Miércoles 16 de julio de 2008
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Policiales
Procesan a dos profesionales por la causa de sangre infectada con HIV
La causa ya obligó a tres importantes funcionarios de Salud de la anterior gestión a presentar su renuncia. El Juzgado de Instrucción Nº 8 dictó ahora el procesamiento de dos profesionales.

E

l Juzgado de Instrucción Nº 8, a cargo de la jueza Elisa Zilli decidió dictar el procesamiento del jefe del área de Hemoterapia del hospital Materno Infantil San Roque, doctor Ricardo Alberto Alcain, y de Gabriela Coronel Campana, bioquímica de aquel nosocomio, involucrados en el caso de la joven embarazada que fue transfundida con sangre infectada con el virus de HIV en una transfusión que se realizó en el hospital San Roque en los primeros días de octubre de 2006. La medida se dictó como consecuencia de la investigación que al respecto llevó adelante el fiscal Elvio Garzón en la causa que se inició con la denuncia de Carlos Zanaschi, quien era titular del Programa Sangre Segura. Alcain fue procesado por dos cargos –Incumplimiento de los deberes de funcionario público en Concurso real– y fue sobreseído de una tercera imputación –Abandono de persona– en tanto que Coronel Campana fue procesada por el delito de Lesiones culposas. Además, la jueza corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que se investigue la posible comisión de un delito por parte de Daniel Langhi, que se desempañaba en el área de Hemoterapia de aquel nosocomio cuando ocurrió el hecho. Desde la querella que impulsan Miguel Ángel Cullen y Miguel Alejandro Retamoso se mostraron satisfechos con la medida, aunque adelantaron que analizarán en detalle el procesamiento en virtud de que evalúan ampliar la imputación hacia otras personas que consideran tienen alguna implicación en el caso. Además, estudiarán ampliar la imputación a los procesados, que actualmente gozan del beneficio de la excarcelación bajo caución juratoria. Bajas El caso generó la renuncia forzada de varios funcionarios de la gestión anterior ligados de un modo u otro a organismos vinculados con la administración o manipuleo de sangre. Así, el primero que renunció a su cargo fue el médico Eduardo Elías, titular del Programa Provincial Solidario VIH/SIDA que funcionaba en el hospital San Martín. Posteriormente, en un ir y venir de situaciones internas y manifestaciones públicas, el entonces secretario de Salud de la Provincia, José María Legascue, le pidió la renuncia al denunciante Zanaschi. En ese sentido, la semana siguiente a que el caso tomara estado público por una nota de UNO, Legascue afirmó en este medio que Zanaschi fue el autor de la denuncia y explicó: “Tal presentación la hizo por su cuenta sin comunicarlo al jefe del servicio ni al director del hospital”. Finalmente el denunciante fue trasladado a un centro de salud de la capital entrerriana. También debieron dimitir el propio Legascue y el entonces director del hospital San Roque Leonardo Haenggi. A medida que pasaban los días y el caso comenzaba a exhibir serias irregularidades en el funcionamiento de áreas de la salud pública, el entonces ministro de Salud y Acción Social de la provincia, Gustavo Bordet, compareció en la Cámara de Diputados para dar explicaciones en relación al caso. Así, en la última semana de mayo de 2007, Bordet compareció ante los legisladores y en una dilatada sesión dio su versión del caso y sostuvo la postura de que se “trató de un lamentable error humano”. Renuncias masivas en Salud El caso conmocionó a la opinión pública entrerriana y puso sobre el tapete la falta de control de los bancos de sangre y cuestionó la efectividad de las políticas del programa Sangre Segura. Además exhibió la poca rigurosidad del funcionamiento de sectores clave de la Salud Pública que quedaron en evidencia con la desaparición de la historia clínica del donante y la posible existencia de un mercado negro de la sangre. El procesamiento de los dos profesionales es un avance en el esclarecimiento de una causa que tuvo dilaciones en la etapa de instrucción, puesto que Coronel Campana adujo padecer problemas de índole psicológico que fueron postergando su declaración indagatoria, la que se realizó varios meses después de su citación y en la que estuvo declarando por más de cinco horas. Las idas y vueltas del caso dejaron entrever no sólo la falta de control en el Estado, sino que además el querellante en la causa debió exigir a través de la Justicia que la madre y la beba debieran ser asistidas en centros específicos. Lamentablemente durante un tiempo autoridades negaron el problema y la propia atención a los afectados. En ese sentido el actual ministro de Salud, Ángel Giano, a poco de asumir confirmó que la gestión iba a contener a la víctima del grave hecho. Por ello dispuso una serie de medidas que permitieron la continuidad de la asistencia específica. A pesar del paso del tiempo los programas de sangre en la provincia fueron afectados en su corazón: la confianza. DATOS • El 29 de setiembre se hizo la extracción de sangre al donante. • El 8 de octubre se realizó la transfusión a la mujer embarazada. • A fines de octubre se produjo el parto en el que nació el bebé. Fuente: Diario UNO
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