Viernes 04 de abril de 2008
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Política
Las cárceles serán "centros de trabajo" en la nueva Constitución
Nuevos dictámenes de la Comisión de Nuevos Derechos y sustituyó la palabra "agrícolas por productivas" en el artículo 29 de la Carta Magna que hace referencia al sistema carcelario entrerriano.
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on la participación del presidente de la Convención, Jorge Busti, anoche emitieron dos dictámenes. El primero rechaza el proyecto presentado por Augusto Alasino y Flavia Pasqualini sobre juicio por jurados, por considerar que “comporta una modificación del artículo 147 de la Constitución Provincial, declarado pétreo en la Ley 9768. En tanto el segundo dictamen establece “sustituir la palabra agrícolas por productivas en el artículo 29 de la Carta Magna” que hace referencia al sistema carcelario entrerriano. De esta manera el artículo 29 de la Constitución quedaría redactado de la siguiente manera: “Queda prohibida toda especie de tormentos y vejámenes, bajo pena de destitución inmediata y sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran los empleados o funcionarios que lo apliquen, ordenen o consientan. Las cárceles y colonias penales y productivas serán sanas y limpias, para seguridad y no para mortificación de los recluidos, debiendo constituir centros de trabajo”. Otros temas En el encuentro de ayer se trató también el proyecto presentado por convencionales de la UCR en el que se propone la creación de un Jurado de Concurso y Calificaciones y la institución de un Tribunal de Disciplina en la administración pública entrerriana. Sobre el tema, el convencional Luis Agustín Brasesco fue el encargado de brindar los detalles de la propuesta y en este marco dio a conocer que la misma surgió de su condición de abogado laborista, ciudadano y ex empleado público. Según Brasesco, desde 1983, el empleo pública en la Argentina ha sufrido distintos conflictos que son necesario canalizarlos y rescató que la Constitución entrerriana de 1933 haya otorgado la estabilidad en sentido propio del empleado público aunque destacó la necesidad de la capacitación para avanzar en la carrera administrativa. El proyecto presentado por la UCR está basado en estudios realizados bajo normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y propone la creación de un Jurado de Concurso y Calificaciones, el que estaría conformado por tres empleados y dos representantes del Poder Ejecutivo. Este órgano sería el encargado de llevar adelante los ingresos, ascensos y calificaciones de los agentes de la administración pública. Además propone la institución de un Tribunal de Disciplina, integrado de igual manera, que tendría a su cargo el régimen y las sanciones disciplinarias en la administración pública entrerriana. El convencional Brasesco se mostró dispuesto a dialogar con las organizaciones gremiales a fin de obtener un dictamen consensuado con los representantes de los trabajadores. Sobre el mismo tema, los convencionales Marcela Haiek (Coalición Cívica) y José Allende (Frente Justicialista para la Victoria) presentaron proyectos que aún no han ingresado a la comisión por lo que se definió la continuación del tratamiento en la próxima reunión con el fin de elaborar los dictámenes correspondientes. Nepotismo Esta misma comisión dictaminó, con un apretado quórum, que “hasta tanto se sancione la ley que establezca y determine los cargos políticos sin estabilidad que pueden ser designados sin concurso, los funcionarios de los organismos, reparticiones públicas de la provincia y sus municipios que gozan de la facultad de nombramiento de personal, no podrán ejercer dicha facultad en su entidad respecto de sus familiares comprendidos en el tercer grado de consanguinidad o de afinidad, en ningún empelo publico permanente”. El despacho, es una disposición transitoria que resuelve un reclamo de los bloques mayoritarios para quienes había cierta contradicción entre el dictamen que ordena el ingreso al Estado por concurso y la prohibición de designar parientes propuesta por Martín Acevedo Miño (Recrear), proyecto conocido como nepotismo.
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