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l 10 de diciembre asume el nuevo gobierno municipal y uno de los primeros temas que tratará el Concejo Deliberante será el proyecto de ordenanza de Emergencia Administrativa y Económica que ya han elaborado las autoridades entrantes. Las medidas ya fueron presentadas a los gremios y se fundan en el “elevado déficit presupuestario y financiero” de la Comuna, que se ha dejado ver con crudeza en los últimos dos meses: tanto en octubre como en noviembre Paraná ha debido ser auxiliada por la Provincia para pagar los salarios de sus trabajadores. Paralelamente, este último año ha habido cientos de designaciones a planta permanente, recategorizaciones y -desde el año pasado- se han otorgado adicionales a diversas áreas por montos que van de $300 a $2.500 pesos, y que se pagan aparte del sueldo. Con una planta de 5.000 agentes, en el Presupuesto municipal la partida personal es, lejos, la más abultada: $144,3 millones de pesos. A todo esto, la recaudación viene cayendo desde marzo y se ubica hoy en el 50%, según fuentes de la gestión entrante. Los ajustes que ha ideado el nuevo gobierno quieren encauzar esta situación y por eso apuntan tanto a la renegociación de deudas con proveedores como al achicamento de erogaciones en concepto de adicionales, fondos estímulo y contratos políticos que vencen en 2008. También se pondrá la lupa en el sistema de subsidios. ORGÁNICAS. Las medidas se aplicarán con el fin de reordenar la Municipalidad, transformar la gestión y contener el gasto o suprimirlo en algunos casos. Así, el proyecto de Emergencia autoriza al Departamento Ejecutivo a “realizar la modificación, fusión o supresión total o parcial de las estructuras orgánicas administrativas”. Los empleados alcanzados por las medidas de “supresión de organismos, dependencias o de las funciones asignadas a las mismas, con la eliminación de los respectivos cargos, serán reubicados”. Las reubicaciones se harán no sólo por cuestiones de orgánica, sino también “según lo aconsejen las necesidades del servicio” tanto en el Ejecutivo como en el Concejo, o entre éstos, pero no deberá implicar modificaciones en las categorías ni afectar el Presupusto. Entonces, por ejemplo, si el gobierno considera que un jefe de mástil (cargo creado en la gestión saliente) no tiene razón de ser, se reverá el cargo y, si tiene derechos adquiridos, en todo caso se lo afectará a otra jefatura, explicó el futuro secretario Legal y Técnico municipal, Alejandro Cánepa. Obviamente, las modificaciones en las orgánicas “no podrán generar incrementos en el número de cargos permanentes”, en consonancia con el artículo 16 del proyecto, que prohíbe “realizar designaciones en planta permanente durante el plazo que dure la Emergencia” (un año, prorrogable). PODAS. “Hay que destacar que el empleado no es la variable de ajuste de la Emergencia, el empleado está sufriendo la emergencia que hoy vive la Municipalidad en virtud de su déficit”, aclaró Cánepa antes de hablar de “nuevos procedimientos para brindar equidad”. Contrapuso entonces la diferencia que hay entre “un empledo de Limpieza o de Obras Sanitarias, que cobra un adicional de $300 y un empleado de Ingresos Públicos que tiene un adicional de $2.500 cuando la recaudación está, como ahora, muy baja; porque si sube a un histórico del 72%, el adicional, que está enganchado (a la realidad tributaria), se va a $5.000 o $6.000 mientras los otros siguen cobrando $300, $400 o $200”. Esto “es injusto, no está planteado bajo ninguna premisa de equidad” y por eso a los adicionales se les pondrá un tope máximo de $800 “sea cual fuere la norma por la que fueron aprobados”. Los agentes que “están en la vía pública, hacen control comercial o vehicular, limpian, desmalezan, trabajan en las cloacas o en los jardines maternales tienen adicionales de $300. Los otros no son ni mejor ni peor pero cobran un 2.000% más y además hay personal de Ingresos Públicos que cobra hasta 3 adicionales porque hacen reparto de boletas y porque tienen fallo de caja. Hay empleados que tienen prácticamente dos sueldos más por este concepto”, ilustró Cánepa. TRANSITORIOS. Por otro lado, la gestión entrante ha decidido terminar con los contratos en negro (la gestión Solanas cierra con alrededor de 800 de estos contratos) y por eso creará una “planta transitoria de empleados municipales”, garantizando que quienes ingresen por un tiempo determinado, acompañando a las autoridades entrantes o para cumplir otros servicios regulares, tengan los mismos derechos que los que están en planta permanente pero “sin estabilidad”. Concretamente, “el personal transitorio será designado conforme al procedimiento que determine el Ejecutivo y cesará en sus funciones juntamente con la autoridad de nombramiento o el funcionario al que asesore o con el colabore en forma directa, pudiendo su designación ser cancelada en cualquier momento sin necesidad de notificación, aviso previo o indemnización”. Es decir, tendrán los aportes de ley pero no estabilidad en el empleo. Dentro de la planta transitoria entrarán “todos aquellos que no pertenezcan a la planta permanente”, definió Cánepa. Evaluarán contratos de obra La nueva gestión evaluará los contratos de obra que vencen durante su mandato: una tanda ya venció el 30 de noviembre, otros vencen el 10, los hay con vencimiento el 31 de diciembre, pero también existen contratos de obra con validez hasta febrero y marzo. Hay disparidad de remuneraciones, que van de $500 a $5.000 o $7.000, los más altos pertenecen en su mayoría al Concejo. Se estudiará, entonces, qué agentes contratados “son necesarios en el lugar” en que prestan servicios, dijo Cánepa, y agregó que “los que están en mejores condiciones son los contratos más bajos”, precisamente los que prestan “servicios”. En el artículo 19 del proyecto de Emergencia se lee que “en lo referente al personal contratado, no deberá permitirse la continuidad de la prestación de tareas, funciones y/o servicios cuando se encuentren vencidos los plazos de contratación y no se cuente con la norma legal que disponga su prórroga y continuidad”. Para destacar Sin subsidios. En su artículo 5 el proyecto de Emergencia “suspende los subsidios, (...) excepto el Programa de Asistencia de Emergencias, el Boleto Estudiantil, el Plan Materno Infantil (ex Incinipa) y el Servicio Fúnebre Social”. Toda otra excepción deberá ser “individual y fundada”. (Fuente: El Diario)