L

a polvareda que ha levantado la “cláusula democrática” que votó la constituyente, por la que funcionarios de la última dictadura no pueden ocupar cargos públicos, es más grande de lo que parece. Mientras que los impresentables de Informe Digital hacían una nota masiva a 16 constituyentes que opinaron del tema, por los casos puntuales de los jueces del STJ Ardoy y Chaira Díaz y el vicegobernador Lauritto, otro nombre importante saltó a la palestra. Sucede que a esta intrascendente sección se jura que “también la jueza del Superior Tribunal de Justicia, Leonor Gallega Pañeda, fue designada en plena dictadura (1978) como abogada del Ministerio de Justicia de Entre Ríos”. Inclusive nuestra fuente nos invita a que revisemos los archivos del pliego que trató en el 2007 el Senado Provincial para designarla jueza del STJ donde figurarían estos antecedentes