E

l plan de educación sexual, que se elaboró para ser aplicado en las escuelas de la provincia, no sufrirá cambios y será instrumentado de acuerdo a los lineamientos que aprobó la comisión ad hoc conformada durante la gestión del ex gobernador Jorge Busti y que contó con la participación de la Iglesia Católica y otros credos religiosos. El programa ya avanzó en la capacitación de los docentes de nivel primario y secundario -sólo resta el nivel terciario- de modo que este año, a partir de abril, los contenidos ya llegarían al aula, según anunció la presidenta del Consejo General de Educación (CGE); Graciela Bar. Bar ubicó al frente de ese programa, con el cargo de coordinadora ejecutiva, a Nora Romero de Clari, la actual directora de Cáritas Arquidiocesana, quien formó parte del trío de funcionarias que entre 2006 y 2007 redactó los lineamientos base del programa. Junto a Romero de Clari, participaron también la ahora presidenta del Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro), Silvia Kupervaser, y Estela Villanueva. “No tengo ninguna objeción hacia Clari, así que desde el área de Planeamiento Educativo va a hacerse cargo de la coordinación ejecutiva”, dijo Bar. -¿No crea un problema el hecho de que quien coordine el plan de educación sexual en la escuela sea a la vez directora de Cáritas? -No, no creo. Confiamos en la capacidad técnica que tiene, y no hemos advertido ningún tipo de objeción en los docentes de toda la provincia que ya participaron en las instancias de capacitación. También en la etapa de formación de formadores hubo una evaluación favorable. Ella va a quedar a cargo. Si hay que designar un coordinador político, lo haremos en su momento. Pero por ahora no lo vemos conveniente. Es la tercera vez que el Estado entrerriano busca implementar un plan de educación sexual en las instituciones educativas de la provincia: ya se intentó durante la administración del ex gobernador Mario Moine, en la década de 1990, pero entonces hubo una férrea oposición del entonces vicario de Educación del Arzobispado, el sacerdote Luis González Guerrico, hoy integrante del Instituto del Verbo Encarnado, con sede en Mendoza, una congregación que representa el ala más dura del conservadurismo clerical. Luego, en 2005, la administración del ex gobernador Jorge Busti intentó diseñar un programa similar. Un equipo integrado por las docentes Silvia Darrichón, Mercedes Meucci y Amparo Mercante elaboró los lineamientos curriculares, y para eso se intentó reglamentar la Ley Nº 9.501 de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, sancionada en 2003, durante la gestión del radical Sergio Montiel. Claro que ese programa introdujo un concepto polémico, fuertemente rechazado por la Iglesia Católica: el concepto de género. “Más que nunca —decía aquel texto fundante del programa—, podemos en la actualidad permitirnos la relación de unos con los otros como seres humanos y como individuos, en vez de como machos y hembras estrictamente. Hasta donde podemos ensanchar nuestros esquemas de humanos y podar nuestro esquema de género, las diferencias de sexo florecerán con mayor variedad. Lejos de borrar las diferencias entre los sexos, permitirán surgir las diferencias reales”. No bien se enteró de ese proyecto, la Iglesia Católica salió a cuestionarlo públicamente, y a afirmar que esa concepción era contraria a la fe cristiana. La consecuencia fue la esperada: el Gobierno congeló el plan, y en el marco de un recambio de autoridades en el Consejo de Educación (se fue el justicialista José Turriani y llegó el radical Felipe Ascúa) conformó un comité de funcionarios, coordinados por la actual presidente del Inaubepro y entonces vocal de Educación, Silvia Kupervaser, que tuvo la misión de limar asperezas con la Curia, y elaborar un programa cuya redacción tuviera participación eclesiástica. Salvadas esas diferencias, el Consejo de Educación, bajo la gestión del ahora diputado provincial justicialista Jorge Kerz, redactó la resolución Nº 550, que fijó la instrumentación de un nuevo programa, que se pensó aplicar en etapas: la primera fue la formación de los formadores de los docentes, a partir de abril de 2006, y la segunda, consistente en la capacitación a los docentes de la provincia a lo largo 2007. Esta última fase incluyó todos los niveles educativos, excepto el terciario. Pero esa resolución, de abril de 2006, también estableció la adhesión de Entre Ríos a Ley Nacional Nº 25.673, que dio forma al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Aunque con una visión adecuada a la realidad local, sin alusión a la perspectiva de género. Los lineamientos aprobados por el CGE ubican a la escuela como “colaboradora de la familia” en la educación sexual, y a los alumnos, los considera “desde su condición de personas sexuadas, varón – mujer, durante el juego, el trabajo y el proceso de enseñanza-aprendizaje”. Ahora, la titular del CGE sostiene que no es necesario aplicar ninguna variante a lo ya hecho, y anticipa que con la conclusión de la fase de capacitación de los docentes, en abril ya la educación sexual llegaría al aula. Aunque señaló la necesidad de efectuar “un monitoreo permanente” respecto a los contenidos que se dictan, y en ese trabajo quiere ocupar a los supervisores escolares. “Como la educación sexual se incorpora de una manera transversal, es decir que toca todas las materias, el monitoreo lo puede realizar el supervisor escolar”, señaló.