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na comisión bicameral que sigue desde el Congreso la actividad de los organismos de inteligencia es investigada en la Justicia federal por la utilización de facturas apócrifas. Como Skanska, la constructora sueca que terminó reconociendo el pago de sobornos en la obra pública, esta comisión habría registrado en su contabilidad una serie de facturas emitidas por sociedades fantasma, con montos inventados y contraprestaciones inexistentes. La investigación incluye a obras sociales y a más organismos públicos, como la Jefatura de Gabinete y tres ministerios por facturas de 2000 y 2001, informaron a Clarín fuentes judiciales. Lo denunció el 15 de mayo pasado el titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), Mariano Borinsky. La presentación se realizó en una megacausa del fuero Penal Económico que tiene bajo sospecha, por la misma maniobra, a unas 3 mil empresas. En los últimos días, el juez a cargo de ese expediente, Rafael Caputo, envió la denuncia a la Cámara Federal porteña, que el lunes va a sortear el juzgado que la lleve. Caputo siguió la posición del fiscal Borinsky: si en el ámbito de las compañías privadas las facturas apócrifas sirven para evadir impuestos, en los organismos públicos la principal hipótesis debe ser el cobro de coimas. Este delito -el cohecho- se investiga en juzgados federales; el de Guillermo Montenegro, por ejemplo, es el que tiene el caso Skanska. Los otros ministerios nacionales investigados son los de Desarrollo Social, Salud y Educación. "No estábamos al tanto de nada de esto", dijo anoche el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Las obras sociales involucradas son las de la Seguridad, del Personal de la Actividad del Turf, del Poder Judicial, de Comercio, de empleados del Banco Ciudad y de la Biblioteca Nacional, entre otras. Y la comisión parlamentaria, la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que conducen los kirchneristas Stella Córdoba, diputada por Tucumán, y Mario Daniele, senador por Tierra del Fuego. Caso Viazzo -sumario número 1.831/00 del juzgado de Caputo- es como se conoce a la megacausa de las facturas falsas que instruye el juez Caputo. Roberto Viazzo y su esposa, Silvia Hernández, están sospechados de ser los jefes de una asociación ilícita dedicada a crear sociedades fantasmas de las que en la jerga se denominan usinas. Entre quienes compraron esas facturas, hay compañías telefónicas, de aviación, supermercados, productoras de televisión y firmas de los rubros más variados. La investigación estuvo originalmente a cargo del ex juez Julio Speroni, el mismo de la causa sobre el contrabando de armas a Ecuador y Croacia por la que estuvo preso el ex presidente Carlos Menem. Ya renunciado, Speroni recibió críticas de sus superiores de la Cámara por los pocos avances en el caso Viazzo. Se calcula que las empresas privadas imputadas evadieron aquí unos 130 millones de pesos. Los organismos públicos y sindicatos sobre los que trabajó la Ufitco fueron 85; la denuncia, finalmente, se centró en 37. Los montos asentados por éstos en las facturas no están determinados. El caso Skanska es una derivación de una investigación parecida, cuyos desprendimientos parecen no haber terminado. Ese expediente tiene en la carátula el nombre de Luis Antonio Di Biase, el carpintero que prestó su nombre para que lo pusieran como presidente de Infiniti Group. El juez que lleva ese sumario, Javier López Biscayart, del fuero Penal Tributario, dio por probado que Infiniti era "un espectro carente de materialidad". A ese fantasma le compraron facturas Skanska y un centenar de empresas más. La comisión del Congreso -por lo menos- habría tenido trato con otros fantasmas. (Clarín)