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a situación quedó al descubierto casi de casualidad cuando se le reclamó a la cooperativa eléctrica de Gualeguaychú por retrasos en las remesas y se le dijo que lo reclamado ya se había pagado. El secretario de Energía, Carlos Molina, realizó una presentación para que la Justicia investigue si, tal como se sospecha, ha sido delictual y de qué tipo la maniobra por la cual una empleada tomó cuatro cheques con que una distribuidora había transferido impuestos en su carácter de agente de retención, falsificó firmas para producir los endosos respectivos y finalmente los depositó en su cuenta personal. La irregularidad quedó al descubierto cuando agentes del área contable de la Secretaría de Energía se comunicaron con la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Limitada para plantearle la falta de envío de los valores correspondientes a la cobranza del Impuesto Provincial, incluido en la tarifa eléctrica. Pero el gerente, Emilio Scarpín, aseguró que los pagos se habían girado y brindó suficientes precisiones al respecto. Recién ahí se pudo confirmar que los documentos no habían sido ingresados en la cuenta corriente 90257/1 del Nuevo Banco de Entre Ríos SA, sucursal Paraná Centro, cuya titularidad pertenece a la Secretaría de Energía. Y, con la certificación, se inició primero una investigación sumaria y, apenas se produjo el reconocimiento de parte de la empleada involucrada, del sumario y posteriormente, por un camino paralelo, se radicó la denuncia ante la Fiscal en turno, en los Tribunales, doctora Laura Catáneo. Según el expediente judicial conformado, el primer cheque se remitió desde Gualeguaychú el 16 de abril de 2007 y canceló el mes de octubre de 2006, por 84.849,74 pesos. El segundo, fue firmado por el distribuidora el 14 de junio último y saldó el mes de diciembre de 2006, por 94.956,17 pesos. El tercero, fue enviado el 16 de julio y corresponde al mes de enero de 2007, por 132.881.75 pesos. El cuarto, el de febrero de 2007, se mandó el 14 de agosto, por 133.078,52 pesos. En total, 445.766,18 pesos. Pareciera como si se hubiera producido el primer fraude, en abril; en mayo se hubiera dejado que el trámite sea normal, o sea, que el cheque de la cooperativa llegara a la cuenta de la Secretaría de Energía. Y, luego, acaso tras comprobar que nadie había advertido la maniobra, se tomaron los tres cheques siguientes. En todos los casos, se trata de documentos que fueron oportunamente debitados de la cuenta corriente de la cooperativa. Es decir, fueron cobrados o acreditados en algún otro depósito. Eso indica la información que fue colectándose. Pero por lo que la persona involucrada habría comunicado a sus propios compañeros, lo que habría ocurrido es que los cheques faltantes fueron depositados en una cuenta personal, abierta en el banco Patagonia. Una de las cuestiones que la Justicia deberá dilucidar es si, tal como las primeras impresiones indican, para producir los endosos pudieron haberse falsificado una o más firmas, lo que agravaría la situación. Que hay indicios de que pudo haber habido delito lo alienta el hecho de que la fiscal en turno pidió la instrucción de la causa. De todos modos, hasta ahora no habría imputados, más allá de que probablemente se estén encarando distintas diligencias preliminares. Según publica El Diario, no está reglamentado el modo en que el Estado y las distribuidoras eléctricas intercambian retenciones impositivas y recursos provenientes de fondos específicos destinados a desarrollar el servicio. Lo concreto es que sólo algunas cooperativas siguen emitiendo cheques para cumplir con sus obligaciones de agente de retención. Entre ellas, la de Gualeguaychú. Tampoco están estrictamente establecidos los términos en que las liquidaciones se deben realizar y, entonces, los plazos suelen ser elásticos. Que el sistema administrativo es frágil, desmedidamente amparado en la confianza, no hace falta destacarlo: las pruebas están a la vista. En lo puntual, mientras la Justicia analiza la responsabilidad de la empleada involucrada y analiza los cargos que correspondieren, internamente tiene lugar un juicio administrativo que en principio podría derivar en la exoneración. Ante el panorama, la empleada pidió licencia. Formalmente, el Estado-patrón la suspendió preventivamente, es decir, fue separada temporariamente del cargo porque, precisamente, la investigación en marcha se corresponde con el lugar de responsabilidad que ocupaba y desde el cual, se sospecha, sacó para sí un provecho espurio, ilegal.