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UTOR: INFORME DIGITAL El pleno de la Convención Constituyente sancionó el viernes, sobre tablas y por unanimidad, la creación de la Fiscalía Anticorrupción, que tendrá a su cargo la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos de la administración pública. Julio Federik, como presidente de la comisión de Control del Estado, defendió el despacho destacando las nuevas facultades que tendrá esta fiscalía anticorrupción que no sólo investigará sino que intervendrá en la causa y sostendrá su investigación. "Le estamos dando una especialidad que es fundamental porque la investigación no puede ser ramos generales" advirtió. "El que acuse que dé la cara" definió Federik para quien esta actitud es indispensable "en una democracia". Desde la UCR, Jorge Monge dijo que el despacho es "un gran avance en lo institucional y en la política criminal" y Santiago Reggiardo, destacó la especialización del fiscal. Para Augusto Alasino, el despacho "debe caminar por otro lugar" y puso en dudas su facultad de intervenir en todos los estados. El dictamen Un Fiscal del Ministerio Público, con competencia en todo el territorio de la Provincia, tendrá a su cargo, la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública. Su titular y demás integrantes serán fiscales designados con intervención del Consejo de la Magistratura. La Procuración General asegurará los medios, el apoyo tecnológico, la continuidad y estabilidad necesarios, para el cumplimiento cabal de su cometido.- Oficina Anticorrupción y Etica Pública Hasta que se apruebe la nueva Constitución de la provincia lo que sigue en funciones es la Oficina Anticorrupción a cargo del Doctor Luis Pedemonte. LEY Nº 9.539 (B.O. 30.12.2003) El artículo 7º de la Ley 9.539 –crea la Oficina Anticorrupción y Ética Pública- indica que tendrá por funciones, según la Ley, velar "por la prevención e investigación de todas las conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por Ley Nº 24.759 y el Código de Ética Pública a tratarse próximamente". El ámbito de aplicación de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública la Ley le otorga es la Administración Pública Provincial, centralizada y descentralizada; Entes Autárquicos, Empresas del Estado; Sociedades con participación estatal y todo ente público o privado con participación estatal y/o que tenga como fuente de recursos el aporte del Estado Provincial. El decreto número 150 Faculta a la Oficina a efectuar auditorías jurídicas y contables, verificaciones, informes, encuadres normativos y conclusiones que le sean encomendadas por la Fiscal de Estado y/o el Poder Ejecutivo. El decreto número 3544/04 diseñó el Reglamento Orgánico de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública, creando dos áreas en la misma. Amplió las facultades del art. 4º del Decreto 150/04 GOB estableciendo la posibilidad de recibir denuncias de particulares y agentes públicos, efectuar investigaciones al respecto e interponer denuncias ante la justicia, constituirse como querellante.