Miércoles 05 de septiembre de 2007
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Departamentales
La Asamblea se reúne con Picolotti
Ambientalistas de Gualeguaychu aceptan reunion para conocer plan de vigilancia
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a Asamblea de Gualeguaychú, nervio motor del rechazo a la producción de pasta celulósica junto al río Uruguay, aceptó anoche tratar con el gobierno un plan de vigilancia ambiental sobre la planta que erigió Botnia cerca de la ciudad uruguaya de Fray Bentos. "Se votó concurrir a la reunión del lunes 10 con la secretaria de Medio Ambiente (Romina Picolotti) para conocer ese plan de vigilancia", informó hoy José Pouler, uno de los asambleístas más activos. Pouler informó que "fue un largo debate" y que el consenso mayoritario se alcanzó cuando quedó claro que "se va por la vigilancia, no para un monitoreo, porque esto implicaría una aceptación de que la planta funcione". El asambleísta dedujo que una tarea de vigilancia incluiría investigar, por ejemplo, si el escape de una sustencia tóxica ocurrido en la planta a mediados de agosto que afectó a varios trabajadores uruguayos, fue la causa de que algunos animales aparecieran muertos en la margen argentina del Uruguay. "Se encontraron palomas muertas, abejas muertas y faltantes en las colmenas, algunos sábalos, y habría que establecer si están relacionados con el accidente en la planta", comentó. Pouler informó que a la reunión con la funcionaria irán varios integrantes del grupo interdisciplinario, constituido en el seno de la asamblea para efectuar consultas a expertos y estudios técnicos, junto con otros dos asambleístas. Aclaró sin embargo que la delegación no tiene potestad para ofrecer respuestas a Picolotti, sino sólo para recibir la información y eventuales propuestas y llevarlas para su evaluación a la asamblea que a tal efecto se reunirá el martes próximo. La reunión con Picolotti está prevista para el lunes a las 15 en el despacho de la funcionaria en Buenos Aires. La instalación de la planta celulósica por parte de la empresa finlandesa Botnia sobre la margen uruguaya del río limítrofe entre los dos países es objetada por el gobierno argentino por la eventual contaminación que su funcionamiento provocaría. La Argentina llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, porque entiende que la falta de consultas previas sobre el emprendimiento violó el Tratado del Río Uruguay. La próxima audiencia convocada por la CIJ será el miércoles próximo.
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