Lunes 10 de septiembre de 2007
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Paraná
Los abortistas evitan hablar del bebe y demandan al abuelo por alimentos
"Demandarán por alimentos al padre de la chica discapacitada embarazada", dicen los abortistas en notas aparecidas en los medios gráficos. Ni una palabra aparece de la forma en que se mata un bebe de 18 semanas.
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L

a nota aparecida en Diario UNO La mamá de la chica discapacitada que quedó embarazada como consecuencia de una violación, criticó que el padre interviniera en estas instancias sólo para impedir la interrupción del embarazo. El viernes, la Cámara revocó la medida cautelar que dispuso la jueza de Menores Claudia Salomón a partir de un pedido de la defensora Marcela Piterson dando lugar a la apelación que hizo el Defensor Oficial Pablo Barbirotto, representante de Marta Gauna, mamá de la chica, para que ésta vuelva con su familia. Gauna estuvo acompañada por la diputada Lucy Grimalt, en representación del Foro de Mujeres; por Cristina Ponce del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (Inadi); por integrantes de la agrupación Mujeres Tramando y del Proyecto de Extensión de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) para la Prevención de la Violencia en el Noviazgo; y por Nora Dasbiaggio, docente, investigadora y responsable del Consorcio por los Derechos Reproductivos y Sexuales. Gauna relató que se separó del padre de la chica, Sergio Colmann, con el que tuvo cuatro hijos, “hace 17 o 18 años, ahora la nena tiene 19 años y jamás me pasó el salario ni nada”. En ese sentido criticó que intervenga ahora “oponiéndose” a la interrupción del embarazo. Además sostuvo no saber fehacientemente porqué lo hace y explicó: “Teníamos una audiencia el viernes al mediodía convocada por Barbirotto y él dijo que no podía asistir”. Otro punto que criticó Gauna fue que “el tema estuvo en todos los medios y tuvo que ir la Justicia con la Policía a buscarlo”. También dijo que “nunca fue a ver a la nena al hospital San Roque ni al Consejo Provincial del Menor”. En ese sentido pidió: “Que se haga a un lado, porque ya tenía decidido que la nena interrumpiera el embarazo. Él no conoce el caso. Yo la crié durante todos estos años y si no se quiere hacer cargo de la nena se va a tener que hacer cargo de los otros chicos que llevan su apellido”. Así, impulsará una demanda civil y penal por incumplimiento de la cuota familiar durante tantos años. Grimalt señaló que “esta situación nunca debió haberse judicializado, porque el derecho que le asiste a al madre está en el artículo 86 del Código Penal inciso B”, y agregó que “tanto la actuación de la defensora (Piterson) como de la jueza (Salomón) fue la de extralimitarse en su funciones, y esto es lo más importante porque lo que confirma la Cámara es la plena vigencia de aquel artículo que garantiza a la madre todos los derechos para tomar la mejor decisión de si continúa o no el embarazo”. En ese sentido aseguró que “no existe ningún delito y por lo tanto la rapidez con que la Justicia se expida está relacionada con que la madre decida con la mayor libertad sin estar apremiada y presionada por el tiempo en cuanto a la evolución del embarazo de la chica violada”. Las mujeres criticaron la dilación de los tiempos, puesto que consideraron que juegan en contra de la chica. No obstante destacaron la rapidez con que actuó la Cámara puesto que el expediente se presentó el miércoles por la noche y el viernes salió la resolución. Lo que publicó EL Diario de Paraná El viernes, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial revocó la medida cautelar que impidió que se le practicara un aborto a una joven discapacitada embarazada producto de una violación —una situación contemplada en el Código Penal, que dice que en este caso el aborto es no punible—. La medida cautelar fue otorgada por la jueza de Menores Claudia Salomón a pedido de la defensora del feto, Marcela Piterson. Pero el defensor de la madre, Pablo Barbirotto, presentó un recurso de apelación ante la Cámara Civil y ésta hizo lugar, por lo cual se levantó la prohibición de que la joven sea sometida a un aborto en el Hospital San Roque y en cualquier clínica privada del territorio entrerriano. Además, se le quitó la guarda provisoria de la adolescente y del feto al Consejo Provincial del Menor, con lo cual la chica volvió a su casa con su mamá. Ahora, a partir del fallo, empezó a correr un plazo de ocho días para que la contraparte se exprese. Es decir que Piterson y el padre, que se había negado al aborto y había dicho que se iba a hacer cargo de la nena, pueden apelar el fallo de la Cámara Civil, con lo cual se dilataría aún más la decisión que tomó la madre al momento de llevar a la joven embarazada al Hospital para que le interrumpieran el embarazo. Ante esto, la madre, Marta Gauna, ha advertido al padre de la niña que si él apela la revocación de la Cámara, ella le iniciará acciones legales para que éste se haga cargo de la asistencia alimentaria que debió proveer a sus cuatro hijos, entre ellos la nena discapacitada, desde que los dejó “hace 17 años”, adelantó Marta. AUSENCIA. Ayer, Marta Gauna estuvo en nuestra Casa acompañada por representantes del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), la Fundación Mujeres Tramando, el Foro por los Derechos de las Mujeres y el Proyecto de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. Dijo que si el padre “obstaculiza” la posibilidad de realizarle un aborto a la nena, le iniciará acciones legales