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or Oscar Londero
Editor responsable de accesolibre.org
Las planillas oficiales son elocuentes. Los 13 folios contienen los nombres de 671 funcionarios públicos de Entre Ríos, de los cuales sólo 421 presentaron su declaración jurada patrimonial.
De la información, brindada por la Contaduría General de la provincia se desprende por añadidura que el 30 por ciento restante –es decir, 250 autoridades públicas-, incumplieron con la obligación prevista por la Ley 3.886.
Esa norma, sancionada en 1953, establece en su artículo quinto que todo funcionario público deberá informar sobre la conformación de su patrimonio dentro de los 30 días siguientes a su designación.
Los sobres, cuyo contenido es de carácter secreto, deben ser lacrados y depositados en la Contaduría General, que por imperio de la Ley 3.886 tiene a su cargo el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Personal de la Administración Pública.
Eso motivó la presentación de un pedido de información pública ante el organismo. La petición fue realizada según el procedimiento previsto por el decreto 1.169/05 GOB, que regula el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo de Entre Ríos.
La intención era obtener la "lista completa de funcionarios de la actual administración provincial –incluyendo los que se encuentran al frente de organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado- que presentaron sus declaraciones juradas patrimoniales según lo establecido por la Ley 3.886".
También se pidió que, en caso de existir, se brindara a accesolibre.org una copia de la lista de funcionarios incumplidores. Y la solicitud incluyó además "copia de las notas enviadas por el organismo a fin de que los incumplidores regularicen su situación".
El pedido, que ingresó por Mesa de Entradas de la Contaduría el 4 de marzo pasado, sirvió para requerir "la lista de funcionarios a los que se le aplicó la retención de haberes, conforme lo establece la Ley 3.886".
Por último se solicitó la nómina de legisladores provinciales y convencionales constituyentes que hayan presentado su declaración jurada patrimonial ante la Contaduría.
Responsables y no tanto
La copia del Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales brindada a accesolibre.org está fechada el 11 de abril pasado. Y según consta en su primer folio, un día antes el gobernador Sergio Urribarri, informó sobre la conformación de su patrimonio y su sobre quedó registrado como U 015.
Diferente resultó ser el caso del vicegobernador José Eduardo Lauritto. De acuerdo con la documentación brindada desde la Contaduría General de la provincia, el presidente del Senado de Entre Ríos figura en la lista de incumplidores.
En cambio, los tres ministros del Poder Ejecutivo cumplieron con la obligación fijada por la Ley 3.886. Y el primero en aparecer en la lista resultó ser Ángel Giano: el titular de la cartera de Salud y Acción Social la entregó el 15 de marzo pasado y su sobre quedó registrado como G 813.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Adán Bahl entregó su declaración jurada patrimonial el 24 de abril de 2004. Su sobre, identificado como B 819, lo presentó siendo secretario de Obras y Servicio Públicos.
Si bien la Ley 3.886 estipula que los funcionarios públicos deben actualizar su declaración jurada, la norma también fija que el cambio se debe realizar en caso de que el involucrado haya tenido una modificación sustancial de su patrimonio.
Se trató de un caso semejante al del ministro de Economía, Diego Valiero. El funcionario presentó su sobre lacrado –identificado como V 248- el 10 de marzo de 2004, poco después de haber asumido en esas funciones por decisión del ex gobernador Jorge Busti.
La base de datos de la Contaduría también revela que hay cinco secretarios de Estado entre los incumplidores. La lista incluye a José Gervasio Laporte (Legal y Técnica), Raúl Arroyo (Energía), Guillermo Federik (Planificación), Fernando Raffo (Medio Ambiente) y Héctor Motta (Producción), hoy ex funcionario.
La situación de ese grupo difiere con la de otros funcionarios de igual rango como Sigrid Kunath (General y de Relaciones Institucionales, K 062), Mario Elizalde (Salud, E 211) - hoy ex funcionario -y Humberto Flores (Hacienda, F 433).
La lista de cumplidores también incluye, entre otros, al jefe de Policía, Roberto Massuh (M 785); a la presidenta del Consejo General de Educación, Graciela Bar (B 912); a la presidenta del Consejo Provincial del Menor, Dora Jávega (J 078); al presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, Julio Aldaz (A 648): y al presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Daniel Elías (E 215).
Las planillas brindadas por la Contaduría, que figuran como documentación complementaria de este artículo, tienen ocho columnas. De izquierda a derecha se mencionan organismos; cargos; nombre de los funcionarios; número con que se archiva el sobre; fecha de su presentación; número de recibo brindado por la Contaduría; número de nota enviada a los incumplidores; y fecha del pedido.
Por carriles separados
En respuesta al pedido de información, se indicó que la Contaduría no podía brindar datos sobre las declaraciones juradas de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
Se explicó que la Ley 3.886, en su artículo segundo, le brinda facultades para organizar su respectivo Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales, por lo que la consulta deberá ser efectuada al contador General del Poder Judicial.
Diferente es la situación del Poder Legislativo, ya que la situación varía de acuerdo con la Cámara que se consulte. Tal es así que Diputados, a través del decreto 66/07, fechado el 27 de noviembre del año pasado, creó la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales.
