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urante este jueves pasivos entrerrianos entregaron a la Caja de Jubilaciones y Pensiones dos mil presentaciones administrativas pertenecientes a distintos departamentos de la provincia, en reclamo del cobro del Incentivo Docente. Esta vía administrativa, surgió luego de que el Superior Tribunal de Justicia planteara que el amparo no era la vía adecuada para llevar adelante esta demanda. Los jubilados de Agmer, fueron recibidos por el Presidente del Organismo, quien en un marco de respeto y diálogo, les dijo que la ley Nº 25053, por la que se da creación al Incentivo “nació como una ley coyuntural y luego se transformó en definitiva”, y los legisladores que la crearon “tuvieron en vista solamente a los trabajadores que estaban en actividad”, por lo que “el reclamo en algún momento (por parte de los pasivos) iba a llegar”, afirmó Elías. A su vez, el Presidente del Organismo, manifestó el compromiso de la provincia y de él como funcionario, de “revisar y analizar” el contenido de esta legislación con entidades gremiales y legisladores, para que “este tema no sea objeto de litigio masivo ni tampoco un reclamo que caiga en la nada” y remarcó que “la provincia, nunca incumplió esta ley, con la distribución de los fondos que vienen de Nación, lo que sí es opinable es que una ley creara algo que después no prevé”. Según datos proporcionados por Elías, el traslado de dicho concepto significaría “un costo que rondaría los 900 mil pesos mensuales”, aunque aclaró que “no podría decir a quien le correspondería pagarlo, si a Nación o Provincia, porque son fondos nacionales”. A partir de ahora, la Caja comenzará el tratamiento de este reclamo de “gran contenido jurídico y un gran contenido político”, dándole intervención “a cada área o estamento jurídico que tenga que intervenir”, como así también a “organismos nacionales, porque este es un tema que deriva de una ley nacional”, consignó Elías. Por su parte, en representación de los jubilados de la entidad gremial, Francisco Nessman, manifestó su satisfacción por el trámite emprendido, y dijo que este tema “claramente deberá ser emprendido por las nuevas autoridades”, pues se trata de la “legalidad de los salarios”. Nessman concluyó en declaraciones a APF, que este reclamo por el Incentivo Docente “marca que fue la política de la década menemista, donde de alguna manera se transfirieron los servicios educativos sin los recursos necesarios” por lo que, “este problema deberá ser tratado en los ámbitos de la “coparticipación federal y de presupuesto, tanto nacional como provincial”. (APF.Digital)