E

l justicialismo tratará de poner en marcha una “hoja de ruta” que agilice los plazos de la Convención en el intento de encauzar la enorme diversidad de proyectos presentados o en elaboración. Si un dato sirve para tener en cuenta el panorama, vale señalar que el jueves 13, cuando se reúna el plenario del cuerpo, restarán todavía 59 días de plazo para presentar proyectos. Se espera además que en la próxima sesión plenaria tomen estado parlamentario unas 100 iniciativas más. Estos datos resultan significativos si se tiene en cuenta que desde los bloques minoritarios se cuestionó la propuesta del presidente de la Convención, Jorge Busti, de intentar cerrar el proceso en seis meses (Ver aparte). Busti había indicado que la gente “no admitiría” dilaciones excesivas, durante un encuentro del bloque de convencionales justicialistas desarrollado hace una semana en Crespo. El cronograma de la semana indica que mañana a las 22 cierra el plazo para presentar dictámenes que puedan ser tratados por el plenario. Si bien la reunión de labor parlamentaria se hará el martes, se sabe que ya hay siete dictámenes ingresados y hay expectativa en que puedan tratar algunos más, entre ellos algunos vinculados a temas trabajosos como la inclusión de la figura del Defensor del Pueblo. En este caso subsisten diferencias en cuanto a las competencias, ya que un sector propone que además de la defensa de los derechos individuales, colectivos y difusos se sume a sus facultades el control de funciones administrativas, con lo que se sobrepondrían sus funciones con otros órganos estatales. Asimismo se espera poder tratar en el plenario del jueves varios temas, incluso recurriendo a la posibilidad de hacerlo sobre tablas –se requieren dos tercios de los votos– en aquellos casos en los que exista despacho por unanimidad. Igualmente, aunque no se llegue a abordarlas el jueves, hay modificaciones que estarán para ser tratadas a la brevedad, como la creación del Consejo Asesor Consultivo económico y social. Dicho cuerpo estará integrado por representantes de la producción, la economía, el trabajo, la universidad, los profesionales, la ciencia y la tecnología. Será órgano de consulta de los poderes públicos y su participación será requerida en la elaboración de los planes sociales, económicos, de educación formal y no formal, en las políticas científicas y tecnológicas, entre otros. Diferencias A las diferencias de criterio entre los bloques se suman incluso disidencias en el oficialismo. Un ejemplo es lo referido a la posibilidad de que el Poder Judicial presente proyectos de ley vinculados a su funcionamiento, una idea que es apoyada por el presidente del bloque oficialista Miguel Carlín y rechazada por Busti, quien se inclina por que el Superior Tribunal de Justicia canalice estas inquietudes a través del Poder Ejecutivo. Otro punto de discrepancia, en cuanto a los temas en tratamiento, se da en la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, donde la idea de generalizar los concursos para ocupar cualquier cargo de importancia en el Estado divide aguas entre los que proponen una aplicación amplia y quienes prefieren que sea restringida, dejando fuera –por ejemplo– a los jefes provincial o departamentales de Policía o a los directores provincial y zonales de Vialidad. Aunque el oficialismo no cree que esté atrasada, se sabe que le queda mucho trabajo por delante a la Comisión de Régimen Municipal, donde la discusión por la mayor o menor autonomía deriva necesariamente en los recursos económicos. En este aspecto, Busti sostiene que deben incluirse garantías referentes al envío de las partidas coparticipables a los municipios, como una forma de garantizar la llegada del dinero. En ese aspecto habría coincidencia con el gobernador Sergio Urribarri y no se descarta que cuando el mandatario regrese del breve viaje que emprenderá esta semana a España, se reúna con los miembros de la comisión. Una de las posturas “extremas” consisten en el desplazamiento de las facultades impositivas a los municipios, lo que afectaría la administración provincial. Si bien los intendentes –que fueron convocados por esta comisión– recuerdan con pavura los atrasos de varios meses en el envío de las remesas coparticipables que se dieron durante la gestión de Sergio Montiel; pero también sacan cuentas y ponen en la balanza el incremento del 154% registrado en los envíos desde 2003 a la fecha. Desafío El oficialismo enfrenta el desafío propio de su condición ampliamente mayoritaria, ante la evidente necesidad de encauzar el debate, priorizando los grandes temas y buscando los mayores consensos. Está claro que no faltan ideas ni proyectos, sino tomar la determinación de fijar una mecánica de trabajo que hasta ahora