por la asistencia alimentaria que les debe a sus cuatro hijos —la niña discapacitada es la más chica— desde el momento en que los abandonó, “hace 17 años”. “Él, Sergio, trabaja en el Túnel Subfluvial, así que recursos tiene. Jamás me pasó un peso para atender a los hijos, y ahora viene a decir que se va hacer cargo de la nena y del chico que iba a tener. Cuando él reapareció después de tantos años, mis dos hijas mayores fueron a verlo a la casa para preguntarle por qué se oponía al aborto, pero no las quiso atender”, narró indignada la madre. “El viernes estábamos citados los dos, yo y el padre, a una audiencia con el defensor (Pablo Barbirotto, defensor de Pobres y Menores) pero él no apareció. ¿Ese es el interés que tiene en la nena?”, planteó. La audiencia se convocaba con el fin de acercar posiciones entre la madre y el padre de la chica violada para hacerle ver que la mamá, que estuvo con la niña toda su vida, puede tomar la decisión que considere mejor para ella. “Si él se entromete —si apela la decisión de la Cámara Civil y no permite que se practique el aborto a la discapacitada— le voy a iniciar acciones legales por todo lo que no cumplió en estos años”, advirtió. Se trataría de una demanda penal por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, agravada por la situación de indefensión por la discapacidad de la chica. SITUACIÓN. Para el 27 de agosto a las 8 de la mañana, la joven discapacitada tenía turno para interrumpir su embarazo, producto de una violación. Antes, los médicos le habían pedido a Marta, la mamá, una fotocopia de la denuncia de la violación, por lo cual ella fue al Juzgado de Instrucción número 5 a solicitarla. Cuando se conoció que la chica iba a abortar, intervino el Juzgado de Menores: la defensora Marcela Piterson interpuso una medida cautelar —a la que dio lugar la jueza Salomón— para ordenar al Hospital San Roque y a todo el sistema de salud estatal y privado de la provincia que se abstengan de hacerle un aborto a la nena. Por eso, en la mañana del 27 el San Roque recibió “una llamada telefónica de Piterson, avisando que no le hicieran la práctica médica a la niña porque estaba por llegar la notificación de la medida cautelar”, se informó desde el Inadi. “Además, se ordenó al Consejo del Menor que tomara en guarda a la nena para cuidarla a ella y al feto”. Mientras la embarazada permanecía internada en un hogar del Consejo del Menor, el defensor de la madre, Barbirotto, presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar ante la Sala II de la Cámara Civil y Comercial, diciendo que “al dar lugar a la medida cautelar la jueza no impugna la inconstitucionalidad del artículo 86 del Código Penal” sino que defiende la vida del niño por nacer, aclaró la representante del Inadi. Finalmente la Sala II de la Cámara Civil revocó la medida cautelar presentada por la defensora Piterson, ratificando la plena aplicación del artículo 86 inc. 2 del Código Penal, que sostiene que en el caso de violación de una menor demente o incapacitada el aborto no es punible. El hecho nuevo es que apareció el padre de la menor y él se opone a la interrupción del embarazo, por lo que hay que esperar 8 días a partir del viernes 7, cuando salió el fallo, que es el plazo que tiene la contraparte para presentar un nuevo recurso. Ahora, la madre de la discapacitada adelantó al padre que si se opone y apela, le iniciará acciones judiciales. Redondeles y palitos “Ella juega todo el día a los rasti o con cartas. No dibuja, lo único que hace son redondeles y rayitas, y pinta”, contó Marta Gauna, la mamá de la joven de 19 años discapacitada que está embarazada producto de una violación. Físicamente parece de 12, y su intelecto corresponde al de una niña de 5 años. Tiene dificultades para controlar esfínteres y depende permanentemente de la asistencia de su madre. No tiene conciencia de que está embarazada. “Estuvo una semana internada en un hogar y después la llevaron al San Roque para hacerles estudios. El viernes me la dieron, pero la tuve que llevar a casa con su pancita”, contó angustiada la mamá. La irrupción del padre Marta Gauna, la mamá de la niña discapacitada embarazada producto de una violación, deploró la intervención del padre en el caso para oponerse a que se le practique un aborto a la nena. Dijo que el hombre la abandonó “hace 17 años y jamás cumplió con la manutención de ninguno de sus 4 hijos”, los que quedaron con la madre cuando se separaron los padres. Desde el Foro por los Derechos de las Mujeres se aclaró que “el padre apareció a pedido de la defensora Marcela Piterson, que lo interesó en la causa haciéndolo llamar con la policía”. Según narró Marta, el padre estaba citado a una audiencia el viernes con el defensor de Pobres y Menores, Pablo Barbirotto, pero no se presentó. El hombre tiene la patria potestad para decidir que no se le interrumpa el embarazo a la joven discapacitada. “MALTRATO”. Por otro lado, la mamá de la chica violada confió que recibió “malos tratos” de Piterson. “El otro día yo estaba en Tribunales con Barbirotto y llamó ella. Me hizo ir a la oficina, fui con mi hija mayor que estaba conmigo, y nos dijo: Ustedes lo único que quieren es matar, matar matar. Otra vez sugirió que lo mejor sería continuar el embarazo, total no le iba a doler, hacerle una cesárea y de paso atarle las trompas. Cuando yo estaba todo el día en Tribunales, con la nena internada en el hogar, ella me decía que estaba loca. Pero nosotros no estamos locos, no necesitamos un psicólogo, queremos justicia”.
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