E

l organismo precisó que el magistrado Jorge Anderson, a cargo del juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 5, falló en favor del planteo formulado por la defensora oficial Silvia Otero Rella. Destacó que la sentencia fue emitida para asegurar la continuidad de la instrucción de la joven en un colegio en el que abona una cuota mensual de 951 pesos, ya que dejó de recibir un subsidio de 300 pesos otorgado por el Consejo del Menor y la Familia. La beneficiaria, internada desde 1983 en el hogar de día Nuestra Escuela, de la Capital, pagó sus estudios con el auxilio económico oficial y fondos de la OSFE, hasta que autoridades nacionales consideraron que el costo debía ser afrontado en forma total por la obra social, según consignó la agencia DyN. El caso llegó a la Justicia porque la OSFE "no estuvo de acuerdo en pagar la totalidad de la cuota y propuso el traslado de la joven a la ciudad de Córdoba o a la provincia de Entre Ríos", dijo la Defensoría en un comunicado. El juez Anderson dispuso que la OSFE afronte los costos derivados de la aplicación de las leyes vinculadas con las "prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad", remarcó el mismo texto. La semana última, los padres de un joven rosarino de 29 años que padece síndrome de Down denunciaron públicamente que las obras sociales y empresas de medicina prepaga se niegan a brindar cobertura a su hijo debido a su enfermedad. La madre del joven, llamada Marta, sostuvo en declaraciones al diario digital Rosario3.com que las prepagas argumentaron que, al ser compañías privadas, tienen la facultad de establecer los requisitos planteados a los potenciales afiliados. En el recibo mensual de la pensión de 360 pesos que los padres del joven cobran por su hijo se detalla un descuento para la obra social de los jubilados que, desde hace años, dejó de brindarle cobertura. "Mi marido y yo somos jubilados y ambos pertenecemos a PAMI, pero, cada vez que intentamos afiliar a nuestro hijo, nos contestan que antes deberíamos renunciar a la pensión por discapacidad", aseguró. Por su parte, la responsable de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, Analía Carrió, sostuvo que "a todas luces se trata de una violación del derecho constitucional a la salud".