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erca de un centenar de policías impulsa la creación de un sindicato de policías y penitenciarios en la provincia de Entre Ríos. Por tal motivo presentaron en la Cámara de Diputados el proyecto para que sea analizado por los legisladores y de ese modo reconozcan la actividad gremial de los uniformados en la provincia. En el país no hay un sindicato que esté reconocido, sí hay policías que se encuentran con gremios en países tales como Uruguay, España, Estados Unidos, Francia y Alemania, entre otros. Pese a todo, desde el grupo de policías se deja debidamente aclarado que tienen un claro límite de brindar la seguridad en todo momento, por lo que tienen prohibido realizar huelgas. El autor del proyecto, que es acompañado en la firma por numerosos uniformados, es el oficial principal de la Policía, Ricardo Raffo. El hombre, de 37 años, que trabaja en la comisaría quinta de Paraná, señaló que la reciente reforma consagrada en Entre Ríos los ha habilita a presentar un proyecto de Ley, avalado con el 2 % del padrón de electores. “Nosotros creemos que es posible reunir la firma de 25.000 personas que estén ligadas con las fuerzas de seguridad o bien de la población”, referenció con el objeto de avalar el proyecto ingresado en la Legislatura. “Vamos a solicitar reunirnos con el presidente de la Cámara, Jorge Busti y con los diputados de extracción gremial como son Hugo Vásquez y Juan Carlos Almada para que se interioricen de la iniciativa y logre ser impulsada legislativamente”, sentenció Raffo. Algunos detalles Sobre el proyecto, informó que reconoce el derecho de sindicalización para el personal policial y penitenciario de la Provincia “en virtud de los Pactos Internacionales suscriptos por la República Argentina sobre el particular y los recientes fallos judiciales que son favorables a esta pretensión de igualdad conforme lo prescriben los artículos 14 bis y 16 de nuestra carta magna y otros, para que se habilite por ley provincial la posibilidad de sindicalización policial”. En este marco, hizo expresa aclaración que “con las restricciones previstas en el Pacto de San José de Costa Rica, queda prohibido el derecho a huelga por ser personal de seguridad”. Raffo fundamentó la iniciativa, señalando: “No podemos, en pleno siglo XXI, considerar a ciudadanos de primera y de segunda categoría, como ocurriera antaño respecto del voto censitario de los gobiernos liberales, por el cual sólo los propietarios votaban. Por ejemplo, la Ley Nº 5.654/75 (Reglamento General de la Policía), es a todas luces inconstitucional en varios de sus artículos, como el que prohíbe al personal policial participar de las actividades de los partidos políticos o que ningún funcionario policial podrá aceptar funciones públicas electivas o participar de las actividades de los partidos políticos, siendo que estos tienen jerarquía constitucional, así como los derechos políticos y que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido”. Recordó que “el mismo Estado provincial acepta que los miembros de la fuerza policial presenten su candidato para integrar el Directorio del Iosper, sin olvidar que se les descuentan del sueldo la cuota del Sindicato de Empleados de la Administración Pública de Entre Ríos”. Raffo entendió que “la negativa a conformar un sindicato propio y exclusivo del personal policial y penitenciario de la Provincia, no constituiría más que un mero capricho del poder político, ante la evidencia innegable de su reconocimiento fáctico y ya detallado”. Más adelante, destacó: “La Legislatura tiene la posibilidad de terminar con la discriminación al personal policial y penitenciario y plasmar en el texto legal provincial el legítimo derecho a conformar el sindicato que permitirá que los agentes que conforman la fuerza de seguridad provincial efectúen sus reclamos sin temor a represalias, traslados, o expulsión de la institución; ya que, más allá de la tan proclamada profesionalización policial, sabemos que la mayor parte de sus integrantes apenas cuenta con formación primaria. Los integrantes de la fuerza de seguridad de la Provincia podrán contar con asesoramiento jurídico, contable y podrán reclamar a las autoridades por mejoras en el ambiente laboral y otras cuestiones, que en definitiva redundarán en una mayor seguridad para todos los entrerrianos” Y ponderó que “si la Legislatura autoriza esta iniciativa, podremos solicitar la personería jurídica al Ministerio de Trabajo de la Nación. Si esto no es así, pasaría como en otras provincias donde hay pseudosindicatos que no son reconocidos. El reconocimiento permitiría a Entre Ríos ser de avanzada en la cuestión gremial, política, legislativa”. (Diario UNO)