El organismo, que depende de la Prosecretaría de la Cámara Baja, comenzó a funcionar el 11 de diciembre del año pasado, coincidiendo con el cambio de gobierno. Tal es así que su titular es Elbio Gómez, quien hasta un día antes ocupó una banca en el bloque justicialista.
Pero a pesar de la existencia de esa Oficina numerosos diputados presentaron su declaración jurada patrimonial ante la Contaduría General de la provincia.
La lista incluye a Darío Argain, Jorge Busti, Juan Domingo Zacarías, Daniel Bescos, Rubén Adami, Juan Carlos Almada, Jorge Bolzán, Hugo Vásquez, José Jodor, José Ángel Allende, Juan Bettendorf, Alicia Haidar y Jorge Kerz (Frente para la Victoria); José Oscar Cardoso, Alcides López, José Artusi,(Unión Cívica Radical); y Ana D’Angelo (Concertación Entrerriana
En cambio, hubo legisladores que prefirieron presentar su declaración jurada ante la oficina de la Cámara Baja. Así lo hicieron Eduardo Jourdán y Patricia Díaz (Frente para la Victoria); y Héctor De la Fuente (Concertación Entrerriana).
Por su parte, la lista de diputados incumplidores incluye a José Cáceres, Jorge Maier, Hugo Berthet, Lidia Nogueira y Horacio Flores (Frente para la Victoria), y José María Miser (Unión Cívica Radical).
De acuerdo con la información brindada por la Contaduría, en ese organismo informaron sobre la conformación de su patrimonio 14 de los 16 senadores justicialistas. Los incumplidores fueron Oscar Arlettaz, Aldo Ballestena y el radical Horacio Díaz.
En tanto, de los 45 convencionales constituyentes, sólo 17 presentaron su declaración jurada patrimonial. La lista está compuesta por los radicales Fabián Rogel, Rubén Villaverde y Alba López; los justicialistas Sigrid Kunath, Guillermo Martínez, Jorge Busti, Eda Caramelle, Nelio Calza, Juan Carlos Almada, José Ángel Allende, Raúl Taleb, Luis Márquez, Rosario Romero, Jorge Salomón, Gustavo Díaz, Miguel Carlín, y Julio Federik
Un trabajo de hormiga
Desde la Contaduría se admitió que no resultó sencillo obtener la información requerida. Al menos así quedó plasmado en la respuesta que firmó el subcontador General de la provincia, Darío Koch,
Su escrito, de tres carillas, precedió a las planillas en Excel que contienen el detalle de funcionarios cumplidores e incumplidores, y fue brindada el 14 de abril pasado.
Ya se había vencido el plazo de 10 días hábiles que fija el decreto 1.169/05 para que se brinde una respuesta, sin que la Contaduría tampoco solicitara una prórroga por un período semejante.
Para justificar lo sucedido, Koch explicó que la demora se originó "por inconvenientes en el armado y control de la nueva base de datos". Y mencionó que en eso influyó "el receso administrativo dispuesto (hasta el 18 de enero último); el período de licencias ordinarias por vacaciones del personal de la administración pública en general; las modificaciones que aún se están produciendo dentro de la nueva estructura de gobierno y las correspondientes designaciones de funcionarios; y la tarea de cierre de la Cuenta General de Ejercicio 2007, lo que origina un cúmulo importante de trabajo extra".
El funcionario también reveló que "la base de datos para el Registro de Declaraciones Juradas se confeccionó" tendiendo en cuenta tres fuentes de información.
Según explicó, la Dirección de Liquidaciones "brindó listado de funcionarios liquidados en el mes de febrero de 2008 en el ámbito de la Administración Central", se utilizó la nómina de autoridades de la Dirección de Ceremonial, "y vía Intranet se trató de obtener detalle de Autoridades de Empresas del Estado y Sociedades de Economía Mixta".
Koch precisó que "conforme información obtenida se comenzó a elaborar el nuevo listado de funcionarios y agentes obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales, lo que dio inicio a la etapa de control y envío de notas para el cumplimiento y actualización de las mismas".
Y añadió que "se está otorgando un plazo de 15 días, contados desde su fecha de recepción y aún no se han remitido notas para realizar la correspondiente retención de haberes por encontrarse en una primera etapa de registro, control y remisión de notas recordatorias".
Desde el organismo se indicó que "la base de datos que se conformó cuenta aproximadamente con 660 cargos entre funcionarios y personal fuera de escalafón bajo la órbita de control de esta Contaduría General en lo que respecta a la actual gestión del Sr- Gobernador Sergio Urribarri".
Pero Koch también admitió que "se ha dificultado el control por la falta de rectificación a este organismo de las nuevas designaciones, debiendo para poder detectarlas, revisar toda la nómina de autoridades tal como solicitar nuevos listados a la Dirección de Liquidaciones de la Provincia". Revelando que "se registran además presentaciones diarias que van modificando la base de datos".
El funcionario agregó que "se analizó además quienes tienen declaraciones ya presentadas en la gestión anterior a los efectos de solicitar su correspondiente actualización, de existir cambios sustanciales en su patrimonio, conforme lo establece la Ley 3.886". :
