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l ala dura del bloque oficialista de la Cámara de Diputados quiere ver cabezas rodar. Carlos Kunkel, Dante Dovena, Carlos “Cuto” Moreno y Edgardo Depetri reclaman un castigo ejemplar para los integrantes de la bancada del Frente para la Victoria que se opusieron a apoyar el proyecto del Gobierno que ratifica las retenciones móviles. Apuntan principalmente contra Felipe Solá, Graciela Camaño, Jorge Villaverde, Zulema Daher y Manuel Baladrón. Quieren que les retiren las presidencias de las comisiones que ellos ocupan. También reclaman sanciones para los otros nueve compañeros de bloque que no votaron como les pidió la Cristina Fernández. Los díscolos están a la espera de una comunicación formal que, si llega, representará la ruptura del bloque. El mismo lunes que sucedió a la votación de la Cámara baja, los ultra comenzaron a presionar al jefe de la bancada, Agustín Rossi, para que hiciera cumplir el “código del buen kirchnerista” que indica que “el proyecto se comparte desde la raíz o se está afuera”. El más insistente es Kunkel que, al mismo tiempo, es el primero que mostró los dientes. Durante el debate en el recinto, el sábado pasado a la madrugada, el diputado insultó duramente a Solá cuando su compañero de bloque finalizó su discurso donde cuestionó la falta de política agropecuaria en la administración K. “Traidor, hijo de puta”, le gritó varias veces y hasta tuvo que ser atajado por el legislador Luis Cigogna porque Kunkel se mostraba decidido a golpear al ex gobernador ante las cámaras. No se resigna. “Traidores, hijos de puta”. Los duros insisten con esa frase para pedir las cabezas de los 15 diputados del Frente para la Victoria que no acompañaron el proyecto oficial. Rossi les pidió calma. Después del aluvión, necesita pacificar su territorio. También lo hizo el vicepresidente del bloque, José María Díaz Bancalari, un viejo aliado de los díscolos bonaerenses. Díaz Bancalari recurrió a una frase que Néstor Kirchner pronunció en una de sus dos recientes conferencias de prensa para buscar sosiego: “Hay que respetar las diferencias internas”. La cita no ayudó demasiado. Todos en esa mesa sabían que el reclamo de disciplina había partido precisamente desde Olivos e incluso antes de la votación. “Hagan algo. No puede ser que el bloque sea este quilombo”, había dicho Kirchner un día antes de que se iniciara el debate. “Hagan algo”. Para los duros, pacificar es corregir, amputar. En eso están. A Solá le quieren quitar la Comisión de Ciencia y Tecnología, una repartición que le dieron en marzo para mantenerlo entretenido y como premio consuelo. Él había pedido Agricultura pero ni siquiera le permitieron integrarla. El ex gobernador, que lideró la cosecha de votos negativos en el oficialismo, no se mostró preocupado con la amenaza del castigo. “¿Quieren la comisión? Ahí la tienen”, comentó entre los suyos. Un precio más alto le quieren hacer pagar a Graciela Camaño, que recibió Asuntos Constitucionales como agradecimiento por su salto al bloque del Frente para la Victoria. Hasta diciembre, con Díaz Bancalari, formaba parte de la bancada del Peronismo Federal. Junto a Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales es la comisión más importante de la Cámara de Diputados. Para este año tiene agendada la reforma electoral y la ley de partidos políticos, ambos temas caros para el Gobierno. “No vine a este bloque con una comisión debajo del brazo”, dijo la ex ministra de Trabajo cuando se enteró de las pretensiones de sus compañeros de bancada. El histórico responsable de la Comisión de Defensa Nacional, Jorge Villaverde, fue belicoso al comentar en el minibloque de Solá su postura frente a la avanzada de los duros. “Que me la vengan a pedir”, advirtió. El pampeano Manuel Baladrón también está en el centro de la disputa. Está a cargo de la Comisión de Comunicaciones e Informática. Ésa no es una repartición más: por allí deberá pasar el proyecto de Ley de Radiodifusión, la próxima batalla que pretende dar el Gobierno en el Congreso. Ese debate comenzaría antes de fin de mes. “Si se dio vuelta con el campo, imaginátelo con Clarín”, reflexionó un diputado cercano a los duros. A Zulema Daher (Salta) también le quieren quitar la Comisión de Transporte. Entrerrianos con bolilla negra Los castigos que pidieron Kunkel, Moreno, Dovena y Depetri no se agotan en los presidentes de comisiones. Ellos van por todo. También quieren penas para los diputados que ocupan vicepresidencias (Arturo Heredia, Libertad de Expresión; Gustavo Zavallo, Vivienda; y Maria Cristina Cremer de Busti, Recursos Naturales) y aquellos que recibieron secretarías: Luis Barrionuevo (Seguridad y Previsión Social y Acción Social y Salud Pública), Adriana García (Agricultura), María de los Ángeles Petit (Asuntos Municipales), Jorge Montoya (Agricultura), Beatriz Halak (Defensa Nacional) y Marta Velarde (Libertad de Expresión). Por ahora, la movida es una exigencia de los diputados más cercanos a Néstor Kirchner. Los rebeldes están a la espera. “Si avanzan, el bloque se parte”, amenazó uno de los legisladores que pidió mantener su nombre en reserva porque, argumentó, “los trapitos todavía se lavan en casa”. Qué pierden los sancionados Presidir una comisión parlamentaria supone acumular poder. Cada dos años, los cargos en el Congreso se renuevan y la lucha por el dominio de las reparticiones donde se originan las leyes dirime el escalafón del mando legislativo. Los diputados que son designados presidentes de comisión reciben el diploma que les brinda acceso inmediato a los lobbies sectoriales y la llave para decidir qué proyecto avanza y cuál no, qué iniciativa se archiva y cuál se desempolva. Los presidentes reciben, además, una partida adicional de fondos, que llega a los 20 mil pesos mensuales, para nombrar tres asesores, y la promesa de esos 15 minutos de fama que obtienen cuando su comisión trata un tema importante. Los vicepresidentes no reciben notoriedad, pero sí cargos: dos. Y los secretarios de cada comisión, uno. Perder una la presidencia de una comisión supone dejar algunos colaboradores sin trabajo y, fundamentalmente, perder poder. Carmen Alarcón fue la pionera en rebelarse y ser castigada “No se puede ser oficialista para acceder a un cargo y ser opositor para ejercerlo”. Con ese argumento, en mayo de 2006, el jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, le quitó la presidencia de la Comisión de Agricultura a la santafesina María del Carmen Alarcón que, por ese entonces, era miembro del bloque del Frente para la Victoria. El antecedente no es menor: Alarcón fue castigada por haber disentido públicamente de las políticas agrarias del entonces jefe de Estado, Néstor Kirchner. Ahora la Casa Rosada tiene en la mira a los 15 diputados que desafiaron el mandato presidencial y votaron contra la ratificación de las retenciones móviles. Alarcón cuestionó la suspensión de las exportaciones de carne que había decretado Kirchner a pedido del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El objetivo era bajar el precio doméstico de la carne. La diputada se fue de la bancada y formó un bloque unipersonal: Pampa Sur, una de las agrupaciones que impulsa la protesta agraria. Los díscolos de hoy amenazan con partir el bloque si vuelven las represalias. Una oficialista que siente miedo La senadora pampeana Silvia Gallego llegó a su casa con custodia policial, luego de haber anunciado que votaría a favor del proyecto oficial de retenciones móviles. “Me amenazan cada dos minutos”, se quejó la legisladora del Frente para la Victoria. (Fuente: Diario Crítica)