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a aprobación de la resolución 125 el sábado pasado por la Cámara Baja ya comenzó a traer inconvenientes judiciales a aquellos diputados que votaron a favor del proyecto kirchnerista. Es que los parlamentarios que avalaron las retenciones móviles fueron denunciados penalmente por el presunto delito de violación del artículo 29 de la Constitución, que prohíbe al congreso "conceder" al Ejecutivo nacional "facultades extraordinarias". Según el denunciante, el abogado Guillermo Cascino, la ley que los diputados aprobaron viola, además, el artículo 227 del Código Penal, que fija penas de prisión o reclusión perpetua para "los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional" esas mismas "facultades extraordinarias". "Nuestra Constitución expresa la nulidad insalvable de estos actos y sanciona expresamente a quienes lo formule, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria", señala la presentación, que quedó radicada bajo el número 10.142/08 en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. "La ley aduanera en la que se apoya la resolución dictada por el Poder Ejecutivo (dice la denuncia, en alusión a la resolución 125) y que fuera convalidada por la Cámara de Diputados no sólo fue dictada por un poder de facto sino que se basaba en un régimen en el que el poder legislativo era inexistente", argumentó Cascino. Así, buscó refutar uno de los principales argumentos esgrimidos por el gobierno, que sostiene que la resolución 125 fue dictada "en uso de las facultades que la Constitución le conceder al presidente de la Nación". "Existiendo hoy un estado de derecho la Cámara de Diputados no puede apoyar y convalidar una ley inexistente para un Estado republicano", concluyó la denuncia. El letrado aclaró que no forma parte de "ningún partido político" ni lo impulsa "ninguna posición partidaria ni opositora al gobierno actual". Fuente: DyN