Martes 29 de julio de 2008
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Economía
La Justicia intervino la empresa Redengas
En 2007 se desató una disputa interna hacia el interior del Holding Intergas, controlante de la distribuidora que del servicio de gas natural de 36 mil hogares en Paraná. El Gobierno provincial dice que la medida no tiene que afectar el servicio.
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L

a Justicia primero nombró a un veedor, y hace 20 días notificó al Gobierno de la resolución de intervenir a la firma, que mantiene una deuda con la Provincia de $ 500 mil. «Extraordinaria propiedad comercial/industrial. Más de 2.000 m2 cubiertos de oficinas y galpones, sobre terreno de más de 5.000 m2. A sólo 12 cuadras de la Plaza 1º de Mayo». El aviso se publica desde hace días en los Clasificados, y no pasaría por un aviso más si no fuera que la propiedad en cuestión que está a la venta es la sede de la distribuidora Redengas, en Grella y López y Planes. En la Inmobiliaria Caramagna, que tiene la operatoria, dijeron que la venta comprende «sólo la propiedad», pero evitaron dar a publicidad la base de venta del inmueble. En esa esquina que ahora está en venta se trasladó la distribuidora hace un año aproximadamente, luego de adquirir la propiedad que antes fue de una fraccionadora de gaseosas, y realizó importantes inversiones en su reacondicionamiento. Anoche, a pesar de las consultas, no se pudo establecer si la venta del predio implicaba la mudanza de Redengas, y en ese caso, hacia qué lugar. La firma abastece en Paraná a un universo de más de 36 mil usuarios de gas natural. INTERVENIDOS. Aunque la novedad más relevante no es la operación inmobiliaria sino las tensiones que se viven puertas adentro de Redengas. Una orden judicial dispuso su intervención, medida que el Gobierno provincial conoció hace 20 días aproximadamente, según dijo el secretario de Energía, Raúl Arroyo. La intervención sería consecuencia de una fuerte disputa interna en el seno del grupo económico controlante de Redengas, con acusaciones cruzadas acerca de prácticas fraudulentas en su gerenciamiento. —¿Qué piensan hacer ante esa situación? —Por el momento, nada. Lo único que hemos recibido es esa cédula de notificación judicial. —¿Prevén que haya alguna afectación en la prestación del servicio? —No tendría por qué haberlo. A nosotros al menos no nos han comunicado nada. Y el Gobierno no ha intervenido. —¿Sabe que salió a la venta la propiedad donde tiene su sede Redengas? —No, no lo sabía. Es la primera información que tengo. CRISIS EMPRESARIA. La disputa judicial se conoció en octubre último, cuando trascendió que Mauro Casari, socio del Holding Intergas SA- Emprigas SA, controlante de Redengas, denunció al presidente del grupo, Ugo Ghezzi, y consiguió que la Justicia designe un veedor judicial para que verifique el estado de los libros y consigne “el riesgo que pudiere existir en la prestación del servicio público”. La resolución la adoptó Alejandra Tévez, titular del Juzgado Nº 13 de Capital Federal, quien dispuso la designación de José María Gil como veedor judicial de las empresas. Casari en realidad había reclamado lo que ahora finalmente se dio, una intervención judicial en las compañías. Según la página de Internet de Redengas, la empresa pertenece a Holding Intergas S.A., que preside el italiano Ugo Ghezzi, y que integran como vicepresidente Alejandro Ivanissevich, y como director titular, Luigi Brambilla. Cuando la Justicia dispuso la designación de un veedor en el grupo empresario, se apoyó en el hecho de la existencia de actas notariales “que ponen de resalto la negativa a brindar las informaciones que se le requirieran acerca de las sociedades” y también la radicación de “denuncia penal por presuntos hechos fraudulentos cometidos por los administradores de las sociedades en cuestión”. “Puede entenderse que las discrepancias en el seno de las sociedades se intensifiquen de manera tal que podrían llevar en lo inmediato a desquiciar sin solución de continuidad el funcionamiento de los entes en cuestión y, en lo inmediato, a afectar la prestación de un servicio público”, según la resolución judicial que publicó a mediados de octubre último un cable de la Agencia Periodística Federal (APF). Entonces, la jueza estimó que “los elementos aportados hasta aquí no generan convicción suficiente para proceder a la exclusión en el manejo de los negocios sociales (intervención) que se busca obtener por este vía, ello no excluye óbice para que en uso de las facultades conferidas por el ordenamiento ritual se estime adecuado la designación de un veedor judicial”. De igual modo, se encomendó al veedor Gil informar periódicamente a la Justicia del “funcionamiento y marcha de los negocios de las sociedades” verificando a ese fin “el estado de los libros sociales, contables y demás documentación que estime necesaria para su cometido e indicando concretamente el riesgo que pudiere existir en la prestación del servicio público”, prescribe el mandato de la Justicia. DEUDAS CRUZADAS. Durante el último año de gestión del ex gobernador Jorge Busti, el entonces secretario de Energía, Carlos Molina, hoy a cargo de la faena de reactivar los ramales ferroviarios inactivos desde hace más de una década, mantuvo una ácida disputa con los directivos de Redengas por la existencia de una deuda impaga de más de medio millón de pesos. Molina había cuestionado lo que consideró como «falta de inversión» en el servicio de gas natural. “La infraestructura de alta presión en Paraná es la misma que hace 17 años. La infraestructura estuvo a cargo de la Provincia, y desde allí, la empresa hizo inversiones en redes, que en algunos casos terminaron siendo pagadas por los vecinos frentistas”, indicó. El 23 de febrero de 1994, la Provincia entregó en comodato las redes de distribución de Paraná a Redengas, con la condición de que obtuviera la licencia como subdistribuidora de gas para la capital provincial. En el acuerdo, se dejó establecido que el comodato cesaría “en caso de que el Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) deje sin efecto la autorización para actuar como subdistribuidor en razón de causales previstas en la licencia”. Pero en el traspaso habrían quedado saldos impagos, que ahora rondarían el medio millón de pesos. Ayer, el actual secretario de Energía confirmó que esa deuda sigue impaga, a pesar de los sucesivos reclamos hechos por el Estado entrerriano a la distribuidora. (El Diario)
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