ha estado ausente en algunas comisiones, ya que es la única forma de abordar un abanico de iniciativas tan amplio, que van desde el agua y la tierra, el medio ambiente, habeas data, cultura, educación, partidos políticos, régimen electoral y nuevas formas de participación entre otros. De lo contrario el trabajo en comisiones puede dilatarse ampliamente; o en el apuro, perder calidad. ¿Se abrió una caja de Pandora? El radicalismo sostiene que la ley de declaración de la reforma abrió un abanico muy amplio de temas a tratar y que el oficialismo no dimensionó adecuadamente el tiempo que el tratamiento de estos temas demandaría. A ello se suma la situación de algunos convencionales justicialistas que además cumplen otras importantes funciones de gobierno, lo que les resta tiempo para dedicarse al tratamiento de los temas de la Reforma. Y también la no completa alineación de todo el oficialismo, que queda reflejada en las disidencias internas del bloque mayoritario. “Si no se busca una forma de obtener consenso en grandes temas, no se resolverá rápidamente, excepto que se definan aplicando la mayoría de ocho miembros en cada comisión”, advierten. Esta situación es descripta como “una especie de caja de Pandora, que se abrió y el oficialismo no sabe bien cómo manejar”. Sin embargo, señalan los radicales, la responsabilidad de encauzar este debate para lograr “el mejor producto” es responsabilidad también de los bloques minoritarios, especialmente del radical que representa a un partido con raigambre en la provincia. Enmiendas Un proyecto que seguramente desperatará polémica es el que establece el mecanismo de enmiendas para reformas parciales de la Constitución. Si dos tercios de la Legislatura lo aprueban, la reforma se somete a una votación popular y, si es aprobada, queda firme. Algunas constituciones, como la de Mendoza (de 1916), sigue vigente gracias a este mecanismo. Comisiones ampliadas Ante los sucesivos pedidos de que un proyecto sea enviado a otra comisión luego de tener tratamiento en la primera, Busti propondrá el tratamiento en un pleno formado por los miembros de esas dos comisiones. De lo contrario podría haber dos dictámenes de mayoría para el mismo tema, incluso contradictorios entre sí. Adiser presentó un proyecto a los convencionales contituyentes La Agrupación de Discapacitados de Entre Ríos presentó el jueves formalmente a la Convención Constituyente un proyecto que contiene aportes relacionados con la discapacidad, con el objetivo de que algún convencional se haga eco de sus propuestas. Por otra parte, el miércoles 12 a las 19 se inaugurará una nueva sede de la agrupación en Paraná, en calle Perú 314, cedida a modo de préstamo por la asociación de Judiciales de Entre Ríos filial Paraná. Ricardo López, presidente de Adiser, y Susana Zárate, vocal de la agrupación, dialogaron con UNO acerca del proyecto presentado y las actividades previstas en el nuevo local. “Luego de muchos meses de trabajo entregamos finalmente un documento con aportes a los convencionales. Lo consideramos muy importante porque nosotros tenemos contacto con personas de otras localidades de la provincia y consideramos que en ese pedido reflejamos la intención de que el sector de la discapacidad esté representado y defendido en nuestra Constitución”, explicó el presidente, y desmenuzó las propuestas más importantes. Por un lado “sabemos que el artículo 22 en uno de sus conceptos aniquila la posibilidad de accesibilidad al trabajo en la Administración Pública y en el Poder Legislativo, sabemos que por la ley de necesidad de reforma ese artículo se modificará y eso nos da mucha tranquilidad, porque creemos que se va a concretar”, aclaró. Luego especificó que dentro de los puntos más importantes planteados se encuentra “la accesibilidad a los tres poderes. Lamentablemente tenemos que decir que tienen restricciones para las personas con discapacidad y queremos que en nuestra Constitución se ampare esa posibilidad de acceso, que nos den posibilidad de rendir concursos, en definitiva a lo que apuntamos es a la igualdad de oportunidades”. Otro de los puntos que López consideró muy importante es el pedido de que todos los municipios, juntas de gobierno y de fomento, por más pequeñas que sean, tengan previsto el área de Discapacidad, porque “en muchos lugares, como mucho se pueden remitir al área de Acción Social, y la discapacidad no sólo involucra a la Acción Social, es una problemática transversal a todos los aspectos de la vida”, dijo. Zárate por su parte indicó que desde la agrupación se encuentran a disposición de los convencionales que se interesen en la temática. “Pensamos que la discapacidad está, de algún modo, relegada y aspiramos a que nos escuchen”, acotó López. (Fuente: UNO)