Miércoles 17 de septiembre de 2008
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Política
Ahora dicen que cancillería no piensa dragar el Uruguay
Lo aseguran los asambleístas luego de reunirse con autoridades en cancillería. Diejeron también que, luego de las audiencias orales, se conoceran los elementos de prueba en la causa Haya y que Uruguay viola tratados del Mercosur.
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Sigue la discusión acerca del dragado del Río Uruguay.

A

PF.- “Los encuentros con Ruiz Cerruttti -del equipo técnico legal de Cancillería Argentina- nos tranquilizan desde el punto de vista de su solvencia profesional”, aseveró el asambleísta de Gualeguaychú, Osvaldo Fernández, aunque reconoció que “quedan algunas cuestiones pendientes que son más de decisión política que de índole técnica”. El dragado En relación al dragado del río Uruguay, “se ratificó lo que nos había dicho el embajador (Rodolfo María) Ojeda Quintana, de que no se toca el río en el tramo que va del kilómetro 0 al Puente San Martín”, señaló el asambleísta. Además sostuvo que “hay una opinión de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), que formalmente le contestó a Uruguay que ese tramo del río no puede ser objeto de dragado”. En referencia al dragado de mantenimiento que se hará en el tramo que va hacia el norte, desde el Puente San Martín hasta el puerto de Concepción del Uruguay, la Asamblea solicitó “que se evalúe técnicamente si ese dragado no afectará a las mediciones que se hacen respecto a las sustancias que la papelera arroja al río”. Otros puntos de la reunión Según relató el asambleísta, en la reunión se les informó que “se postergarían las audiencias orales del juicio en la corte internacional de La Haya, que estaban previstas para marzo” y que se conocerá en octubre próximo el calendario provisorio del tribunal respecto de las audiencias orales. Además, Ruiz Cerrutti les prometió que “luego de que se hagan las audiencias orales se levantará el deber de reserva y secreto sobre los elementos de prueba que hay en la causa de La Haya”, por lo que la Asamblea podrá incorporarlos a la causa que se tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Guillermo Quadrini. También se habló sobre “la omisión del Uruguay, que no notifica los exhortos que manda el juez Quadrini en el marco de la causa penal donde están citados los directivos de Botnia”, explicó Fernández. Según informó Cancillería, “ya está en marcha un mecanismo de negociación política” respecto a ese tema y además “se está abriendo un procedimiento de controversia en el marco del Tratado del Mercosur, que está violando Uruguay”. En tanto, se les comunicó que “la semana próxima el equipo de abogados de Cancillería y el equipo de técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación se reunirán en Europa con los abogados que representan a Argentina en la corte de La Haya, para hacer un repaso en cuanto al proceso”. Según señaló el asambleísta, al regreso de ese viaje los abogados de Cancillería recibirán nuevamente a la Asamblea. Por su parte, la Asamblea suministró a Cancillería “datos de operaciones de importación y exportación de empresas argentinas con Botnia” y en ese marco reiteraron el pedido de que se aplique el Código Aduanero “para que desde Argentina no se compre ni se venda nada que pueda beneficiar a Botnia”. Asimismo, denunciaron que el fin de semana pasado atracó en el puerto de Botnia “un barco que estaba declarado como de transporte de cereal y en realidad bajó soda cáustica, lo que provocó afecciones por intoxicación a personas que estaban sobre el puente San Martín”, comentó Fernández. “Esto fue debidamente tomado por la consejera legal de Cancillería y será derivado a la Caru para que tome cartas en el asunto”, añadió. Según apuntó Fernández, “en las próximas horas se suministrará el informe que elaboró el ingeniero Elías Matta sobre los primeros seis meses de operación de Botnia, al igual que el informe redactado por 20 médicos de Gualeguaychú sobre la presencia de sustancias contaminantes de Botnia y su impacto en la salud de la población”. Cabe recordar que estos informes ya fueron presentados ante el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
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