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rgumentan que el sistema de penalidades que se le aplicó era el mismo que rigió cuando el servicio estaba en manos de los privados de Edeersa. En mayo de 2005 el Estado asumió el manejo del negocio, aunque desde entonces hasta ahora no se firmó un nuevo contrato de concesión. A la vez, resolvió que el monto de las multas correspondientes no sean pagados, y en su lugar ese dinero sea derivado a obras que mejoren la calidad del servicio. El mayor beneficiado por la determinación del Ente es la distribuidora estatal Energía Entre Ríos SA (Enersa), que entre mayo de 2005 y septiembre de 2007, acumuló penalidades por un monto superior a los 4,3 millones de pesos; el resto, hasta llegar a un valor total de 5,2 millones de pesos, corresponden a las cooperativas eléctricas de la provincia. El argumento central para esa decisión es que en ese tiempo, Enersa asumió el manejo del servicio eléctrico que siguió a la caducidad de la concesión que tenía la Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos SA (Edeersa), que luego de la salida de los norteamericanos de PSEG quedó a la deriva. Y lo hizo, a juicio del organismo regulador, ante “los graves incumplimientos incurridos por Edeersa, disminuyendo las inversiones, emergiendo las deficiencias en la operación del sistema eléctrico durante los últimos cuatro años, tal como lo expresan los índices de calidad del servicio, acreditados oportunamente en los informes técnicos efectuados por este EPRE”. SIN INVERSIÓN. La disposición del organismo provincial, intervenido por el Poder Ejecutivo desde su creación en la década de 1990, está contenida en la resolución Nº 160, del 23 de septiembre último. La norma recuerda que luego de que el 1º de mayo de 2005 la administración del ex gobernador Jorge Busti dispusiera, a través del Decreto Nº 2154/05, la caducidad de la concesión otorgada a Edeersa en 1996, debido “a los graves incumplimientos incurridos”, emergieron a la luz la falta de inversión, y las graves deficiencias en el servicio, hecho que dejaron al descubierto sucesivos informes técnicos del Ente Regulador. Así, recuerda que “el Gobierno de la Provincia debió reasumir la prestación de servicio público, no en un marco de libre negociación, sino impelido por la obligación de resguardar la prestación del mismo ante el abandono del anterior concesionario”. Y en ese marco, se creó Enersa, que debió actuar bajo las mismas condiciones en que lo hizo su predecesora, Edeersa, “bajo los mismos términos y condiciones del contrato de concesión”. Así, el Ente Regulador aplicó a la nueva concesionaria, Enersa, un control de calidad de prestación de servicio, y cuando verificó incumplimientos, derivó en multas. Las sanciones originaron recursos de revocatoria de la distribuidora, que llegaron al Poder Ejecutivo. En su defensa, Enersa alegó que la medición de los niveles de calidad “no se compadece con el nivel tarifario aplicado ya que dichos niveles de calidad no se encuentran remunerados en la tarifa y que las condiciones del mercado en el año 1996 eran absolutamente diferentes, distando mucho de la realidad a la fecha de las sanciones recurridas, afectando ésto seriamente la ecuación económica financiera de la Empresa”, ASI NO. Según la distribuidora estatal, “así se ve sujeta a sanciones y a la prestación de un nivel de calidad de servicio y producto determinadas en un contrato de concesión que no le es propio y que, principalmente, se había otorgado con otros niveles tarifarios y bajo otras condiciones económicas imperantes en la Nación a dicha época”. Analizado el tema por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, opinó que las sanciones no se podían levantar, aunque recordó que el Ente Regulador se encuentra habilitado a disponer la sustitución del destino de las multas por inversiones que permitan mejorar la calidad de prestación del servicio eléctrico. Con esa recomendación en mano, el EPRE consideró “razonable sustituir el destino de los montos de las sanciones aplicadas” a Enersa desde mayo de 2005 hasta septiembre de 2007. Pero el perdón no se circunscribió a Enersa: también se amplió a las cooperativas, “en respeto al principio de igualdad de condiciones”, arguyó el organismo, “ya que las mismas (las cooperativas) han tenido que sortear permanentemente los diferentes avatares económicos, sin abandonar la concesión”, según dice la resolución que firmaron el interventor y el subinterventor del Ente Regulador, Francisco Taibi y Nelson Coronel, respectivamente. El dato $ 5.295.612,68 es el monto en concepto de multas que acumularon, entre mayo de 2005 y septiembre de 2007 las distribuidoras eléctricas en la provincia. El volumen mayor corresponde a Enersa, $ 4.315.344.