Martes 09 de septiembre de 2008
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Política
La Convención Constituyente aprobó el texto sobre Educación Común
Se desarrolló la sesión plenaria cuyo tema principal fue la Educación Común. El texto que consagra a la educación como un derecho fundamental, fue votado en general por unanimidad, en tanto hubo disidencias parciales.
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ntes de abordar los temas del día, el convencional José Allende pidió la palabra para repudiar las críticas de algunos intendentes de la provincia por el tema de la reforma al Régimen Municipal. Dijo que muchos de ellos “jamás se acercaron ni se interesaron por la Constitución que estamos reformando” y dejó sentado que “hemos tenido que soportar agravios tremendos” por lo que “me da mucha pena”, ya que finalizando el trabajo “estos hechos no deberían haber sucedido”. Asimismo, Allende habló de la “prudencia” con la que se trataron los temas hasta el momento en el seno de la Convención, y solicitó un “acto de desagravio” por parte de los intendentes para poder dialogar sobre lo que reclaman. Con la presencia en el salón del Consejo General de Educación de alumnos de escuelas de La Paz, el cuerpo reformador dio giro al archivo a varios expedientes. En algunos temas fueron varios los convencionales que se expresaron, lo que demandó casi tres horas. Asimismo, tuvieron ratificación tres dictámenes de la comisión de Redacción, referidos a Órganos Autónomos de Control, Derechos Humanos en Tratados Internacionales, y Ambiente. Los números de la provincia Debido a temas que giraron al archivo, se produjo un debate respecto a los números de la provincia. Fue el convencional Augusto Alasino quien planteó la dependencia provincial a la Nación y se extendió al respecto. Desde su banca, el presidente de la Convención Constituyente hizo referencia al presupuesto provincial y la relación de Entre Ríos con el Gobierno nacional en cuanto a números. “En el presupuesto ejecutado del año 2007 terminamos en equilibrio fiscal con 170 millones de deuda que el Gobierno nacional no nos pagaba porque no quería”, advirtió. “Tristes pactos fiscales se firmaron en esta provincia donde se entregaron, rescindieron servicios, y se perdió federalismo”, comenzó diciendo el presidente de la Convención desde su banca. “Esa lucha federal hay que seguirla”, señaló, ya que “cuando uno analiza la dependencia de la provincia esto es innegable”. Por otro lado, hizo hincapié en que “hay otras exigencias que se le pueden hacer al Gobierno nacional, que viola permanentemente”, en este punto citó el caso de la Caja de Jubilaciones donde “pagamos un doble déficit”. En este sentido, indicó que “en el presupuesto ejecutado del año 2007 terminamos en equilibrio fiscal con 170 millones de deuda que el gobierno nacional no nos pagaba porque no quería”, por lo que “se tuvo que llegar hasta intimaciones para pedir algo que es nuestro”. Asimismo, Busti se refirió al tema de los sueldos. “Esta provincia en los últimos años no ha perdido el equilibrio fiscal”, manifestó, para enumerar que en el presupuesto ejecutado en el 2007 en rentas generales, recursos afectados se destinaron 3.185 millones de pesos, y “se les marcó a los gremios estatales que mensualmente nunca se podía llegar a pasar el 53% de los gastos totales para la masa salarial”, añadió. El ex gobernador dijo que además se pagó el gasto de funcionamiento del Estado, y en 2003 la deuda pública provincial representaba el 141,5 % del presupuesto provincial, en el 2007 era el 70,5% y el proyectado para el 2008 es de 66,5%. En cuanto a los servicios de la deuda, lo que se paga de intereses, en el 2003 era de 18,7%, en el 2007 el 11,18%, y en el 2008 un 9,39%. En cuanto a las prioridades del Estado en 2007 fue de 172 millones de pesos, un 148% más que en 2003 de gasto mensual en la masa salarial. En relación al fortalecimiento de la Caja de Jubilaciones, pasó de diciembre de 2003 de 703 pesos a un 1729 promedio nominal en 2007; el fortalecimiento de la institución municipal que recibía 136 millones de pesos en 2003 y 405 millones en 2007, por lo que constituye un “incremento muy importante”. Busti explicó además que se reincorporaron 2.297 agentes despedidos por la ley 9235, se normalizó la franja de personal, 4.725 agentes se recategorizaron, todos lo que tenían más de dos años, y se pasó a planta permanente 1710 agentes, y a 2722 se les dio estabilidad. “Coincido en que hay que dar una fuerte discusión con el gobierno federal, no solamente con el tema de los aranceles sino también con el tema de los aportes al tesoro nacional que es plata de la provincia” remarcó luego. Para finalizar, Busti comentó que “nosotros tenemos de tributos nacionales 2.370 millones, tributos provinciales 706 millones en cuanto a gastos, por ejemplo el Poder Judicial lleva 147 millones de pesos que es el 5% del presupuesto provincial, el Legislativo lleva 88 millones de pesos, el 3%; el personal del