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l miércoles pasado, el Gobernador Sergio Urribarri y la titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, en un acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández, firmaron un acuerdo que definió un principio de solución para los más de 400 productores agropecuarios entrerrianos que mantienen deudas con la entidad bancaria nacional desde mediados de los años ´90. El convenio contempla la inmediata suspensión de los trámites judiciales en curso y deberá ser tratado en nuestra provincia por los legisladores dentro de los próximos 60 días. Sin embargo, lo que pareció un acercamiento del gobierno con los productores agropecuarios, quedó en suspenso ya que el Presidente del PJ provincial, José Cáceres, sentenció no estar de acuerdo con la medida y que además “hay empresarios que quieren privatizar las ganancias y socializar las pérdidas” y afirmó que este convenio “no tiene nada que ver con la justicia social y con la distribución del ingreso" fundamentó. En base a estas declaraciones, INFORME DIGITAL realizó un relevamiento de las opiniones de varios diputados. Entre ellos la de José Cáceres quien llamativamente cambió la tónica de sus declaraciones y manifestó que “no puedo hablar del tema porque no ha leído nada aún”. Si bien fueron varios los legisladores que se excusaron de esta manera, llama la atención que quien se despacho con términos muy duros en contra del convenio, ahora argumente desconocerlo. Las opiniones de los diputados Aunque aún no conocen el texto del convenio en forma exhaustiva, los legisladores concuerdan en que deben revisar la cuestión en profundidad y que “si ayuda a quienes quieren trabajar de verdad lo aprobaremos” El Diputado Provincial José Salim Jodor -PJ- , remarcó que “estamos totalmente de acuerdo, el Estado nacional debe socorrer, ayudar, colaborar y asesorar a los productores para que exista una mayor producción y tratar, en lo posible, de darles una mano para que salgan de la difícil situación en la que se encuentran". En cuanto a las declaraciones del presidente del PJ José Cáceres, afirmó que “la doctrina peronista promulga la Justicia Social y esta no es más que ayudar a quienes lo precisen” y remarcó "yo soy peronista y no digo lo que dijo el Diputado". Quién se mostró un poco más cautelosa fue la legisladora Ana D´Angelo, representante del Encuentro Amplio Entrerriano, quien enfatizó que “primero tenemos que saber en que términos se ha firmado este convenio. Hay muchas cosas que analizar, no es el único sector que tiene deudas y se debe saber quienes serán los beneficiarios de esta ayuda, porque esto -por el convenio- se garantiza con una deuda que recaerá sobre la provincia" recalcó. Sin embargo agregó que “sabemos que esto ayudaría a aquellas personas que se endeudaron en los 90 y todo lo que podamos hacer para que retomen su actividad se hará. Siempre y cuando sean pequeños productores, porque el concepto es que la tierra esté sus manos, ya que si se funden la tierra se concentrará en pocas manos”. Y finalizó diciendo que “si esto significa un endeudamiento más, sin concepto, haremos lo posible para que no se haga”. El Contador Juan Alberto Bettendorff , diputado por el PJ, admite que “nos preocupa que el gobierno de Entre Ríos comprometa los fondos de coparticipación para garantizar esa operación”, aunque afirma que “nos parece bien que se refinancie la deuda de los productores, pero teniendo en cuenta esta preocupación”. Agregó además que “deberíamos ver el patrón de los productores beneficiados y estudiar cada uno de los casos, ya que se habla de 53 millones de pesos que para la provincia de Entre Ríos es mucha plata. Si este convenio solo trata de provincializar una deuda que es difícil de cobrar, para el Banco Nación, me parece que no es bueno” remarcó. La legisladora Mirta Alderete, Diputada por el bloque radical, aseguró que “todo lo que se pueda hacer en beneficio de esta gente que ha luchado tanto me parece muy bueno. Aunque estoy segura que la ayuda para al campo debió haber sido desde un primer momento y no caer en conflictos como el de las retenciones” y concluyó “esto es una ayuda, no un regalo del Estado. Es para que sigan trabajando ya que lucharon con mucho sacrificio durante muchos años y no es justo que pierdan su patrimonio", concluyó.