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Pienso que la intención de una ley como esta es la de evitar situaciones de injusticia extrema y manifiesta para que personas de escasos recursos no pierdan su vivienda única. Y considero que al respecto hay que ser extremadamente cuidadoso porque se estarían alterando desde la provincia los preceptos del Código Civil que protegen los derechos en los que se funda la existencia del crédito para múltiples fines, entre ellos, la vivienda. Es decir, no puede ser que por proteger la vivienda de algunos estemos atacando la posibilidad de que miles de entrerrianos accedan a una casa mediante un crédito hipotecario. No solo eso, la ley tal como se había sancionado también iba a tener un impacto negativo muy fuerte sobre el mercado de alquileres, ya que una de las consecuencias sería seguramente la exigencia de mayores requisitos para aquellas personas que necesitan alquilar", señaló el gobernador Sergio Urribarri en u correo enviado a INFORME DIGITAL. "La ley aprobada tal como está excede ampliamente la protección en casos excepcionales y de personas de bajos recursos para extenderse a franjas de la sociedad que no necesitan de tal protección y, por lo tanto, se torna atentatoria de una herramienta fundamental de la economía como lo es el crédito", acotó. "La norma dice que estarán protegidas de remate todas las viviendas únicas cuya valuación fiscal no supere los 150.000 pesos, con lo cual no se podría rematar el 95 de las viviendas únicas de la provincia, lo que resulta inadmisible por el mensaje de no pago de obligaciones relacionadas con la vivienda que ello conlleva", precisó el mandatario. "Por ello, mi gobierno se va a retractar y va a retirar el veto planteado a la ley pero, a los efectos de encontrar soluciones más ajustadas y racionales, he instruido al fiscal de Estado para la elaboración y presentación a la brevedad a la Legislatura de un nuevo proyecto de ley que derogue la norma que se aprueba con el retiro de este veto y que establezca un nuevo régimen especial que comprenda sólo a casos extremos de vivienda única, escasos recursos o situaciones familiares especiales", anunció. "Este tema ha sido materia de profusa legislación desde 2002. Hubo continuas sanciones de leyes y sucesivas prórrogas que han producido confusión en cuanto a la vigencia de las mismas y en cuanto a cuál es la materia regulada", precisó Urribarri. Y detalló: "La ley 9.382, del 4 de enero de 2002, suspendió por 180 días los remates de todos los bienes, no solamente inmuebles, en la provincia de Entre Ríos. Luego, la ley 9.382 fue prorrogada por el decreto 2.476 de 2002 por otros 180 días. Después, la ley 9.481, del 15 de enero de 2003, ratificó el estado de emergencia y suspendió por otros 180 días los actos de subasta de inmuebles. Hasta allí no se especificaba un monto, sino que se incluía a todas las subastas. Luego, el 15 de marzo de 2006, se sancionó la ley 9.684, que suspendió por otros 180 días las ejecuciones hipotecarias de viviendas únicas y familiares, siempre que el avalúo fiscal no fuera superior a 100.000 pesos. Posteriormente, se sancionó la ley 9.743, el 8 de noviembre de 2006, que volvió a suspender por otros 180 días los términos procesales de las ejecuciones de inmuebles, esta vez para las viviendas cuya valuación fiscal no superare la suma de 150.000 pesos. Y finalmente, la ley 9.769, del 23 de mayo de 2007, volvió a suspender por otros 180 días las ejecuciones de inmuebles cuyo monto fuese de hasta 150.000 pesos de valuación fiscal". "El propósito es ordenar todo esto. No podemos estar de prórroga en prórroga. No es lo mismo suspender los términos procesales que suspender los remates. Jurídicamente son cosas distintas. Las valuaciones en las leyes son diferentes y además hoy no hay un estado de emergencia declarado. Todo esto amerita la necesidad de ordenar esta materia. A la vez, se sancionó el Código Procesal Civil y Comercial nuevo, que entró en vigencia después de la feria, y ese Código bien podría entenderse que deroga las leyes que han sido prorrogadas. Estamos frente a la imperiosa necesidad de ordenar el sistema", insistió el mandatario. "Reconozco el error y cierto apresuramiento en el veto. Pero prefiero ser sincero en eso antes que cometer un acto de injusticia a sabiendas y poner a la provincia en desventaja en materia económica por falta de crédito y de seguridad jurídica. Espero que la Legislatura acompañe al gobierno en este enfoque más racional del tema que le vamos a presentar", concluyó el gobernador.