I

ntegrantes del STJ de E.R. se reunieron con Convencionales Constituyentes de todos los bloques partidarios, a fin de tratar el proyecto de reforma constitucional, en cuanto a la incorporación de un nuevo artículo en la Sección VI de la Carta Magna Provincial, tendiente a incluir bajo la superintendencia del Alto Cuerpo "del modo en que la ley determine", a los Registros Civil y Capacidad de las Personas, de la Propiedad Inmueble y de Inspección de Personas Jurídicas. El encuentro se inició en el Salón de Acuerdos de los Tribunales de Paraná y estuvieron presentes, por el Superior Tribunal de Justicia, los Dres. Daniel Omar Carubia, Carlos Chiara Díaz, Juan Carlos Ardoy, Susana Medina de Rizzo, y Leonor Pañeda; en tanto que por sus respectivas representaciones partidarias, lo hicieron: Jorge Busti, Raúl Barrandeguy, Miguel Carlín, Julio Federik, Rosario Romero, Reviriego, Jorge Monte, Martín Acevedo Miño, Santiago Reggiardo, Emiliano Acharta, Augusto Alasino y Flavia Pasqualini. El máximo Tribunal entrerriano, expresó en la oportunidad, "su preocupación por el proyecto de referencia, en el entendimiento de que ello implicaría mixturar cuestiones administrativas, con funciones judiciales" según se difundió públicamente desde tribunales. En privado, tanto jueces que participaron de la reunión, como algunos constituyentes, aseguraron a INFORME DIGITAL que "el tema no es menor porque los jueces del STJ no están dispuestos a jurar la nueva constitución si se introducen estas modificaciones a la Cara Magna". Inclusive, el carácter subjetivo de la difusión de la noticia desde tribunales no deja dudas del malestar del STJ: "¿Registros bajo la superintendencia del STJ?", es el título del correo oficial de tribunales. Cabe recordar que actualmente los mencionados registros están bajo la orbita del Poder Ejecutivo. Del lado de los magistrados se explica que la reforma rechazada "afecta la división de poderes" porque "el Registro Civil recibe directivas del Ministerio del Interior de la Nación". Constituyentes entienden que la cuestión pasa por "la carga laboral que le representará al STJ la administración presupuestaria de los registros, más la discusión económica con los empleados de cada uno de ellos".