Domingo 02 de septiembre de 2007
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Política
Enargas advirtió un 35% de sobreprecios y el Gobierno ordenó seguir
Antes de ser echado de su puesto por el escándalo de las supuestas coimas, el pingüino Fulvio Madaro comunicó a sus superiores que en la segunda etapa de la obra también se registraban precios muy por encima de los presupuestados.
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E

nterado del asunto, el secretario de Energía, Daniel Cameron –eventual futuro reemplazante de Julio De Vido– habría ordenado que desaparezca esa documentación. PERFIL tuvo acceso a esos informes. Mientras tanto, Mauricio Macri y Daniel Scioli están por hacerle un gran favor a la Casa Rosada: se llevan al juez y al fiscal del Caso Skanska. El ministro estaba entusiasmado. Acababa de salir de la Sala de Situación de la Casa Rosada, donde había firmado el contrato de concesión de la segunda etapa del Plan Energético Nacional con la empresa brasileña Odebrecht. “Con esta obra, el transporte de gas aumentará en 22,2 millones de metros cúbicos por día”, dijo, con fervor, Julio De Vido. Lo que no reveló el ministro de Planificación aquel 6 de diciembre de 2006 es que el acuerdo contenía un sobreprecio de 486 millones de dólares, equivalente al 35 por ciento. Ese día, el Gobierno aprobó los contratos entre Odebrecht y las mayoristas de energía, Cammesa y Albanesi, por 1.872 millones de dólares. El Ente Nacional Regulador del Gas había establecido para esas obras un presupuesto oficial de 1.386 millones de dólares. El expulsado presidente del Enargas, el pingüino Fulvio Madaro, admitió el desvío en los precios en un documento al que PERFIL tuvo acceso exclusivo. En una nota que envió en mayo último al secretario de Energía, Daniel Cameron, Madaro explicitó la maniobra: “Focalizando la presente nota en los valores de los contratos oportunamente suscriptos por los cargadores Cammesa y Albanesi con la empresa constructora Norberto Odebrecht, se puede afirmar que los mismos se encuentran notablemente por encima de los valores detallados precedentemente, tal como puede observarse en los Cuadros I, II y III adjuntos”. Esos “cuadros” explican que el contrato de Cammesa contenía un desvío de 349 millones de dólares respecto del presupuesto oficial, mientras que en el caso de Albanesi, la diferencia se acercaba a los 137 millones de dólares. Según pudo saber este diario, la nota de Madaro habría sido rechazada por Cameron. Los empleados de la Mesa de Entradas de Energía y del Enargas habrían recibido la orden de borrar el expediente de los registros. La instrucción también llegó al Enargas. Nunca falta un desobediente. Skanska I. Apenas dos semanas antes de aquella fotografía de diciembre de 2006 en la Casa Rosada, PERFIL había revelado que en la primera fase de la ampliación de los gasoductos Norte y Sur se habían utilizado facturas truchas para justificar sobreprecios millonarios que incluían el presunto pago de sobornos a funcionarios: el Caso Skanska. Esa investigación se había iniciado en el fuero Penal Tributario a partir de una denuncia que hizo la AFIP. En ese expediente, el juez Javier López Biszcayart detectó que la constructora sueca Skanska había firmado un contrato de 26 millones de pesos para realizar una planta compresora de gas en Deán Funes, Córdoba, que la concesionaria del servicio, TGN, había valuado en 11 millones de pesos. La propia empresa admitió más tarde que parte de ese dinero extra había tenido como destino el “pago de comisiones indebidas”. La investigación por el presunto cohecho quedó en manos del juez federal Guillermo Montenegro, que por estas horas anunciaría su pase al futuro gabinete de Mauricio Macri (ver página 3). A raíz de ese escándalo, Kirchner echó a Madaro y a Néstor Ulloa, el gerente general de Nación Fideicomisos, la empresa del Banco Nación encargada de administrar el financiamiento de las obras. Skanska II. En julio de 2005, el Gobierno impulsó la segunda fase del capítulo gasífero del Plan Energético Nacional. Convocó a las empresas transportistas para que evaluaran los costos para ampliar en 20 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte de los gasoductos troncales. El cálculo global que hicieron TGN y TGS llegaba a los 1.599,75 millones de dólares. El valor de referencia oficial se estableció en 2.347 millones de dólares. En ese expediente, las obras correspondientes al contrato de Odebrecht se proyectaron en 1.386 millones de dólares. Un año más tarde, después de idas y vueltas, notas y negociaciones, el Enargas realizó su propuesta final: 3.239 millones de dólares, más del doble de lo que había calculado un año antes. De Vido avaló la actuación de Madaro mediante la Resolución Nº 2008 del 28 de diciembre de 2006 y autorizó la firma de los acuerdos con sobreprecios. Tres meses más tarde, cuando el Caso Skanska ya se había convertido en el sinónimo de corrupción en la Era K, el Enargas anunció una “revisión” del presupuesto: el 25 de marzo, volvió a los 2.347 millones de dólares iniciales. Pero el recorte de 900 millones no alteró el contrato con Odebrecht que continúa intacto y vigente. Un alto funcionario del Enargas –que pidió mantener su nombre en reserva– le confirmó a PERFIL que, a pesar de los intentos del interventor del ente Juan Carlos Pezoa por renegociar los contratos vigentes, el acuerdo con Odebrecht sigue en pie. —¿Y el sobreprecio de 486 millones? —¿Sobreprecio? Llámelo como quiera. Son las reglas de juego. Si no está Odebrecht, no hay financiamiento. Sin financiamiento, no hay obra. Y el precio de ese servicio no lo pone el Gobierno sino el mercado. Fuente: Perfil
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