D

os desafíos centrales tiene la Mesa de la Educación entrerriana, el espacio que acaba de presentar el gobierno provincial, con la idea de animar un debate acerca del presente y el futuro de la sociedad. Que la convocatoria no quede circunscripta al reducido ámbito de los especialistas y, al mismo tiempo, que el intercambio no tenga el vuelo rasante de la charla de café, esa que merodea por lugares comunes y regresa siempre a los mismos puntos, maniatado como por un remolino de superficialidad del que no logra salir. Es decir, que la problemática sea abordada con cierto nivel y, en paralelo, que no resulte excluyente para ningún sector que se muestre interesado. El otro reto es lograr la máxima operatividad, en otras palabras, plantear las discusiones, abrir el juego del debate, producir documentos con las conclusiones preliminares, asegurarse que circulen y recoger los últimos aportes, más temprano que tarde. Es así: lo peor que le puede pasar a la Mesa es que las deliberaciones se relajen, se desmadren, se dispersen. Hay otro tema de fondo: habrá un mejor ánimo para intervenir en debates de mediano y largo plazo si aparecen resueltas o en vías de ser remediadas las contingencias más evidentes. O sea, si los conflictos sobre actualización salarial e inversión en infraestructura escolar logran ser superados para que el clima de paritarias embrolladas no altere la marcha de la mesa, que no afecte las relaciones que la constituyen en definitiva, imponiendo distancias difíciles de zurcir. Lo que el gobierno ha imaginado es un funcionamiento piramidal. Ante todo, habrá una mesa ejecutiva que integrará a representantes de las universidades con sede en la provincia, a las comisiones de educación en Diputados y Senadores (un integrante por bloque) y un delegado por cada sindicato docente. La mesa ejecutiva se reunirá una vez al mes para “planificar y desarrollar” la agenda. Su función será poner en discusión los temas que vayan a ser acordados, estableciendo las instancias de participación y debate que considere conveniente. ESCALÓN. Luego, habrá una mesa ampliada a la que se sumarán dirigentes propuestos por medio centenar de “organizaciones y asociaciones” vinculadas a la educación, junto a especialistas en el asunto que se trate. La mesa ampliada constituirá una red virtual para asegurar el intercambio de “propuestas, proyectos, comentarios, aportes y toda otra inquietud”. Por último, la asamblea pública está prevista como una instancia masiva de participación, que se produciría a través de seminarios talleres y paneles en los que intervengan las organizaciones que integran la mesa ejecutiva y la mesa ampliada. Docentes, alumnos, padres y ciudadanos interesados serán los destinatarios de estas acciones. Conforme la presentación oficial, producida ayer, la idea general es que “la sociedad civil opine y elabore propuestas acerca de la responsabilidad que implica educar y educarse”. Para los funcionarios del área la ecuación es sencilla: los alumnos están sólo cuatro horas en la escuela; entonces, sin desatender lo que ocurre en las aulas ni a sus actores principales, es central que las familias y las entidades intermedias se integren a la conversación, junto a los académicos y la dirigencia social en general. En rigor, la discusión sobre la futura ley provincial de educación tiene unas cuantas referencias ineludibles: las constituciones nacional y provincial en primer lugar, pero también la ley nacional en la materia, sancionada en 2006. En la concepción de la actual gestión, el derecho a la educación no puede tener excluidos de antemano. Esa definición será el faro que iluminará las deliberaciones. Lo que el gobierno estima es que la información que se colectará será tanta y de una calidad tal que se desbordarán las expectativas mínimas de integrar elementos que delineen la futura ley que, por otra parte, debe tener formulaciones precisas, sumamente estrictas. El resto del material será distribuido dentro de la estructura del CGE a fin de que cada área, la dirección de nivel al que corresponda, recoja las contribuciones y las traduzca en acciones y programas completos. Conforme el cronograma provisto, en febrero se pondría en marcha la mesa ejecutiva. Su primera tarea será resolver qué tema será abordado, de cuál modo, si a partir de la mesa ampliada, con especialistas invitados, o en propuestas masivas. Con otra metodología, la intención es producir a escala provincial lo que ya se escenificó en los 80’s con el Congreso Pedagógico Nacional, capitalizando acaso aquella experiencia de participación. Para destacar Con Agmer. El miércoles 26 de diciembre, a las 10, el gobernador Sergio Urribarri recibirá a dirigentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). “He invitado a los dirigentes a que conversemos. Y a hacerlo con una agenda abierta”, señaló el mandatario. Con Amet. Bar se reunió con AMET y anunció la creación de la Dirección de Educación Técnico Profesional. La titular del CGE dijo que el objetivo es “hacer las transformaciones curriculares para fortalecer la educación técnica”. TAL VEZ NO LO PROCLAME A LOS CUATRO VIENTOS, pero la percepción de la presidente del CGE, Graciela Bar, es que Entre Ríos debiera plantearse cómo volver a ser un faro en la educación a nivel nacional. Acaso como el paso posterior a la discusión que se viene, la funcionaria piensa en un centro de capacitación e investigación sobre la realidad local, es decir, un espacio académico que rescate historias pero también aporte reflexión acerca de las instituciones educativas entrerrianas. La otra iniciativa de largo aliento tiene que ver con la implementación de una señal de cable que sirva a la capacitación en las escuelas, una versión entrerriana del canal Encuentro. De todos modos, se trata de una empresa que tiene sus complicaciones para ser instrumentada y, claro, sus costos. Y, entonces, como paso previo, habrá que resolver aspectos puntuales, elementales, como que las escuelas estén en condiciones de recepcionar los programas que vayan a ser transmitidos. (El Diario)