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l Juzgado Federal Penal Económico Nº 7, a cargo del doctor Alejandro Catania, dictó el procesamiento del ex gobernador Mario Moine y de los ex funcionarios José Luis Gea Sánchez, Danilo Corona y Miguel Ángel Faure, a quienes se les imputa el delito de contrabando agravado. La decisión se adoptó en el marco de la investigación del ingreso irregular al país de cuatro equipos médicos (tres ecógrafos y un mamógrafo) “burlando el debido control aduanero a fin de evitar el pago de impuestos de importación”. De los equipos en cuestión se ha hablado mucho en los tribunales de la Justicia entrerriana. Se trata de los que compró Aciser, una entidad que fue investigada por el desvío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y que derivó en la condena, entre otros, del ex secretario de Reforma del Estado, Oscar Horacio Mori. Mientras se sustanciaba la Causa Aciser, Mori fue a la Justicia para que se investigue el ingreso de esos equipos al país. Y apuntó contra personas claves: Moine –denunciante en la causa Aciser-; Gea Sánchez –vocal del Tribunal de Cuentas que impugnó operaciones realizadas por la entidad, documentación que fue parte del expediente contra Mori-; y Danilo Corona –ex secretario de Salud pero, en el marco de la causa Aciser, testigo clave en el juicio. En un primer momento de la investigación de la denuncia de Mori, la Justicia Federal dictó el sobreseimiento de Moine, Faure, Corona y Gea Sánchez. Pero además, dictó el procesamiento del propio Mori lo que suscitó que algún medio titulara la noticia “Escupir para arriba”. Pero el proceso siguió su curso y terminó, ahora, con el procesamiento de los ex funcionarios; el sobreseimiento de Mori; y un embargo de 600 mil pesos contra los bienes de los cuatro investigados. Equipos Según se investigó, la importación de los equipos se hizo en 1994 con facturas a nombre de Castisal S.A. “En 1995, sin que los equipos hayan sido retirados del depósito, la firma los cede a la provincia sin que se registraran pagos de la provincia u organismo alguno”, se repasa en el procesamiento. Sería Faure quien, en nombre de la Unidad Ejecutora Provincial solicita al administrador de Aduana la autorización para el retiro de los equipos. Y se autoriza “la entrega a plaza, libre de derechos de importación y demás gravámenes” Pero la firma Castisal remite los equipos a una empresa local del rubro. Se concluye que “en ningún momento la provincia fue la verdadera destinataria de los equipos. Ello por cuanto ha quedado demostrado que en 1997 ese equipamiento seguía en poder de Castisal S.A. La cesión simulada sirvió para burlar el control aduanero a fin de evitar el pago de los tributos correspondientes”, asevera el juez Alejandro Catania.