Poder Ejecutivo lleva 1.678 millones 53 %de gastos; bienes y servicios 203 millones, intereses de la deuda 81 millones, coparticipación a municipios 406 millones, déficit de la Caja de Jubilaciones 215 millones, entidades privadas que se ayuda 140 millones, otros gastos corrientes 80 millones y otros 62 millones”. De la comisión Poderes, los convencionales aprobaron modificar la actual redacción del inciso 28º del Artículo 81 de la Constitución Provincial, por el siguiente texto: “Corresponde al Poder Legislativo: inciso 28º) “Conceder o negar licencia al Gobernador y Vicegobernador para salir temporalmente fuera de la Provincia, o de la capital por más de quince días, por razones ajenas al desempeño del cargo”. Educación Común Raúl Barrandeguy, de FJpV, titular de la comisión Nuevos Derechos y Garantías, destacó los 64 proyectos presentados sobre el tema. El convencional habló de una “doble transformación en la manera de ver la educación en la provincia”. En primer lugar, el dictamen “abandona la idea de que la educación es un servicio público”, diciendo que la educación “es un derecho humano fundamental”. Por otro lado, habló de “igualdad de oportunidades”. Griselda De Paoli, de la UCR, explicó punto a punto el texto. Entre otras cuestiones, resaltó el concepto de “derecho fundamental” de la educación, y la obligatoriedad desde el nivel inicial hasta el secundario. Comentó los requisitos para ocupar los principales cargos en el ámbito educativo, como así también exigencias para el Consejo General de Educación. El dictamen apunta a “jerarquizar la escuela”, a fomentar la participación de los padres y la comunidad en el sistema educativo, y a mejorar la inversión. Carlos Díaz, de CC, resaltó el “perfil humanista” del texto y se explayó sobre la realidad de la educación. Por su parte, Adriana De la Cruz de Zábal, también del mismo bloque, hizo consideraciones sobre el tema. Rubén Villaverde, del radicalismo, propuso incorporar al dictamen que se garanticen los 180 días de clase del ciclo lectivo mínimo, y que el Gobierno implemente medidas en ese sentido. Desde Recrear, Martín Acevedo Miño remarcó la incorporación en el texto de la erradicación del analfabetismo. Hermo Pesuto, de VER, resaltó el “trabajo minucioso” de la comisión y planteó su disidencia parcial en relación a la educación sexual, por lo que solicitó retirarlo del texto y que la ley lo contemple, ya que sino debería nombrarse la educación vial, ambiental, etc. Con relación a la conformación del CGE, la propuesta es un director general y cinco vocales, explicó Pesuto. Mientras en el recinto se hizo presente la presidenta del Consejo General de Educación, Graciela Bar, Américo Schvartzman, de CC, dijo que “la letra constitucional puede favorecer u obstaculizar las concreción de respuestas”. Asimismo, trajo a colación cuestiones relativas a la historia educativa entrerriana. Destinar el 30% como mínimo del presupuesto para educación “es imprescindible” señaló, como así también puntualizó en la no participación en la sesión de los interesados en el tema, como son maestros, alumnos, padres. Julio Federik, de FJpV, dijo que el dictamen será una “pauta distintiva” y resaltó varios puntos del mismo. Emiliano Acharta, de CC, habló de las escuelas de gestión privada, muchas de las cuales realizan “tareas titánicas” y “contribuyen con el Estado y el Estado con ellas”. Augusto Alasino, de VER, propuso una modificación, mientras que Celeste Pérez, de FJpV, resaltó a la educación como un “instrumento importante de inclusión y movilidad social”. Miguel Carlín, del mismo bloque, también celebró el dictamen. Fabián Rogel, de la UCR, subrayó puntos importantes del despacho. Fue Barrandeguy quien cerró la lista de oradores, y estampó las modificaciones finales. En general, se aprobó el dictamen. En el artículo 1° fueron 42 convencionales los que votaron afirmativamente. El artículo 2° también fue aprobado por unanimidad, al igual que el artículo 3°, el 4° y el 5°. En el artículo 6°, el que se suprimió y quedó tal cual la Constitución vigente, 32 convencionales dieron aval. El artículo 8° fue votado afirmativamente por 38 convencionales. El artículo 9° fue votado por unanimidad, en tanto el 10°, fue avalado por 38 convencionales. El artículo 11° fue votado afirmativamente por 37 convencionales. El artículo 12° salió por unanimidad, el 13°, relativo al presupuesto, fue votado por 36 convencionales. El artículo 14° fue aprobado por unanimidad, como también el 15°. Otros dos dictámenes aprobados Barrandeguy, presidente de la comisión Nuevos Derechos, resaltó el trabajo de la misma. Schvartzamn celebró el texto, mientras que Alasino propuso incorporar a los diarios, lo que se tratará en la comisión de Redacción. El texto fue votado por unanimidad y expresa que “El Boletín Oficial de la Provincia distribuirá de manera gratuita a todas las escuelas y bibliotecas públicas y populares para su libre consulta por la ciudadanía la publicación de leyes y decretos