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extual de la nota de Marcela Pautaso “Prevenir para crear conciencia en la población sobre las normas que deben cumplirse”. A modo de slogan, se puso en marcha un intenso operativo de seguridad vial en las rutas de ingreso a la provincia de Santa Fe. La idea, es evitar accidentes y que los automovilistas cumplan con lo que exige la Ley de Tránsito Nacional. Los automovilistas que no cumplan con algunas de las normas establecidas, tal como lo establece la legislación, serán punibles de sanción. Entre ellas, no tener la documentación que avale la propiedad del vehículo, exceso de velocidad, presencia de menores al volante o conductores alcoholizados, entre otras infracciones. Teniendo en cuenta que a diario se producen accidentes fatales en las rutas argentinas, el operativo de control es una buena medida de prevención. Y más aún, cuando la principal causa de muerte en este país son, justamente, los accidentes de tránsito. Pero toda campaña u operativo que busca como fin concientizar a los automovilistas sobre el cumplimiento de las leyes y evitar lamentables accidentes de tránsito, no puede transformarse en una suerte de caja recaudadora o compensatoria para quienes realizan ese control en las carreteras. Hace pocos días, esta cronista testigo —en un operativo montado en la ruta nacional 168, a escasos metros del peaje del Túnel Subfluvial Hernandarias— de cómo agentes, identificados con pecheras fluorescentes de color amarillo, hacían el respectivo control. Hasta ahí, el trámite parecía normal y reglamentario. El conductor debía entregar la documentación del vehículo y el carnet que lo habilita para manejar, entre otros requisitos. En el caso de detectar alguna infracción, los agentes solicitaban al conductor estacionar el vehículo en la banquina y revisar con el “oficial a cargo” la documentación presentada, tal como lo rige la ley. Pero, como dice el viejo refrán, “hecha la ley, hecha la trampa”, los propios oficiales, a cargo del orden y de la concientización a la población, inducían a los automovilistas infractores a tener que aportar para esa caja recaudadora secreta a cambio de seguir con su trayecto. El no pago de esa contribución, implicaba que el vehículo quedara retenido, bajo no sé que cargos, delito u orden judicial. Como en un remate, los oficiales fijaban el monto que debía pagar el infractor, que se calcula sobre un valor proporcional de litros de nafta. El pago debe ser al contado y en el acto, como otra artimaña de inducción al soborno. Pero si la oferta oficial supera el monto de lo que el conductor posee en su billetera, la contraoferta no se desprecia y previo acuerdo entre las partes, el chofer podrá seguir su trayecto, no sin antes estrechar la mano del agente y, por arte de magia, depositar secretamente el billete habilitante. Con el saludo final, termina toda la papelería que, supuestamente, se había iniciado por la infracción cometida. Entonces, bien vale preguntar: ¿quién controla a los que controlan? ¿Será que los operativos de seguridad vial son tan sólo una pantalla o una cortina de humo para poder aumentar esa caja compensatoria debido a los magros salarios que hoy perciben las fuerzas de seguridad? En abril, el diario Clarín, también fue testigo de una situación similar en la ruta nacional 14, en la jurisdicción entrerriana. En el artículo, se denunció que las víctimas de las coimas son principalmente los conductores brasileños, pero claro, no son los únicos.