Domingo 16 de diciembre de 2007
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Policiales
No hay culpables por la mujer infectada con HIV en el San Roque
Nueve meses después, la causa de la sangre no tiene procesados. El jueves uno de los imputados debe ir a Tribunales para que un equipo determine si puede declarar.
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partir del jueves podría haber algún avance en la causa judicial instruida por el caso de la mujer embarazada trasfundida con sangre infectada con HIV, en el hospital materno infantil San Roque de Paraná, por la cual todavía no se ha resuelto la situación procesal de los implicados. Por el hecho están imputados el jefe del servicio de Hemoterapia del hospital, Ricardo Alcain, y la bioquímica Gabriela Coronel Campana. Pero a nueve meses de la denuncia realizada por el entonces titular del programa provincial Sangre Segura, Roberto Zanaschi, la causa sustanciada en el Juzgado de Instrucción Nº 8 a cargo de la doctora Elisa Zilli, no ha avanzado demasiado. Esta situación podría cambiar a partir del jueves o el viernes de esta semana, días en que Gabriela Coronel Campana, una de las imputadas, deberá presentarse ante un equipo interdisciplinario de los Tribunales entrerrianos, encargado de determinar si se encuentra o no en condiciones de declarar. La bioquímica, que se desempeñaba en el servicio de Hemoterapia del hospital San Roque, presentó una serie de certificados para acreditar que se encuentra en un estado depresivo y bajo tratamiento médico por lo que, hasta el momento, no ha prestado declaración ante la jueza Zilli. Esta magistrada debe resolver todavía la situación procesal de ambos imputados. “A Alcain se lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, dado que no notificó al donante que era portador del virus del sida y tampoco se le informó a la persona transfunfida con la sangre, poniendo en peligro, además, la vida de la criatura por nacer ya que la mujer en cuestión dio a luz a los 20 días de ser transfundida”, explicó a UNO el fiscal Elbio Garzón. Si bien la Fiscalía recolectó una abundante cantidad de pruebas y reunió un expediente de varios cuerpos, la ausencia del testimonio de la bioquímica dilató la causa. “La jueza entendió que había que esperar para ver qué ocurre con la doctora Coronel Campana”, señaló el representante del Ministerio Público, quien adelantó que pedirá al equipo interdisciplinario que se expida “lo más rápido posible”. Por otra parte, recordó que en una primera instancia el doctor Alcain se había abstenido de declarar, asesorado por su abogado defensor Raúl Barrandeguy, debido a que no estaba al tanto de la prueba en su contra. Sin embargo, el jefe de Hemoterapia compareció más tarde ante la jueza Zilli y prestó declaración por espacio de cuatro horas, lapso durante el cual brindó sus explicaciones para sostener la defensa material de los hechos que le imputó la fiscalía a cargo de Garzón en cuanto al incumplimiento de los deberes del funcionario público. Posible dilación Por otra parte, Garzón advirtió que esta nueva instancia que se abre a partir de la comparecencia de Coronel a Tribunales podría dilatarse nuevamente, en esta oportunidad por las medidas de fuerza que llevan adelante los empleados judiciales. “Si la audiencia con el equipo interdisciplinario se suspende por los paros, se presentará un escrito para que se resuelva, cuanto antes, si se procesa a los imputados, si se les dicta la falta de mérito o lo se los sobresee”, resaltó. El hecho En marzo de este año el entonces titular del programa provincial Sangre Segura, Carlos Zanaschi, denunció la falsificación de documento público por la aparición de enmiendas en el libro donde se asentaban los resultados de los estudios de HIV. Esta denuncia sacó a la luz el lamentable caso de la joven embarazada a la que, en setiembre de 2006, le transfundieron sangre infectada con el virus a sólo 20 días de dar a la luz. En el afán por tapar el aberrante hecho desaparecieron documentos importantes para la causa, incluso la historia clínica del donante. El polémico caso puso en tela de juicio la eficiencia del servicio de Hemoterapia del hospital materno infantil y las políticas de Estado en torno al plan Sangre Segura, al tiempo que despertó sospechas sobre la venta y tráfico de sangre, por lo cual se abrió una causa paralela en la que pronto podría haber novedades. El hecho, que por su gravedad trascendió a nivel nacional, derivó en la renuncia del secretario de Salud, José María Legascue; del titular del programa provincial Sangre Segura, Carlos Zanaschi, y del encargado del Programa Provincial de Prevención del Sida, Eduardo Elías. En mayo, el entonces ministro de Salud y Acción Social de la Provincia, Gustavo Bordet, fue interpelado en la Cámara de Diputados junto a Alcain y el secretario de Salud, Mario Elizalde. En esa ocasión, Bordet atribuyó el hecho a un error humano y dijo que fue “un caso típico de mala praxis”. El hoy intendente de Concordia también defendió lo realizado por las autoridades del San Roque, diciendo que “fueron las correctas”. Actualmente la mujer que resultó víctima de aquel hecho, recibe tratamiento y control en Rosario. Funcionamiento En la oportunidad de la declaración de Alcain, los doctores Miguel Cullen y Miguel Retamoso, defensores de la joven infectada, indicaron que el detalle pormenorizado de cómo funcionaba el Servicio de Hemoterapia del noscomio paranaense fue positivo y aportó datos para establecer las responsabilidades de cada caso en particular. Asimismo indicaron que, en el caso hipotético que las denuncias quedasen firmes, el Código Penal establece penas de hasta seis años de prisión para los responsables. (Fuente: UNO)
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