E

n la reglamentación de la norma, el Superior Tribunal de Justicia incorporó una acordada que, según coinciden numerosos Colegios de Profesionales, va en contra del espíritu de la ley sancionada por la Legislatura entrerriana. El año pasado se llevó a cabo la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, mediante Ley 9776, a través de la cual se introdujo el Capítulo VI sobre “Medios Alternativos de Solución de Conflictos”; donde la Justicia en la provincia de Entre Ríos introduce la figura de la mediación como medida previa obligatoria antes del inicio de cualquier juicio. El tema fue ampliamente debatido en la Legislatura provincial, donde se acordó cómo se iba a implementar esta nueva figura, como así también la instrumentación de la modalidad. Para ello, los mediadores entrerrianos reforzaron su capacitación. En este sentido, es fundamental explicar que la condición de mediador no la hace el título de base, sino la formación y la permanente capacitación y perfeccionamiento. De igual modo, la reforma introdujo que en todos los casos de mediación tienen que participar dos co-mediadores: uno con título de base de abogado y otro con título de base universitario diferente al de abogado (agrimensor, escribano, martillero, psicólogo, ingeniero, psicopedagogo, asistente social, entre otros). Como consecuencia de ello, numerosos Colegios celebraron la medida, apoyando la interdisciplina que supone la mediación. La nueva Ley establece -en su artículo 287º bis- que “en todos los casos se propiciará la intervención de un co-mediador. Uno de los mediadores deberá ser abogado y el otro un profesional universitario de cualquier otra disciplina, ambos matriculados en la Provincia...”. Precisamente, este es uno de los aspectos que al día de hoy genera polémica; ya que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) reglamentó la normativa -que entrará en vigencia el próximo 19 de julio-, pero con una acordada que provocó el rechazo de los profesionales que promueven esta modalidad. Roque González es coordinador del Centro de Mediación Interdisciplinario del Colegio de Martilleros, y Emilia Bur de Mochi es la coordinadora del Centro de Mediación del Colegio de Escribanos; ambos llegaron hasta EL DIARIO para hacer pública su preocupación por esta situación “que va en contra del espíritu de la ley sancionada”, expresaron. SORPRESA Y DUDAS El artículo 1º de la reglamentación del STJ establece que “... como trámite previo a la iniciación de todo juicio, sólo puede ser cumplida ante mediador abogado... La designación podrá ser por sorteo, cuando el reclamante formalice su requerimiento en forma oficial ante la mesa de entradas que corresponda... Las partes podrán proponer la designación de un co-mediador cuando la naturaleza de la causa lo aconsejara...”. “Esta precisión es poco clara”, comenzó reclamando González. “Decir que el demandante debe pedir la intervención del mediador va en contra de todo los escrito sobre las características de la mediación, donde uno de los aspectos fundamentales es la voluntariedad”, amplió luego. Con idéntico malestar, Emilia Bur de Mochi planteó que “esto no sólo nos genera grandes dudas”, al tiempo que indicó que durante meses intentaron acceder a la reglamentación de la norma, “y nunca nos dieron respuestas, hasta el viernes que nos anoticiamos sobre la acordada y la entrada en vigencia”, aseguró. Según subrayaron, todo esto “abre dudas” sobre cómo va a operar la mediación. Cada Colegio tiene un listado con los mediadores registrados en cada uno, que luego envían para inscribirlos en el Centro de Mediación del Poder Judicial. La reglamentación establece que hay que pagar una matrícula, una tasa por servicios y hasta hay una escala de honorarios, donde se precisa el monto que recibirá el abogado y se fija además que el co-mediador que no sea abogado percibirá el 60 % de lo indicado para el letrado. “No sabemos cómo se van a habilitar la oficinas donde se van a hacer las mediaciones. Estamos ante la entrada en vigencia de una ley donde quedan sin resolver una enormidad de situaciones que nos preocupan, sobre todo porque se aparta de la letra de la Ley en cuanto a los mediadores que no son abogados”, enfatizaron. AUDIENCIA Los 16 Colegios de Profesionales involucrados resolvieron solicitar una audiencia con los integrantes del STJ, para lo cual elevaron notas el mismo viernes. Todavía no recibieron respuestas, y estiman que es debido a la feria judicial. “Nuestra preocupación es que el STJ, como órgano rector de la Justicia, haga esta interpretación con la que no se respeta el espíritu de la Ley”, opinó González. “La ley es clara; por qué el STJ, a través de una acordada reglamenta la norma apartándose de lo establecido es lo que queremos saber”, cuestionó Bur de Mochi. Asimismo, ambos profesionales reconocieron que hay una gran preocupación en muchos Colegios para ver si se modifica o suspende esta acordada, “hasta que se aclaren algunos puntos”. “De la manera en que está redactada es casi impracticable. Estamos en un momento de mucha incertidumbre. No está instalada aún en la Provincia la figura de la mediación, que es una alternativa que agiliza la resolución de problemas que pueden solucionarse antes de recurrir la instancia judicial”, sostuvieron finalmente. (El Diario)