provinciales. Asimismo, se dispondrá en el medio de almacenamiento de datos de acceso más universal que permita la tecnología disponible, con validez legal. Los tres poderes del estado tendrán garantizada su distribución.” Por otra parte, se incorporó como último párrafo del Artículo 43º del Reglamento, el siguiente texto: “La Comisión de Redacción y Revisión, queda exceptuada de los plazos establecidos en el presente para la presentación de dictámenes y otros asuntos.” Para De la Cruz de Zabal, se aprobó "un buen dictamen" Excepto algunas diferencias relacionadas con el porcentaje destinado al presupuesto educativo y a los concursos docentes para las escuelas privadas con apoyo estatal, el dictamen sobre Educación Común que aprobó el pleno de la Convención "es positivo", opinó la convencional de la Coalición Cívica- Partido Socialista (CC-PS), Adriana de la Cruz de Zabal, aunque aclaró que el porcentaje destinado a educación "podría haber sido mayor". Para la convencional del ARI oriunda de Basavilbaso, en el dictamen que aprobó el pleno sobre Educación Común "hay aspectos para destacar, como por ejemplo, la pedagogía de la paz y otras cuestiones relacionadas con la mediación en conflictos –en particular para los tiempos que vienen-; la autonomía universitaria y la educación ambiental como cambio de paradigma para un mundo posible a pesar de las diferencias". Por eso consideró que "éstos puntos son fundantes de una nueva educación. Ahora el anhelo es que se implementen rápidamente y que sean aplicables. Por eso hoy es un día histórico, en particular para quienes como en mi caso, hemos trabajado en varios proyectos en forma simultánea". Valorizó que por primera vez se incluya en la Constitución a las bibliotecas populares: "representan un valor insustituible para toda la ciudadanía, e incluso han contribuido a sostener la educación cuando eran las únicas que aportaban la bibliografía, complementándose con cursos y apoyo escolar". No obstante aclaró que le queda el sabor amargo de no haber conseguido "un porcentaje mayor de los recursos provinciales para el presupuesto educativo. No creo que haya otra manera de mejorar a nuestra provincia si no es a través de la educación". Schvartzman: "El despacho de Educación es un avance, pero faltan respuestas" Américo Schvartzman, vicepresidente del bloque del Partido Socialista-Coalición Cívica (PS-CC), destacó el despacho de Educación aprobado en el plenario de la Convención Constituyente este martes, pero lamentó que se produzca en medio de un conflicto en el que el Gobierno "echa leña al fuego". También especificó sus disidencias con el dictamen aprobado: su bancada quería mayor presupuesto, concursos para todos los docentes y conformación democrática del Consejo General de Educación (CGE), y concluyó diciendo que, aunque el dictamen es un avance, "los dolores que quedan son las libertades que faltan". En una extensa alocución, el convencional de Concepción del Uruguay expresó la posición del bloque en el debate por el dictamen de Educación. Aunque acompañó el dictamen en general, no dejó de marcar diferencias importantes, tales como el presupuesto, reclamando que se aumentara al 30 por ciento de las rentas generales. Para ello brindó datos que muestran que Entre Ríos no se encuentra en la mejor de las situaciones en cuanto a inversión por alumno. Recordó que hay provincias que tienen más de un tercio de su presupuesto volcado a Educación: "La provincia de Buenos Aires, con sus particularidades, con su realidad, en el período 2001-2005 destinó el 36 por ciento. Santa Fe, en ese mismo período, el 30,7 por ciento. Entre Ríos, el 24,7. Creemos que establecer el piso en 30 por ciento es verdaderamente imprescindible". También cuestionó que no se incorporara el artículo que establecía que todos los cargos docentes sostenidos por el presupuesto provincial, sean cubiertos por el mismo régimen de concursos. Schvartzman aseguró que "el principio de igualdad reconocido en la normativa vigente, se viola de modo flagrante en nuestra provincia", y que esa incorporación quería remediar dicha situación. "En un día histórico, en el que aprobaremos, con disidencias o no, este dictamen, el sistema educativo en la provincia se encuentra en una grave crisis, en un grave conflicto, con un nuevo paro de mis compañeros de trabajo, con los padres legítimamente reclamando la efectivización de su derecho, con el fiscal del Superior Tribunal de Justicia pidiéndole al gobierno provincial que le responda de qué manera va a dar cumplimiento efectivo a ese derecho a la educación que tienen nuestros niños y niñas. Y no hay nada que garantice que el despacho que aprobemos sea una respuesta radical a los problemas centrales. Aunque la letra constitucional por sí sola no modifique ninguna realidad lo que sí puede hacer es favorecer u obstaculizar la concreción de esas respuestas", lamentó, en otro orden, el docente y periodista uruguayense.
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