E

l especialista en derecho internacional, que representa al gobernador Jorge Busti y al vicegobernador Pedro Guastavino en la denuncia por contaminación en grado de tentativa, recordó que no sólo el Estado provincial y la Asamblea están impulsando la indagatoria, sino que la propia fiscal María de los Milagros Squivo (que representa al Ministerio Público) ha requerido al juez que cite a declarar a los directivos de la pastera. Además, Vega consideró oportuno resaltar que “la propia Cámara Federal de Paraná, al advertir las maniobras dilatorias de Quadrini, le ordenó que urja la citación de prestar declaración indagatoria”. Es decir, “si el magistrado sigue insistiendo que le faltan pruebas para acreditar que el hecho investigado está en el nivel procesal que exige la citación, estamos hablando de un error procesal (en el mejor de los casos) o de que tiene interés en que la causa no avance, tal como lo venimos afirmando”. El especialista en derecho internacional señaló que, de acuerdo a lo publicado en diferentes medios de comunicación acerca de una reunión entre el juez y los ambientalistas, “no me extraña en absoluto la poca seriedad del magistrado, que se ha caracterizado por manejar el derecho con una liviandad absoluta”. Cabe recordar que, según se difundió, Quadrini había señalado que la demora para citar a indagatoria de los directivos de Botnia se debe en parte a la falta de respuestas de organismos nacionales. “Las pruebas de contaminación en grado de tentativa que es el hecho que está investigando desde hace ya casi dos años están en el expediente”, sostuvo Vega, al coincidir con las declaraciones de la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, al respecto. De lo que el juez no habla Párrafo aparte dedicó el apoderado legal en la causa a mencionar que “de lo que no habla el juez es de la última medida que tomó”. Paso seguido, explicó que Quadrini dispuso nuevas medidas probatorias consistentes en pedirle a la Cancillería los datos filiatorios de los integrantes de la delegación argentina en el Grupo Técnico de Alto Nivel Argentino Uruguayo (GTAN), que fue un estructura creada por ambas cancillerías que dejó de funcionar en enero de 2006. “El juez dice que una vez que tenga estos datos filiatorios podrá llamar a prestar declaración testimonial a estas personas para, después de ello, decidir si cita a indagatoria a los directivos de Botnia”, continuó explicando Vega, antes de remarcar que “si seguimos con este planteo del juez tenemos aproximadamente entre seis y ocho meses más de trámites absolutamente inútiles y deliberadamente manejados por el juez para evitar cumplir con lo que la propia Cámara Federal le ha ordenado”.