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i bien la medida no incluye la prisión preventiva, dispone la prohibición de salir del país y el embargo de los bienes del ex presidente por la friolera de 360 millones de pesos, tal vez una cifra record en la materia y que los letrados de la AFIP, Carlos Lobos Oroño y Juan Solari, justifican por lo incalculable de la defraudación cometida contra el Estado.
La causa lleva instruyéndose alrededor de doce años, tiempo en el cual sufrió desguaces, avances y retrocesos. Las primeras actuaciones estuvieron a cargo del magistrado cordobés Edgardo Filipi, que investigaba la destrucción de un cargamento de pólvora procedente de la fábrica militar de Río Tercero; la segunda vertiente se originó en la denuncia efectuada ante el fuero federal por el abogado Ricardo Monner Sans e involucraba la venta ilegal de fusiles y cañones producidos por Fabricaciones Militares a Ecuador y Croacia, dos países a los que estaba vedada la provisión de material bélico: por ser Argentina garante de paz de la llamada Guerra del Cóndor entre Perú y Ecuador, en un caso y, en el otro, porque Croacia sufría un embargo internacional por ser parte del cruento conflicto de los Balcanes. De hecho, fue ese expediente, que recayó en el juzgado federal de Jorge Urso y fue impulsado por el fiscal Carlos Stornelli, el único que mostró un progreso significativo, al punto de determinar la prisión domiciliaria de Menem. La tercera denuncia, formulada por el propio gobierno menemista, quedó radicada en el fuero penal económico, a cargo de Julio Speroni, que acabó recibiendo los expedientes instruidos por Filipi.
Finalmente, todo fue a parar al juzgado de Speroni. Cuando éste renunció, Rafael Caputo fue designado titular del juzgado 3 y, con él, recibió también el monumental expediente que reunía siete acumulaciones. El escándalo de la “venta ilegal de armas” había llevado a prisión no sólo a un ex presidente: tuvo entre rejas al ex comandante en Jefe del Ejército, general Martín Balza, al ex ministro de Defensa Erman González, al ex canciller Guido Di Tella, al ex funcionario y ex cuñado presidencial Emir Yoma y a un puñado de funcionarios de Fabricaciones Militares. Los más connotados de entre ellos eran, sin duda, el ex interventor en Fabricaciones Militares Luis Sarlenga y el coronel Edberto González de la Vega, encargado de producción de la empresa. El traficante Diego Palleros se había refugiado en Sudáfrica y uno de los integrantes de la operación, el capital Horacio Estrada había muerto en extrañísimas circunstancias. A la historia no le faltaba nada, excepto condenas.
Lobos Oroño señala que el 8 de noviembre de 2005, en nombre de la AFIP, volvieron a solicitar el procesamiento de Menem y Domingo Cavallo por el delito de contrabando agravado. Asimismo requerían la aplicación de una figura similar a Carlos Eduardo Sánchez –ex vice ministro de Economía de Cavallo– y Juan carlos Olima, funcionario de la Cancillería, a quienes se consideraba autores de la redacción de los decretos que posibilitaron la maniobra. El 6 de octubre del año pasado reiteraron la petición. “Para nosotros –sostienen los letrados– el nivel funcional y de realización de la maniobra de contrabando dependía sola y excluyentemente de funcionarios políticos que propiciaron la exportación ilícita, entre ellos Menem, Cavallo y por supuesto los ya fallecidos ministros Di Tella y Gonzáles”.
Ayer a las cinco y media de la tarde – puntualizaron exultantes Lobos Oroño y Solari– el juez Caputo los notificó de su decisión de procesar al ex presidente, sin prisión preventiva pero con prohibición de salir del país y un embargo de 120 millones de dólares. Es probable que al tribunal le resulte difícil hacerlo efectivo: el ex mandatario, a su nombre, no tiene una moneda. Ni siquiera la casa de Anillaco que, como se sabe, figura entre las propiedades de su hija Zulema. Las salidas al exterior tampoco son un problema para el anciano ex mandatario: las aventuras de su mujer Cecilia Bolocco parecen haberlo disuadido de cruzar la Cordillera.
