Lunes 21 de enero de 2008
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Política
Fiscalía de Estado intervendría en un cuestionamiento al STJ
Buscarían poner en cuestión la acordada del STJ que desconoció la ley de creación de la obra social Fiscalía de Estado pediría la reafiliación de jueces. Iosper no descarta acciones judiciales contra los judiciales.
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a desafiliación de los jueces de la obra social amenaza con convertirse en un problema de Estado, con intervención de las altas esferas del Gobierno. En 2002 una resolución del Poder Judicial desconoció la ley de creación de la obra social, que obliga a todos los empleados públicos a afiliarse. No descartan iniciar una acción en los tribunales para reclamar la restitución de los importes que se dejaron de pagar en concepto de aporte personal. La Fiscalía de Estado podría tomar intervención en los próximos días en la situación planteada en el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) a raíz de la desafiliación masiva de miembros del Poder Judicial. El organismo, a cuyo frente el gobernador Sergio Urribarri designó al abogado Julio Rodríguez Signes -todavía no asumió en el cargo, al aguardo de que la Legislatura apruebe el pliego respectivo-, podría tomar dos caminos: hacer una defensa del patrimonio público, por cuanto esas desafiliaciones pondrían en riesgo las finanzas de la obra social; y a la vez atacar la legalidad de la normativa que habilitó esa salida. La obra social provincial -una prestadora que maneja un presupuesto anual de 170 millones de pesos y que tiene un universo cautivo de casi 250 mil afiliados- comenzó a soportar desde 2002 una diáspora de afiliados pertenecientes al Poder Judicial, y que por el nivel salarial que tienen son de los que más aportan. Si bien la Ley Nº 5.480 fija en su artículo 3º la obligatoriedad de afiliación a la obra social de “funcionarios, magistrados, empleados y agentes que desempeñen cargos en cualquiera de los poderes del Estado provincial y municipalidades y sus reparticiones u organismos autárquicos o descentralizados”, en la práctica ese texto ha sido cuestionado. POR QUÉ SE FUERON. En 2002, una acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ) fue la llave que permitió la salida de un grupo numeroso de miembros del Poder Judicial, más de 250, de la obra social provincial. Entre los idos, figuran el ex miembro del STJ, Miguel Carlín, quien en los próximos días tomará parte de la Convención Constituyente que se encargará de reformar la Constitución de Entre Ríos. También se desafiliaron el actual presidente del máximo Tribunal de Justicia de la provincia, Daniel Omar Carubia; el vicepresidente, Germán Carlomagno; el defensor general de Pobres y Menores, Arsenio Francisco Mendoza; la fiscal general Laura Gema Zaccagnini de Gambino; y el fiscal adjunto Jorge Beades, aunque la lista es todavía mucho más numerosa. Hace veinte días, el presidente del Iosper, Silvio Moreyra, se quejó en las páginas de EL DIARIO por esa desafiliación de los miembros de la Justicia. “Es una situación complicada, porque acá una simple acordada de la Justicia está permitiendo la desafiliación, algo que ningún empleado común del Estado puede hacer, porque hay una ley que obliga a todos a ser afiliados al Iosper”, dijo. El viernes, pasó de la queja al anuncio. Moreyra adelantó que la obra social hará una presentación formal a la Fiscalía de Estado para que frene las desafiliaciones, y en lo posible obligue a volver a los que se fueron, “porque esto crea un antecedente, y no sólo para el Poder Judicial, sino para todo el mundo”. QUE HARÁN. Aunque oficialmente desde el Gobierno todavía no se ha dicho nada, extraoficialmente una fuente de la Fiscalía de Estado admitió a EL DIARIO que el organismo tomará intervención directa en el asunto. ”La Fiscalía tiene que emitir una opinión. No puede lavarse las manos. Acá tiene que haber una opinión. Los jueces no pueden hacer lo que quieren. Acá hay una ley que no fue respetada, porque fue desconocida por una acordada. Una acordada jamás puede estar por encima de una ley”, afirmó la fuente consultada. En ese sentido, recordó que la Fiscalía de Estado “es el organismo de control de legalidad y del patrimonio público. Estas desafiliaciones afectaron el patrimonio público, que son los recursos de la obra social provincial. Y también habría que analizar una eventual afectación de la legalidad, porque una acordada no puede estar por encima de una ley”. En ese caso, ya analiza la Fiscalía una futura acción judicial contra los miembros de la Justicia que se desafiliaron, y en ese caso pedir la restitución de los aportes que dejaron de hacer a la obra social desde 2002 en adelante. Al respecto, cabe recordar que el designado fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, conoce de cerca la situación del Iosper. Antes de aceptar el cargo que le ofreció el gobernador Urribarri fue asesor de dos directores de la obra social, José Luis Viggiani, representante del Círculo de Retirados de la Policía, y del presidente, Silvio Moreyra, delegado de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler). (El Diario)
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