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a presentación fue efectuada por el secretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno, Guillermo Ledesma Maximino, en representación del gobernador Sergio Urribarri, ante el juez de Instrucción Número 5, Carlos Ríos, “por la presunta comisión de ilícitos penales de acción pública”. “Es inadmisible que cualquier grupo o sector se arrogue el derecho a decidir por la suerte de todos los argentinos, entorpeciendo el normal desenvolvimiento de su actividad económica y comercial”, expresó Ledesma Maximino en un tramo de la denuncia presentada a última hora de este viernes y en la que, no obstante, no se solicita el desalojo de las rutas cortadas. El secretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno presentó una denuncia “contra autores desconocidos por la presunta comisión de ilícitos penales de acción pública previstos y reprimidos en el Código Penal, de conformidad a las fundamentaciones de hecho y derecho que seguidamente paso a relacionar”. “Como es público y notorio desde hace ya largos meses por el denominado conflicto agropecuario se ha alterado con distintas modalidades la libre circulación a través de las distintas rutas nacionales y/o provinciales, que el transcurso del tiempo torna imperioso, por los múltiples daños que ocasiona, que estos hechos sean puestos en conocimiento de la Justicia Penal de Instrucción, en el convencimiento que exceden los límites de tolerancia de una protesta común para incursionar en la faz delictiva penal, por lo que se hace necesario formular la presente denuncia toda vez que en nuestro carácter de funcionarios públicos estamos obligados a denunciar ilícitos penales de acción pública cuando tengamos conocimiento de ello”, expresó Ledesma Maximino en la presentación. El funcionario también entregó al juez Ríos un informe policial con los puntos de la provincia en los que productores y transportistas mantienen cortadas las rutas. Si bien se consigna que los bloqueos son “intermitentes”, también se indica que “en definitiva, la imposibilidad de transitar es constante”. Según Ledesma Maximino, “la conducta típica ‘prima facie’ se encuadraría dentro de los delitos contra la seguridad pública y el orden público, tipificados en los artículos 194 y 211 del Código Penal en concurso con las figuras de amenazas, coacción y daños. La materialidad de la acción del tipo del artículo 194 consiste en impedir, estorbar o entorpecer, o sea hacer imposible, molestar o poner trabas o dificultades a los transportes por tierra que pueden ser públicos o privados. Igualmente y con respecto a la tipicidad del artículo 211 del Código Penal, denominado ‘delito de intimidación pública’, claramente se está violando el bien jurídico tutelado que es precisamente el orden público, toda vez que existen acciones de amenazas concretas e indeterminadas contra todo el que intente sobrepasar el corte, con el claro fin de infundir temor público, suscitar tumultos o desórdenes, que excede todo lo tolerable para incurrir en la faz delictiva”.