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ras un arduo debate de las distintas fuerzas, en la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, se rubricó un dictamen con disidencias parciales. Y ayer ratificó el despacho la otra comisión que debía abordar el tema: la de Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y Régimen Electoral con lo que ahora será tratado en el pleno de la Convención Constituyente. El texto aprobado apunta, además del mecanismo del concurso, a propiciar la no discriminación de ningún tipo en el trabajo estatal. Sólo se exceptúa del sistema previsto a los funcionarios aunque sí deberán ser sometidos a una evaluación los directores de hospitales públicos y los directores Departamentales de Escuela. Un largo debate se dio, respecto de este último punto, en la Comisión de Nuevos Derechos. Las bancadas de la oposición habían propuesto que el concurso alcanzara a otros cargos jerárquicos como los jefes de las zonales de la Dirección Provincial de Vialidad o los jefes de las Departamentales de Policía. En este punto, se expresaron las disidencias parciales que serán expuestas, nuevamente, en la sesión del pleno. Vale decir que lo previsto en el dictamen es que una ley disponga el mecanismo para establecer las reglas de juego de los concursos. Y la ley, de algún modo, ya entró en vigencia con la sanción del Régimen Jurídico Básico. Sin embargo, el extensísimo debate y las sucesivas reformas que ha tenido este proyecto de ley en la Legislatura ha hecho que, hasta el momento, no tendrá traducción concreta en la administración pública. La redacción consensuada fue rubricada ayer en la Comisión de Poderes con el siguiente texto: “Todos los habitantes son admisibles a los empleos públicos provinciales, municipales o de otros organismos en los que tenga participación el Estado, sin más requisito que la idoneidad, sin perjuicio de las calidades especiales exigidas por esta Constitución. Sólo serán designados y ascendidos previo concurso que asegure la idoneidad, la igualdad de oportunidades de los aspirantes y la no discriminación”. Se añade que “en ningún caso, las razones étnicas, religiosas, ideológicas, políticas, gremiales, sexuales, económicas, sociales, fundadas en caracteres físicos o de cualquier otra índole, serán motivo para discriminar o segregar al aspirante”. Finalmente, se establece que será “la ley la que determinará las condiciones de concurso para los ingresos y ascensos y los funcionarios políticos sin estabilidad que podrán ser designados sin concurso. No podrán incluirse los cargos entre estos de directores de hospitales y directores departamentales de escuelas”. La Comisión de Poderes dejó pendiente la rúbrica de dictamen respecto de dos puntos importantes para el futuro institucional. Por un lado, el que refiere al detalle de las causales del Juicio Político, no previsto en la Constitución vigente. Respecto del tema, hay dos iniciativas del oficialismo, una de José Allende y otra de Rosario Romero, Guillermo Martínez, Julio Federik, Miguel Carlín y Sigrid Kunath. Además, quedó para un próximo encuentro el debate respecto del modo de integración de la Cámara de Diputados previendo la eliminación de la “cláusula de gobernabilidad” tal como se llama a la garantía de la mitad más una de las bancas, para el partido que gana, prevista en el artículo 51 de la Constitución vigente. Con relación a este punto, se analiza una propuesta de los convencionales socialistas Santiago Reggiardo y Américo Schvartzman. (El Diario)