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a Comisión de Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Régimen Electoral, que preside Miguel Carlín (FJpV), trabajó esta mañana sobre la integración y las funciones que tendrá el Consejo de la Magistratura en la nueva Constitución, dictamen al que intentarán arribar el martes sobre los textos de cada bloque y en base a lo discutido hasta hoy.
En ese marco, Carlín bosquejó las diferencias que hasta ahora han surgido en el debate de los proyectos. Y, entre ellas, por ejemplo, si los miembros del Consejo de la Magistratura ejercerán el cargo por dos años con reelección o lo harán directamente por un período de cuatro años. Y, entre las facultades internas si tienen o no el derecho de acusación reemplazando al Ministerio Fiscal en causas de responsabilidad en las que se fuera contra los magistrados ante el jury de enjuiciamiento.
Otras de las cuestiones es determinar si los miembros del Consejo cumplirán la tarea ad honorem o no y si su competencia alcanzará sólo a los jueces. Cuando se llegó a este punto, Julio Federik (FJpV), que preside Control del Estado, reveló que en su Comisión están trabajando "para hacer un órgano que no choque con la interpretación de la ley de convocatoria que establece que el Consejo de la Magistratura elegirá sólo el Poder Judicial" y adelantó que su diseño apunta a un órgano que "se reunirá a los efectos de elegir a los responsables de los organismo en oportunidad de que haya que resolver en ese sentido", señaló.
La UCR, en tanto, advirtió que ante las diferencias podría presentar disidencias parciales sobre lo trabajado hasta ahora, aunque no descartaron adherir a un consenso en caso de que se logre un "texto superador" ya que – dijo Fabián Rogel- "queremos el mejor proyecto".
Por su lado, Santiago Reggiardo (PS) advirtió que existen algunas diferencias, como por ejemplo, un orden en la terna de los aspirantes y que se respete el orden de nominación que surja del Consejo, en vez de convocar a un nuevo concurso. Dijo que con esta práctica "se evita la injerencia del poder político" y aspiró a lograr coincidencias en este punto con el resto de los bloques.
Pero frente a esta posibilidad, Carlín opinó que "cuanto más normado, más cerca está de la judicialización". Y, graficó: "Es abrir una puerta muy ancha al Poder Judicial a causa de interpretaciones legales de cómo debió conformarse el Consejo de la Magistratura. Hay que buscar la mejor fórmula para un marco de discreción que evite la judicialización del tema".
Para Federik, "el Consejo, aconseja" y observó que la contrapartida de quitar la raíz política al nombramiento es la judicialización del conflicto. Y preguntó ¿quién nombra si se judicializa? Y con el interrogante abrió una nueva perspectiva en la discusión a la que respondió con una sugerencia: "Hay que ser práctico. La decisión sobre quién elijo debe ser del Poder Ejecutivo y debe ser sobre los que pasaron por el Consejo de la Magistratura".
Esta fue la quinta reunión en la que se discutieron aspectos del instituto que hoy funciona bajo el decreto 039 del año 2003, dictado por el entonces gobernador Jorge Busti. Al cerrar el encuentro acordaron repasar el martes la propuesta de cada bloque en la búsqueda de consensos, aunque las diferencias con el bloque Viva Entre Ríos parecen insalvables.
