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n un comunicado, ADEPA se pronunció en contra de la decisión del juez del Juzgado Correccional y de Garantías de la Primera Nominación de Salta, en la sentencia contra el periodista Sergio Enrique Poma en la querella por injurias promovida por el gobernador Juan Carlos Romero. La sentencia le impuso la pena de prisión de un año y la inhabilitación para ejercer el periodismo durante ese lapso. "Desaprobamos la arbitraria violación de la libertad de expresión y de trabajo establecida para un periodista que ejerce su actividad desde hace más de 20 años. Si bien es cierto que el artículo 20 bis del Código Penal autoriza a los jueces aplicar la sanción de inhabilitación para desempeñar una actividad o profesión cuando se incurre en incompetencia o abuso en su desempeño, sólo es viable cuando su ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público", dice el comunicado de ADEPA. Y sigue: "Sin embargo, el ejercicio del periodismo no está sujeto a ese tipo de autorizaciones porque conllevaría a avalar la facultad del Estado para determinar los requisitos para el ejercicio del periodismo y el consecuente ejercicio de la libertad de expresión. Considerando que la decisión del juez responde a una concepción autoritaria y lesiva para la prensa libre, ADEPA expresa su firme convicción de que, en los tribunales de alzada, prevalecerá la sensatez jurídica propia de ese régimen político y se dejará sin efecto la pena aplicada".