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a Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dispuso ayer aplicar un durísimo plan de lucha durante este mes para reclamar del Gobierno el otorgamiento de un aumento salarial de emergencia de 300 pesos, que permita a los que perciben el mínimo dentro de la Administración Pública alcanzar el valor de la canasta básica que mide la línea de pobreza, cuyo costo ronda los 1.500 pesos. En realidad, las medidas de fuerza, que se iniciarán el jueves 10 del actual con un paro de 24 horas y una movilización provincial en Paraná, son en reacción a lo que en ATE consideran “falta de respuesta” de parte del gobernador Sergio Urribarri al pedido efectuado hace ya 20 días para que se disponga un incremento de emergencia. “Los paros son en reacción a la falta de respuesta del Gobierno”, dijo el secretario adjunto del sindicato, José Galarraga. VUELVEN LOS PAROS. De acuerdo al plan de lucha que ayer aprobó un plenario de secretarios generales de ATE –para hoy, a las 9, está citado el plenario de delegados de Paraná para diagramar la forma cómo se llevará adelante la protesta—, está previsto para el jueves 10 un paro total de actividades y una movilización hacia la Casa de Gobierno. En la tercera semana de julio, se sumarán otros dos días de huelga, el miércoles 16 y el jueves 17; continuará a la semana siguiente, los días jueves 24 y viernes 25; y concluirá con un paro de 72 horas: los días martes 29, miércoles 30 y jueves 31. “Pero estas medidas de fuerza podrían quedar en suspenso si el Gobierno demuestra voluntad de diálogo, y accede al pedido de aumento salarial de emergencia, y convoca a discutir en una mesa salarial políticas a más largo plazo”, señaló Galarraga. Aunque el escenario no prevé una distensión, y en vez de eso apunta a lograr una conjunción de acciones de los distintos sindicatos del Estado que tienen afinidad ideológica: así, para la última semana de julio está previsto convocar a los secretarios generales de ATE, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) para analizar la situación salarial dentro del Estado provincial, y para la segunda quincena de agosto se prevé convocar a un congreso provincial de delegados de las tres entidades sindicales. ESCENARIO. La exigencia sindical apunta, en primer término, a conseguir un aumento de emergencia de 300 pesos para los activos, y su correlato en el 82 % para el sector pasivo. Y que el Ejecutivo acceda a entablar una negociación salarial que recomponga los básicos en el Estado. Galarraga aseveró que el objetivo en el mediano plazo es conseguir que un cargo inicial en la Administración Pública provincial tenga un básico de 1.500 pesos, y que ningún trabajador esté por debajo del costo de una canasta “real”, que en opinión de ATE hoy está en torno a los 4.000 pesos. Pero además, el sindicato enarbola otras demandas: exige la regularización en planta de las 600 cocineras de los comedores escolares que hoy carecen de obra social; el “cumplimiento”, dijo el secretario adjunto de ATE, del acta acuerdo que firmó el gremio con el Gobierno en agosto de 2007, y que el actual gobernador Sergio Urribarri “prometió cumplir”. Ese acuerdo estableció la necesidad de avanzar con la regularización de las plantas orgánicas, y la reglamentación de las leyes que regulan la actividad de los agentes sanitarios y los auxiliares de educación, aspectos que todavía hoy siguen pendientes, aseguró. Pero lo más relevante, es la situación de alrededor de 2.000 contratados que desde hace siete meses no perciben sus salarios en el Estado provincial, situación sobre la que había alertado ATE un mes atrás, pero que todavía no ha encontrado solución. “Esos compañeros están en una situación crítica, y requieren de una solución urgente”, apuntó. Fuente: El Diario