Lunes 28 de enero de 2008
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Política
Ajer ya advirtió que irán al paro si no llega una oferta superadora
Si no hay nueva oferta, el viernes comienzan los paros. Programaron la medida para los días 1, 6, 7 y 8 de febrero. Siguen desconociendo la conciliación obligatoria. Habría una reunión esta semana con todos los actores en conflicto.
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a Asociación de judiciales de Entre Ríos (Ajer) se reunió el jueves pasado con el gobierno, pero hasta ahora no recibió ninguna oferta superadora a la que se les había formulado en diciembre, dijo el secretario gremial de la entidad, Fernando Cañete, quien destacó que existe una nueva convocatoria para esta semana. No obstante, aclaró que si no tienen una oferta que satisfaga las expectativas, seguirán adelante con el plan de lucha que comenzaría este viernes 1º de febrero. Cañete explicó que el jueves pasado, los ministros de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos, Adán Balh, y de Economía y Finanzas, Diego Valiero, recibieron a la Ajer para tratar de avanzar en el conflicto que la entidad gremial lleva adelante desde octubre. Sin embargo, a pesar de las expectativas del sindicato, “no hubo una propuesta superadora a la que ya nos había realizado el gobierno en diciembre pasado, que rechazamos”. De todas formas, Cañete señaló que desde el gobierno se comprometieron a realizar una nueva reunión en el transcurso de esta semana, esta vez con todos los actores involucrados: Ajer, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la Asociación de Magistrados. “Esperamos que esta vez haya una oferta superadora, porque de lo contrario, cuando termine la feria, seguiremos con el plan de lucha”. El dirigente informó que desde el gremio sostendrán las medidas de fuerza previstas para los días 1, 6, 7 y 8 de febrero, ya que “en las últimas reuniones con el poder Ejecutivo no se realizaron propuestas superadoras que permitan resolver el conflicto que se desarrolla desde octubre del año pasado, donde los trabajadores demanda a la patronal recomposición salarial, modificación del régimen de antigüedad y creación de cargos”. Para Cañete “acá se sale muy fácil del conflicto, ya que el gobierno deberá definir una postura con una respuesta que tenga dos factores: el 50 por ciento deberá responder a lo económico, a la financiero, y el otro 50 por ciento deberá haber una decisión política que fije claramente cómo se decide que vivan los trabajadores”. Síntesis del conflicto Por las medidas que lleva adelante la Ajer, que reclama recomposición salarial, modificación del régimen de antigüedad y ampliación del presupuesto para la creación de cargos, la dirección de Trabajo provincial (DTP) dictó el 21 de diciembre pasado la conciliación obligatoria, que postergaba la huelga hasta el 19 de febrero. El gremio rechazó esa conciliación y presentó un recurso de amparo, en el que advirtió que la DTP no está habilitada para arbitrar en el conflicto. “No tiene competencia y convoca a un sector que no tiene injerencia directa con nosotros, como lo es el ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos”, explicó Cañete. Reiteró además que la conciliación obligatoria que dictó el gobierno es una acción "claramente intimidatoria" y por eso, el lunes 24 de diciembre se presentó un recurso de amparo, rechazando la acción del Estado provincial. En concreto, Ajer insiste en que "la medida del gobierno de dictar la conciliación obligatoria, no corresponde porque no pertenecemos al plantel del Estado, pero además se ve ciertamente como una intimidación". La justicia corrió traslado a la DPT y el organismo respondió el 28 de diciembre argumentando que es competente para llamar a conciliación, según estipula el acta acuerdo 17/ 2000, mediante cual la ministerio de Trabajo de la Nación le transfirió a Entre Ríos “todos los conflictos que allí existan”. Con el fallo de la justicia, que declaró “abstracto” el amparo, el conflicto proseguirá hasta tanto haya una nueva oferta del gobierno que satisfaga al sindicato. La declaración de abstracto “nos dice que el ministerio de Gobierno no tiene competencia, ya que nuestro empleador es el STJ y no el ministerio como se pretende inmiscuir”, dijo Cañete. En ese contexto, explicó que el artículo 166 de la Constitución de la provincia “es claro: se otorga las atribuciones al Poder Judicial en el inciso a y b donde establece la superintendencia y por ello nosotros entendemos que el STJ es nuestro empleador, consecuentemente es quien tendría las facultades para llamarnos a una conciliación es el STJ”. (AIM)
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