado el trámite. “Tengo años en el derecho penal que me servirían para poder formar parte de una Convención Constituyente”, completó. El tiempo dirá. La probable postulación de Carlín, aparentemente sostenida desde Concepción del Uruguay, su ciudad de origen, abriría un nuevo escenario para movimientos en la terraza del poder: la siempre ansiada vacante en el STJ. (El Diario)