Sábado 16 de junio de 2007
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Política
Quince organizaciones apuntan al gobierno por no atacar la impunidad; los compararon con Blumberg
Quince organizaciones denunciaron la “falta de decisión del gobierno para atacar la impunidad”. "Les digo a los gremios que no se instrumentarán medidas como las que exige Blumberg", se respondió oficialmente.
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E

n conferencia de prensa, afirmaron que se “ha generado un clima de impunidad que facilita el accionar de quienes utilizan la intimidación como forma de dominar a los que consideran sus adversarios”. Dirigentes de distintas entidades tras enunciar un conjunto de hechos de violencia que se produjeron en la provincia y que no han sido esclarecidos, se dirigieron al Gobernador para exigir, en “Entre Ríos, todas las garantías que debe brindar la democracia a sus ciudadanos que sólo puede lograrse si se ataca la impunidad, que es el caldo de cultivo para el accionar de sectores antidemocráticos”. CTA Paraná, Agmer Entre Ríos y seccional Paraná, S.I.Me.Ca, Ammar, Movimiento de trabajadores mercantiles, Apyme, Liga por los derechos del hombre, Contra hegemonía estudiantil, Movimiento universitario de izquierda, Corriente Clasista y Combativa, Afader, AJER, APSM y ATE Nacional son las organizaciones que coincidieron en un documento titulado “Más impunidad menos democracia”. En el escrito se menciona que “en el último año, la sociedad entrerriana se ha visto agredida por distintos hechos de violencia contra profesionales y dirigentes sociales. La falta de investigación de los mismos —continúa— ha generado un clima de impunidad que facilita el accionar de quienes utilizan la intimidación como forma de dominar a los que consideran sus adversarios”. Ubicaron diferentes hechos de los que han sido víctimas distintas personas en Paraná, “en concordancia con la desaparición del compañero Jorge Julio López por el inicio de los juicios por la verdad”. En la enumeración, se alude a los casos de “la Dra. Noemí Berros quien ha mencionado reiteradas amenazas de muerte (que llegaron hasta el envío de una bala en un sobre), la Dra. Marcela Badano cuando era jueza de Instrucción Nº 3, la Agente Fiscal Eliza Zilli. Estos hechos hablan de un claro accionar intimidatorio. Algo similar —consigna— sucedió con la docente María Luz Piérola a la que se le entregó un sobre con el dibujo en un ataúd. Por su parte, la profesora Inés Frasconá recibió llamadas telefónicas con amenazas del mismo tenor”. La enunciación continúa con lo ocurrido el 7 de junio. “En un clima enrarecido fue objeto de disparo de arma de fuego la casa de una militante y dirigente de la conducción electa de ATE, Sonia Palacios, en cuyo interior se encontraba durmiendo toda la familia. El proyectil atravesó la puerta principal de la propiedad y se incrustó en un mueble del comedor diario, sin que milagrosamente, dañara a ninguno de sus moradores”. Un párrafo del escrito, también incluyó lo sucedido a Alejandro Sologuren “con llamadas telefónicas a su celular y al domicilio de sus hijas y la balacera sufrida por Víctor Sartori en su domicilio particular conjuntamente con la rotura del parabrisas del automóvil”. No se excluyó la falta de esclarecimiento de la desaparición de Fernanda Aguirre como así tampoco el “crimen impune de José Daniel Rodríguez, lo cual “habla a las claras de la carencia de una decisión del Gobierno de atacar a la impunidad”. Las organizaciones convocantes recordaron que lo ocurrido fue denunciado ante la Justicia y la Policía de Entre Ríos y, “de acuerdo a los estudios de los peritos, se trató de un disparo dirigido intencionalmente, descartando cualquier teoría de bala perdida o casualidades permanentes”. Frente al panorama descrito, estas 15 entidades además de repudiar las agresiones, reclamaron “una profunda y rápida intervención de las autoridades de la provincia, a fin de evitar la reiteración de sucesos semejantes, que representan un riesgo para la integridad física de la población y la salud de las instituciones democráticas.
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