Martes 16 de septiembre de 2008
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Policiales
Condenaron a dos policías de Paraná por vejámenes
Se los inhabilitó para ejercer cargos públicos por 4 y 5 años y deberán asistir a un curso de DDHH. Los condenados, Claudio Agrofolio de 35 años y Esteban Lacuadra de 31 años, prestaban servicio en la comisaría 15ª de Paraná.

L

os funcionarios policiales fueron condenados este lunes por el juez Pablo Vírgala a la pena de dos años y seis meses de prisión condicional y cinco de inhabilitación especial y a dos años de prisión de cumplimiento condicional y cuatro de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos respectivamente por el delito de Vejaciones. El juez del Juzgado Correccional Nº 1 decidió fijarles como reglas de conducta, entre otras situaciones a cumplir, abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas, evitar todo trato con las víctimas y realizar un curso cuatrimestral de Derechos Humanos en la carrera de Licenciatura en Criminalística en la Facultad de Ciencia y Tecnología, debiendo presentar ante el Juzgado los respectivos certificados de asistencia. Vírgala consideró acreditado que ambos efectivos, en un “reprochable accionar policial”, propinaron a los denunciantes “violentos castigos físicos” después de atarlos con una soga y con precintos de plástico, sometiéndolos a un tratamiento “humillante”. Agrofolio y Lacuadra comparecieron en debate oral y público imputados por un hecho que ocurrió el 25 de diciembre de 2005 alrededor de las 5 cuando, a bordo del móvil 219, chapa DAZ 453, persiguieron y balearon a una camioneta Gladiador en la que iban cuatro adultos y cuatro menores; para posteriormente detenerlos en un violento procedimiento, en el que redujeron a los mayores a golpe de puño y patadas. En el fallo, Vírgala consideró que la versión que brindaron los denunciantes Emilio Guaracio, Diego Peñalva, Diego Zamero como así también la que sostuvieron los testigos Liliana Larrosa, Susana Ibarra, Silvia Sánchez, Liliana Larrosa y Emilio Guaracio tuvieron un “sólido anclaje con los elementos probatorios”. Tamibén señaló que los testimonios “lucieron sinceros, veraces y sólidos”, además de evaluar que “todos fueron concordantes, elocuentes, ilustrativos y contundentes”. Por el contrario, Vírgala evaluó que la versión que brindaron los imputados en la etapa instructoria no tuvo correlato con la que sostuvieron “todos” los testigos, que “describieron sin fisuras” lo que sucedió esa violenta Navidad. En ese sentido, señaló que “tan injustificado fue el procedimiento que gracias a la llegada de César Peñalva, hermano del denunciante, a la casa de Zamero, el procedimiento culminó sin que se hubiesen labrado actuaciones prevencionales”, en un evidente intento de simular que el incidente había culminado “sin novedad”. En relación a la responsabilidad que le cupo a cada uno de los imputados, el juez entendió que Agrofolio tuvo una participación más activa en los hechos, en ese sentido fue sindicado como quien ingresó a la casa de Guaracio a buscar a un “malandra” que habría ingresado a su casa. A partir de este incidente sucedió la violenta persecución que incluyó los balazos a la camioneta. Ante el argumento de la defensa sobre el cual los efectivos pudieron pensar que perseguían a supuestos delincuentes, ya que el conductor de la camioneta no se detuvo, Vírgala señaló que “es evidente que habiendo provocado Agrofolio el temor de las víctimas no puede luego endilgarles una conducta que lo indujo al error”. También agregó: “Es cierto que los ocupantes de la camioneta huían, pero en el contexto donde sucedieron los hechos no hallo una reacción más atildada que esa. No huían de la Policía, huían de un procedimiento que razonablemente culminaría con un vergonzoso accionar de los miembros de la fuerza”. Por último, el juez evaluó que “está acreditado que Agrofolio y Lacuadra, valiéndose de su condición de policías, ejercieron sobre los denunciantes una serie de actos por entero incompatibles con aquella y que culminaron con una persecución terrorífica a la camioneta”. (Diario UNO)
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