E

n principio, quien “haya ejercido funciones de responsabilidad política en los tres poderes del Estado nacional, provincial y municipal” durante un régimen de facto “no podrán ocupar cargos públicos en ninguno de los poderes de la provincia o municipios, a perpetuidad”. Pero la iniciativa, que lleva las firmas de los nueve integrantes del bloque radical, va más allá. Declara “nulos de nulidad absoluta” a eso actos y a sus ejecutores “responsables, penal, administrativa y civilmente por los daños y perjuicios que hubieran ocasionado, por el sólo hecho de participar, avalar o consentir tales actos, quedando inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargo o empleo público alguno, en la Provincia o en sus municipios”. Se los excluye además de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. La disposición está comprendida en un proyecto que incorpora al texto de la Constitución de la provincia una norma equivalente a la existente en la Constitución Nacional, que garantice la plena vigencia del estado de derecho, el imperio de la Constitución, aún cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. En ese marco se dispone también que la provincia “no reconoce organizaciones, cualesquiera fueren sus fines, que sustenten principios opuestos a las libertades, derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional o Provincial o que fueren atentatorias al sistema democrático, pluripartidista y republicano en que se inspiran”. Quienes pertenezcan a esas organizaciones “no podrán desempeñar funciones públicas”. Por último, prohíbe las “instituciones o secciones especiales de cuerpos de seguridad destinadas a la represión o discriminación de carácter político”. La iniciativa pretende establecer un “concepto amplio de responsabilidad que comprenda no sólo a los partícipes, sino también a aquellos que avalaron o consintieron tales actos, quienes muchas veces terminan siendo los más beneficiados con el quebrantamiento del orden constitucional”. “Merecen el mismo y permanente repudio quienes asumieron funciones públicas, electivas o no, usando medios o procedimientos que quebrantaron o desconocieron lo que la Constitución Nacional, las Constituciones Provinciales y las leyes vigentes a ese momento establecían, como quienes avalaron o consintieron tales actos”, remarcan los convencionales radicales. En otro párrafo, explican que este tipo de iniciativas permite reafirmar la vigencia de los valores democráticos y de los principios inherentes al estado de derecho, “no sólo con declamaciones retóricas, sino con actitudes concretas que sirvan de ejemplo para las generaciones futuras”. (El Diario)