Jueves 30 de octubre de 2008
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Interés general
La Iglesia pide más recursos para las escuelas privadas
El artículo 103º del proyecto de Ley de Educación de la Provincia prevé asistencia financiera sólo para salarios. El arzobispo Mario Maulión pidió cambios. Quiere que también se destinen recursos para infraestructura y mantenimiento.
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Maulión pide cambios al proyecto de Ley de Educación del Ejecutivo.

L

a Iglesia pidió ayer formalmente que el Senado dé cabida a algunos cambios en el texto del proyecto de Ley de Educación que elaboró el Poder Ejecutivo, y particularmente en lo que tiene que ver con el sostenimiento económico de las escuelas públicas de gestión privada. En el Presupuesto 2008, el Estado provincial asignó casi 200 millones de pesos para el sostenimiento de los más de 300 institutos de enseñanza privada que hay en Entre Ríos, y a los que asisten unos 70 mil alumnos, casi el 25 % del sistema educativo. Pero esos fondos tienen un destino específico: el pago de salarios. Y la Iglesia plantea que sostener la educación allí donde el Estado está ausente demanda otras erogaciones, como mantenimiento de edificio y ampliación de servicios, y para eso se requieren recursos. Hasta ahora, por el principio de subsidiariedad, el Estado sólo paga salarios, y los privados asumen el resto de los costos. Correcciones Según indicó el presbítero José Dumoulin, delegado episcopal de Educación del Arzobispado de Paraná, ayer la Curia insistió con un texto que ya había presentado en la Legislatura dos meses atrás. Se trata de un anteproyecto de Ley de Educación que en lo atinente a sostenimiento de la educación pública de gestión privada plantea que la Provincia “aprobará la asignación de aportes financieros por parte del Estado destinados a salarios docentes y mantenimiento de los edificios de los establecimientos de gestión privada reconocidos y autorizados”. “Dicha asignación —resalta la iniciativa— estará basada en criterios objetivos de justicia distributiva, apoyada en los principios de justicia social, teniendo en cuenta el derecho natural de los padres a elegir la educación de sus hijos, la función que cumplen en su zona de influencia, el tipo de establecimiento, el proyecto educativo institucional y el arancel que se establezca”. Pero el artículo 103º del proyecto que envió el Gobierno al Senado dice otra cosa: plantea que el Estado sólo “asignará las transferencias presupuestarias y financieras destinadas a los salarios docentes de los establecimientos de gestión privada”, y que eso estará sustentado “en criterios de justicia social, teniendo en cuenta la función socio-educativa y cultural que cumplen en su zona, el tipo de establecimiento, el proyecto educativo y el arancel que se establezca”. Ayer, el arzobispo de Paraná, Mario Mulión, les pidió expresamente a los senadores miembros de la Comisión de Educación de la Cámara Alta que ese apartado sea modificado. A la reunión, Maulión concurrió acompañado por el padre Dumoulin, y los docentes Hugo Pais y Ana María Cerini de Reffino, y allí quedó claro que para la Iglesia que si ese artículo queda redactado así “significará un retroceso” ya que no contempla más asistencia económica que los fondos destinados al pago de salarios docentes. Fondos El senador José Luis Panozzo (PJ-Federación), presidente de la Comisión de Educación, explicó a EL DIARIO que la Curia pretende que en la Ley de Educación no se hable de “subsidios” cuando se menciona la asistencia financiera del Estado sino de “aportes”. Y recalcó que muchos servicios educativos privados cubren la ausencia del Estado en ese ámbito. “En mi departamento, hay una gran cantidad de escuelas públicas de gestión privada que fueron creadas ante la ausencia del Estado. Estas escuelas necesitan transferencia de fondos para seguir subsistiendo. Y el Estado debe garantizar los medios necesarios para que puedan seguir existiendo. De todos modos, hay que ver cómo se plantea la ayuda económica”, indicó. El análisis, añadió, deberá incluir reuniones sucesivas con la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Graciela Bar, y el ministro de Economía, Diego Valiero. Aunque por la envergadura que el texto de ley supone, en el Senado ya intervienen tres comisiones: Educación, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General. El padre Dumoulin, en tanto, dijo que el pedido de la Iglesia apunta a conseguir los medios necesarios para que las escuelas privadas puedan funcionar. “Lo que se les pidió a los senadores es la necesidad de que haya un financiamiento adecuado que no solamente incluya salarios”, subrayó. Encuentro en la Cámara Alta Previo al encuentro con los senadores, el arzobispo de Paraná, Mario Luis Bautista Maulión, mantuvo un encuentro con el vicegobernador José Eduardo Lauritto. En la Cámara Alta, Maulión dijo que “hemos planteado lo que nos parece debería tenerse en cuenta en una Ley de Educación”, y por su lado Lauritto señaló respecto de la presencia de Maulión que “no es otra cosa que escuchar una voz autorizada que ha trabajado en el tema”. En lo que hace al texto de la ley, Maulión destacó “el proceso de las distintas fases que se fue haciendo en todo el trabajo después de la convocatoria que hubo. Desde la Junta de Educación Católica hemos presentado una serie de aportes a través de un esquema o esbozo de ley, el que también lo consideramos con las otras Juntas de Educación Católica de la provincia, que son las de Concordia y de Gualeguaychú”. Los aportes, sentenció el prelado, no fueron hechos “desde un punto de vista estrictamente católico, sino a lo que interesa a una adecuada libertad de enseñanza que contemple los distintos tipos de gestión que se pueda hacer en el sistema educativo, tanto en la gestión privada como la estatal”. (Fuente: El Diario)
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