E

l conflicto entre el Gobierno y el campo desnudó, como ningún otro, la profunda inequidad fiscal en el país, con una nación rebosante de recursos frente a provincias asfixiadas y sus cuentas en rojo. El conflicto rural se apaciguó, pero aquel contraste entre Nación y provincias no sólo continúa hoy, sino que persistirá el año próximo: según el presupuesto de 2009, sólo el 24,8% del total de la recaudación se destinará a la coparticipación. En efecto, según el presupuesto de 2009, el Tesoro girará alrededor de 80.000 millones de pesos a las provincias el año próximo, el 24,8% del total de los ingresos anuales. Este porcentaje se sitúa muy por debajo (10 puntos menos) del piso mínimo que establece el último pacto fiscal entre la Nación y las provincias, que fijó ese umbral en el 34%. Asimismo, es el porcentaje más bajo de los últimos 50 años. Esta situación de fragilidad fiscal, sumada a la creciente inflación y las demandas salariales de los sindicatos estatales, coloca a las provincias en una situación de dependencia creciente con la Nación. Esto explica por qué en las últimas semanas no sólo los gobernadores peronistas díscolos como Juan Schiaretti (Córdoba) reclaman un reparto más equitativo de los ingresos, sino que incluso el kirchnerista Daniel Scioli (Buenos Aires) hizo trascender que reclamará a la Nación una nueva ley de coparticipación y un reparto más justo del impuesto al cheque. En la Cámara de Diputados, los oficialistas "rebeldes", encabezados por Felipe Solá (Buenos Aires) y Enrique Thomas (Mendoza), presentaron un proyecto para aumentar la coparticipación del impuesto al cheque (como se informa por separado). Esta iniciativa se suma a una jugada conjunta de la oposición, que también puso en la mira ese tributo que fue aprobado como provisional y cuya eliminación nadie se plantea hoy. Es lógico: significa para el Tesoro una recaudación global de entre 15 y 20 mil millones de pesos anuales. Sin embargo, de ese total, la administración nacional cede menos del 30% a las provincias. Es cierto que, además de la coparticipación (que se gira de manera automática), la Nación realiza transferencias adicionales de fondos a las provincias, destinadas mayormente a vivienda, educación y obra pública. El problema es que se trata de giros discrecionales, es decir, que no están sujetos a normas objetivas sino que los deciden los funcionarios de turno sobre la base de intereses políticos también coyunturales. Según precisó la semana pasada el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, a los diputados de la Comisión de Presupuesto, en 2009 se girarán 15.600 millones en concepto de transferencias discrecionales. Si se los suma a los 80.000 millones de coparticipación automática, las provincias recibirán, en total, 95.600 millones de pesos. Pero ni aun con estos fondos adicionales se alcanza al piso mínimo que fija la ley, apenas con esos giros la cifra araña el 29%. ¿Qué grado de discrecionalidad, según el presupuesto, habrá el año próximo en el reparto de los recursos a las provincias? De acuerdo con un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), "las provincias donde más se aumentará el gasto son Chaco, Misiones, Tucumán y Chubut. Por el contrario, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Tierra del Fuego son las que menos incrementos verán". El reparto de recursos para la construcción de caminos y rutas también llama la atención. "La Pampa, Tucumán, Salta y Chaco verán un aumento en este rubro muy superior a la media; por el contrario, Buenos Aires, La Rioja y Córdoba se encuentran entre las que menos incrementos tendrán o incluso disminuirán los fondos que la Nación invertirá en Vialidad", se afirma en el informe. Allí se precisa que La Pampa, por ejemplo, tendrá una mejora del 74% respecto de 2008, Tucumán del 71% y Salta del 66%. En cambio, Buenos Aires recibirá un 40% menos de recursos y Córdoba, un 7% menos. Se destinarán $789 millones para el paso de Gualeguaychú El Gobierno hará una millonaria inversión en una ruta por la que no se permite el tránsito. Desde noviembre de 2006, no se puede cruzar a Uruguay por el puente internacional General San Martín. Los asambleístas de Gualeguaychú ocuparon el paraje conocido como Arroyo Verde y armaron allí una frontera paralela para protestar contra la empresa Botnia. Pero ese bloqueo parece que no influyó en el momento de asignar partidas para 2009. En el proyecto de ley del presupuesto enviado al Congreso figuran 789 millones de pesos para mejorar la infraestructura de esa abandonada aduana de Gualeguaychú y la de Paso de los Libres. Para percibir la dimensión del costo económico destinado a esos dos pasos fronterizos, de los cuales el de Gualeguaychú está inactivo, servirá comparar esos 789 millones de pesos previstos con los 757 millones de pesos que representan el total del gasto de capital en los rubros de Defensa y Seguridad determinados en el presupuesto. Eso significa que todo el dinero que se destinará para la lucha contra el delito en las calles, para frenar robos y tráfico de drogas, y para el adiestramiento de tropas para defender al país no alcanza el volumen de dinero derivado a Gualeguaychú y a Paso de los Libres. En los últimos días, reapareció la polémica sobre el corte de la ruta 136. El canciller uruguayo, Gonzalo Fernández, aseguró desde Nueva York que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se habría comprometido a liberar el tránsito hacia la localidad uruguaya de Fray Bentos. Inmediatamente, esa posibilidad fue desmentida por la Cancillería. Sin embargo, en el plan de inversión pública que será tratado por el Congreso quedó en una posición destacada la asignación de esos 789 millones de pesos para dos pasos fronterizos, de los cuales uno está inhabilitado de hecho por manifestantes. Se trata de parte de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que es manejado por el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido. El reparto de millones La partida presupuestaria destinada a mejorar una carretera que no tiene tránsito es una de las muchas curiosidades que conforman el proyecto de presupuesto de 2009. Después de organizar la gira de la Presidenta por Nueva York, el embajador Héctor Timerman consiguió un premio importante: tendrá 15 millones de pesos para remodelar la embajada argentina en Washington. También le fue bien en el reparto de partidas al ministro Lino Barañao. Contará con 35 millones de pesos para edificar una nueva sede para el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En la suma de gastos que tiene en carpeta el Gobierno, aparecen 114 millones de pesos para armar un centro cultural en el edificio del Correo. Por la asignación de partidas figura también como una prioridad del Gobierno la construcción del cohete Tronador, reemplazo del controvertido Proyecto Cóndor que fue cancelado a mediados de los años 90. El kirchnerismo dio luz verde a ese plan y cada año aumenta las partidas a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) para que construya ese vector que se asegura será sólo de uso civil, pero que nada impide que adopte una forma militar. Está vez contará con 26 millones de pesos. Entre las informaciones peculiares que trae el proyecto de ley de presupuesto resalta la meta del Ministerio de Salud de repartir el año próximo 59 millones de preservativos para el programa de lucha contra el sida. (Fuente: La Nación)