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a revocatoria abría la posibilidad de someter a una votación la continuidad o la destitución de cualquier funcionario electivo que hubiera incumplido con su deber o faltado a la plataforma electoral con la que hizo campaña por ese cargo. De acuerdo al dictamen anunciado como “unánime” logrado a principios de semanala semana pasada por la Comisión Nuevos Derechos y Garantías y Formas de Participación Popular el mecanismo iba a ser reglamentado de manera tal que con el 25% de las formas del padrón electoral (de la jurisdicción por la que fue electo el cuestionado) se podría poner en marcha el proceso que desemboca en una elección. Si en esos comicios el funcionario no lograba al menos el 80% de los votos con que originalmente había sido elegido, quedaba destituido del cargo. Sin embargo, hubo un dictamen en disidencia firmado por los convencionales justicialistas Juan Carlos Almada y Celeste Pérez. Incluso, en ese momento, otros convencionales señalaron a la agencia APF que el dictamen había salido por la presencia en la comisión del presidente del cuerpo, Jorge Busti, ya que al ser éste el principal impulsor de la revocatoria, algunos convencionales no se habían atrevido a plantear dudas o quejas. Ayer el presidente de la Comisión, Raúl Barrandeguy, señaló que la revocatoria es un tema que “inquietó y va a inquietar aún más”, tras lo cual propuso una fórmula para hacer frente al resquebrajamiento del justicialismo, consistente en postergar el debate hasta la semana próxima luego de que él hubiera informado sobre el asunto. La moción se aprobó, pese a la oposición de los bloques radical y de la Coalición Cívica (CC). Según trascendió, el punto principal de la discordia es si incluir o no el incumplimiento de la plataforma electoral como causa del proceso de revocatoria. Igualmente se cuestiona como “demasiado bajo” el porcentaje de 25% del padrón para habilitar el mecanismo, ya que dicen que sería fácilmente alcanzable, en especial en las localidades más pequeñas. Al momento de fundamentar el texto, Barrandeguy explicó que se trata de un mecanismo “preponderantemente político”. Y, para detallarlo dijo que el instituto contribuirá a “la construcción del poder institucional y su avenimiento legítimo por parte de los mandatarios”. Luego agregó: “Su sustento político es máximo más allá de que lo acompañen o no”. Amparo, gratuito Además, el pleno ratificó sobre tablas el texto de la Comisión de Redacción por el que se promueve la audiencia pública, que en este segundo giro, tuvo unanimidad de votos. Y también el dictamen de Nuevos Derechos que consagró la ampliación del amparo colectivo dándole rango constitucional y carácter gratuito. Por eso, el Barrandeguy dijo que la “novedad” del texto estaba centrada en su último párrafo y hubo modificaciones propuestas por el radical Jorge Monge respecto de sustituir el término derechos difusos por el de interés colectivo y el término personas en vez de habitantes, con lo que coincidió también Luis Brasesco (UCR). Marciano Martínez, del bloque Viva Entre Ríos, pidió por esos mismos puntos el retorno a Comisión, pero su moción, no prosperó. Darío Gianfelici (CC) volvió a insistir con la necesidad de colocar el término persona en vez de habitante y puso especial atención al segundo párrafo del despacho en lo atinente al derecho ambiental como también lo hizo luego Marcela Haiek del mismo bloque. También hicieron uso de la palabra, pero en defensa categórica del texto, Rosario Romero y Miguel Augusto Carlín (FJpV) y quién con vehemencia aseguró que el termino debe ser “habitante” y no otro, como lo reiteró al cierre del debate, el propio Barrandeguy. Fuente: Diario UNO