Domingo 13 de julio de 2008
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Policiales
Señalan a la Policía de Paraná por un caso de apremios ilegales
Investigación. El denunciante dijo reconocer a los efectivos que serían de comisaría quinta. La Justicia pidió que se investigue el hecho. El hombre fue acusado de robar la batería de un auto.

M

aría Carolina Castagno, fiscal del Juzgado de Instrucción Nº 3 recibió el lunes 16 una denuncia por el supuesto delito de Apremios ilegales que habrían llevado adelante efectivos de comisaría quinta de Paraná en perjuicio de Miguel Oscar Almada, de 28 años. Ese día se ordenó que el denunciante sea revisado por los médicos forenses de Tribunales y el estudio arrojó que Almada presentaba una herida suturada de tres centímetros y tumefacción en la frente y excoriaciones en ambas rodillas y región inferior del muslo derecho. Según se consignó, las lesiones fueron producidas por un choque contra un cuerpo duro y elástico en movimiento, y tenían una evolución de 12 horas al momento de ser examinadas. Alberto Silva Velazco informó que accedió al caso porque Martín Cabrera, defensor de Almada que lo asiste por otra causa, estaba rindiendo examen y el defensor que lo subrogaba, Jorge Balbuena, estaba en un debate, por lo que le tocó asistirlo en la indagatoria. Silva Velazco precisó que “Almada manifestó que no hubo ninguna razón o motivo que justificara tamaña agresión”, además añadió que el denunciante sostuvo ante la fiscal que “tiene individualizadas a las personas que lo agredieron, las que supuestamente prestarían servicio en la comisaría quinta”, y reiteró que el denunciante aseguró “que no hizo nada”. Almada fue detenido acusado por el supuesto robo de la batería de un auto en la intersección de 25 de Mayo y peatonal San Martín, cerca de un negocio que gira bajo la razón social Live Rock. Silva Velazco indicó que el denunciante “relató que fue trasladado a una zona cercana al Volcadero o a un polideportivo” y como signos de la golpiza que adujo padecer “presenta una serie de lesiones que fueron certificadas por el médico forense”. Sistema arcaico El defensor general del Superior Tribunal de Justicia, Arsenio Mendoza, opinó, con el caso como disparador, sobre los problemas que atraviesa la investigación penal y la Justicia en general. Así, sostuvo que “hoy por hoy se toman atajos, el hecho de pensar que un nuevo Código de Procedimientos puede resolver el problema es más de lo mismo, estamos enfocando (el problema) desde el lugar de la estructura, de la burocracia, de los expedientes”. También opinó que la velocidad de los avances tecnológicos han dejado atrás a ciertas instituciones: “La Policía está con una investigación más propia del siglo pasado que de este siglo. Así, difícilmente pueda salir de ese atajo que la conducen a las falencias o a las nulidades que abortan los procesos” precisó. También refirió que “la preeminencia de la prueba testimonial posterga o desvaloriza todo el avance tecnológico que se ha producido en el proceso penal y en la investigación penal en sí”, y expuso que “existen en la sociedad dos verdades, una formal que es la que logra reunir el expediente y con la que se tiene que realizar la sentencia, y no se puede realizar con otra porque si no se violan todas las garantías; y una verdad popular, que es la que apela a la evidencia, al conocimiento, a la sabiduría”, y agregó “esta última verdad es la que se ha ganado a los medios, que por la velocidad, por la demanda de la gente, por las necesidades mismas de la comunicación y del negocio de la comunicación tiene que llegar a un veredicto popular rápido”. En este sentido, el jefe de los defensores dejó un elemento para el análisis: “Aquello suele ser una tentación para añorar los juicios por jurados en un pueblo que no está preparado para este tipo de mecánica, si no sería interesante imaginar qué sucedería si los juicios por jurado se destinaran a juzgar los delitos contra el Estado o contra la administración pública, serían verdaderos linchamientos” ironizó. Justicia para la gente y en contra de la burocracia Mendoza apuntó que “a la hora de imaginar reformas (en la administración de justicia) estamos pensando más que nada en la problemática de la estructura, de los expedientes, del tiempo, de la legislación pero no en la problemática de la gente”. Así, expuso: “No hay una política de Estado que se preocupe por el autor del hecho, para ver cómo lo puede recuperar y reinsertar; cómo se ocupa de las víctimas que quedaron lesionadas por un hecho y cómo protege a la sociedad de cuyo seno surgió un hecho que no debería haber ocurrido”. El jefe de los defensores oficiales manifestó: “Mientras la economía tenga el anotador, el lápiz de apuntar cómo se definen las cosas, difícilmente la ideología, la ciencia, lo académico pueda encontrar una metodología que dé respuesta a todo esto“. En ese sentido opinó que ”es importante redefinir los planos para que volvamos a recuperar valores que nos hagan poner por encima de todo lo ético, lo equitativo, lo justo para que eso dé lugar o desplace a la venganza, a lo arbitrario o al reproche individualista o egoísta” sentenció. Por último, Mendoza se pronunció a favor de incorporar nuevas técnicas y metodologías para mejorar el proceso penal.
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